La actividad minera en El Estor fue vista por muchos pobladores como una opción de empleo e ingresos que mejoró sus condiciones de vida, pero otros afirman que la derrama económica de esa actividad no llegó a toda la comunidad.

Es así como unas 650 personas hoy se enfrentan al desempleo e indican que deberán buscar otras oportunidades en el municipio, otro departamento o el exterior por medio de la migración. Por otro lado, muchos comercios, restaurantes y hoteles señalan que la derrama económica no les llegó casi nunca, así que no ven ningún impacto.

José Tiul, extrabajador minero en El Estor, dijo que que perdió su trabajo por la suspensión de labores y aunque recibió sus prestaciones laborales y un bono cuando rompió lazos con la mina hace unos días, el dinero le alcanzará por un tiempo. Dice que “hay que salir de El Estor para encontrar empleo” porque muchas personas no tienen terrenos para trabajar, como los agricultores.

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Con otra visión, Renato Yee, hotelero del municipio, afirma que no le afectará la salida de la mina, ya que no recibía huéspedes relacionados con la empresa porque esta contaba con un área habitacional, conocida como Colonia Rusa, en la que “había un mercado, una tienda donde compraban sus artículos de primera necesidad, club y más facilidades, por lo que no necesitaban salir”.

“Entonces la economía del pueblo (los negocios, restaurantes y hoteles) no se benefició en nada”, expresa.

También están quienes refieren que, además de dar pocos beneficios a la comunidad, la mina afronta señalamientos de daños ambientales, represión y violación a los derechos humanos.

El sector en general  

La producción minera ha sido variable en los últimos 10 años. La contribución de esa actividad al Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala pasó de significar 1.6% (unos Q7 mil 372.7 millones) en el 2014, a entre 0.6% y 0.7% en el 2022 (que representaría aproximadamente Q4 mil millones).

Dicha producción fue principalmente sostenida por varios años por la Mina Marlin, ubicada en San Marcos. Sin embargo, 12 años después de la primera explotación de oro y plata y tras agotarse las vetas, concluyó sus operaciones extractivas en mayo del 2017.

En el 2014 empezó su extracción la mina El Escobal (en Santa Rosa) que posee una de las reservas de plata más grandes del mundo, pero en julio del 2017 fue suspendida su operación por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) por no haberse realizado la consulta comunitaria a la población indígena del área de influencia del proyecto.

En consecuencia, la producción minera en el país empezó a caer y no fue sino hasta el 2019 y 2021, cuando se reflejó un leve crecimiento, pero en el 2022 mostró de nuevo una caída, en este caso de -4.6%, según los datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Para el 2023 se calculó un incremento productivo de 18.5% en ese sector, lo que no podría cumplirse porque en diciembre pasado suspendió sus operaciones la minera Mayaníquel, que operaba en Alta Verapaz, y en febrero tomaron igual decisión CGN y su afiliada, la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

Ello se debió a que las empresas fueron sancionadas por Estados Unidos en noviembre de 2022, por presuntamente sobornar a funcionarios y oficiales.

Ahora, según la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), solo están operando tres licencias: El Sastre 1, El Sastre 2, y Cerro Colorado.

Valery Zurita, directora ejecutiva de Grenat, refiere que observan la suspensión de Mayaniquel como algo realmente muy difícil no solo para el sector, sino que para la economía del área del Polochic, ya que era casi la única fuente de empleos formales.

Además, afirma que el total de aporte al PIB de Mayaniquel y CGN era de Q532.5 millones, equivalente al 14% del PIB del sector minero.

“Y ahora que CGN y Pronico suspendieron operaciones, ya prescindieron del 50% de los colaboradores. Antes ocupaban a unos dos mil trabajadores, es preocupante y se vuelve un riesgo latente porque en el corto plazo puede llegar a afectar a alrededor de 12 mil familias, quienes han sido beneficiadas por el trabajo que generaba esa actividad. Esto, porque hay estudios que refieren que, por cada empleo en la minería, se generan 6 más en otras industrias”, explica Zurita.

No obstante, expone que hay expectativas optimistas sobre la reactivación del sector en los próximos meses, con dos campos que estos se ubican en otras áreas y no en Izabal, así como la posibilidad de la reapertura de El Escobal, en Santa Rosa (a cargo de Panamerican Silver), además que se prevé el próximo inicio de operaciones de la minera Cerro Blanco, en Jutiapa.

La suspensión

CGN y Pronico son subsidiadas por el Grupo Solway, una empresa que, según el gobierno de Estados Unidos, es de capital ruso, aunque los directivos mineros lo niegan.

Fénix ya había sido suspendida de forma provisional en el 2019 por la CC por no haber realizado la  consulta comunitaria en el área de influencia. Además, ordenó la reducción del área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 porque el resto no contaba con un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC.

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Fue hasta en febrero del 2021 cuando el MEM suspendió la licencia. En diciembre de ese año se finalizó la consulta y la minera Fénix previó reactivar operaciones en marzo del 2022.

Ahora, ante las sanciones que emitió el gobierno estadounidense contra ejecutivos de las empresas, la firma decidió suspender su operación industrial a partir del 28 de febrero del 2023, lo que conllevó la reducción de personal. Y se llegó a un acuerdo mutuo de retiro con los trabajadores, por lo que de las 1 mil 700 personas que aún laboraban en esa compañía, 650 se acogieron a ese acuerdo que establecía el pago de sus prestaciones con indemnización.

Respecto a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las empresas mencionadas, Zurita dijo que “no es un señalamiento al sector minero como tal, por lo que no lo vemos como algo determinante para el futuro y el rumbo del sector. Por supuesto, es algo que afecta a la imagen del país, pero las dos empresas están trabajando con sus equipos legales para afrontar esa situación y resolverlo de la mejor forma posible para poder seguir operando a mediano o largo plazo”.

Producción y regalías

Según el informe anual de minería emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la producción minera en el país del 2014 al 2021 fue de Q23 mil 561.3 millones de lo cual, la mayor parte (Q21 mil 35.78 millones) correspondió a minerales metálicos.

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Las empresas deben pagar al Estado el 1% sobre los ingresos brutos, de lo que la mitad se destina al gobierno central (MEM) y la otra parte, a las municipalidades del área de influencia.

En el 2021 la producción minera metálica fue de Q1 mil 390.60 millones y de estos, Q1 mil 326 millones correspondieron a mena con mineral de níquel y ferroníquel. Los reportes del Banguat (citados por la CGAB) refieren que de ferroníquel se exportaron US$365.9 millones en ese año y creció 28.3% llegando a US$469 millones en el 2022.

En tanto, el MEM reporta que los ingresos del Estado por regalías fueron de Q5.8 millones, además de Q8.3 millones por otros rubros provenientes de la minería.

Y en el 2022, las exportaciones de ferroníquel crecieron 28% para llegar a US$469 millones, mientras las regalías pagadas sumaron Q8.9 millones, más otros ingresos por Q5.4 millones.

Durante el primer trimestre del presente año los titulares de licencias de explotación minera deben rendir informe anual por escrito a ese ente, respecto al cierre del 2022.

El caso de El Estor

CGN está a cargo de operar la licencia minera Fénix ubicada en El Estor, en Izabal, y según datos del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), del 2010 al 2021, ese proyecto extrajo 12 millones 234 mil 900.04 toneladas métricas de ferroníquel y mena de hierro con mineral de níquel. En el plazo en mención, pagó Q21.2 millones por regalías.

Se agrega que la mayoría del mineral se ha exportado a Ucrania, aunque en dos ocasiones se envió a Canadá y a Argentina.

El informe también menciona que la compañía tiene otro proyecto ubicado en el municipio de Los Amates, en el mismo departamento el cual, del 2014 al 2021 extrajo 5 millones 715 mil 432.32 toneladas métricas de mena con mineral de níquel y pagó Q14 millones 843 mil 861.82 en regalías. Todo el material se exportó a Ucrania.

Según Guadalupe García, de OIE, en los últimos diez años, de los Q14 mil millones que exportaron las empresas con cuatro licencias mineras en Izabal, solo Q53 millones quedaron para el Estado, lo que representa apenas el 0.37% de los ingresos de las compañías.

“Es poco, considerando todo lo que esto ha implicado en las dinámicas locales. Ha modificado incluso los proyectos de vida de las personas y mucha gente fue encarcelada injustamente, cuyas familias quedaron desintegradas, aparte de personas que han sido perseguidas y acosadas permanentemente por las fuerzas de seguridad”, opina.

En tanto el Informe EITI emitido por Guatemala para los años 2018, 2019 y 2020 con datos reportados por CGN, la empresa pagó en total Q3.2 millones de regalías al municipio de Los Amates, y Q3.01 millones a El Estor.

En el caso del proyecto Fénix, que opera CGN, de 2015 a 2021, dejó Q7.6 millones de regalías, sin embargo, si se divide entre el promedio de los habitantes del municipio durante el mismo período, el dato es de Q13.89 por persona al año, según estimaciones basadas en datos de OIE.

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Ricardo Rodríguez, analista de la firma consultora Central American Business Intelligence (Cabi), expone que es un impacto que va directo a las municipalidades porque la Ley de Minería establece que del 1% obligatorio, el 0.5% debe ir para esas entidades locales. Sin embargo, al consultarle al impacto de esos recursos en el desarrollo de las comunidades, indicó que las municipalidades utilizan el dinero en proyectos específicos, que dependen de la política pública de cada autoridad local.

Pero en un estudio efectuado por la firma en el 2022, se indica que el impacto económico de la actividad puede medirse desde distintas perspectivas: aporte al PIB, los empleos y salarios, inversión extranjera directa (IED) y aporte a la recaudación fiscal.

Esta última incluye pagos por licencias y canon municipales, además de impuestos como el IUSI, ISR, IVA y otros. El informe de EITI cita que, en el 2020, CGN pagó Q31.7 millones en impuestos que van al gobierno central, Q222 mil en arbitrios municipales (de cuatro municipios y el mayor monto fue para El Estor), además del canon de superficie y IUSI por Q2.9 millones.

En tanto, el estudio de Cabi, que se refiere a la huella económica de la actividad, expone que se relaciona con otros sectores de la economía, así con como el dinamismo económico generado por el consumo derivado del pago de salarios y la reinversión de utilidades.

Robin Sicaján, de la Asociación Estoreña de Desarollo Integral, menciona que las regalías llegan al municipio, pero como conforman un fondo que no lleva partida o un destino específico para inversión, muchas veces se usan para pagar salarios a funcionarios de la municipalidad y no se nota un impacto en la comunidad. Al respecto, se intentó contactar Joel Lorenzo, alcalde de El Estor, pero no respondió.

Reacciones divergentes

Según la compañía suspendida, al menos el 60% de los empleados eran residentes de El Estor. Por ello, aparte de lo comenta José Tiul respecto a buscar empleo en otro municipio o departamento, hay quienes incluso piensan en emigrar a otro país.

“Esa era la única fuente de trabajo. Si no, nos toca emigrar a otro lado. La verdad, está difícil dejar a la familia, pero si toca hacerlo, qué más queda”, comenta Edwin Xii, extrabajador minero.

Escuchar este tipo de soluciones es cada vez más frecuente en El Estor y aunque no existen registros oficiales de cuántas personas emigran del municipio cada año, sí hay de los deportados desde Estados Unidos. De 2016 a 2022, el aumento anual promedio de deportados fue del 55%.

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Los trabajadores del sector de servicios, como los restauranteros, los hoteleros y otros comercios, son indiferentes a la mina. El hotelero Renato Yee insiste en que no hay derrama económica a negocios de la comunidad, debido a que los empleados compraban todo en la colonia propia de la minera. Se trata de un terreno privado de 350 metros cuadrados que CGN y Pronico ofrecen a los empleados y los visitantes que viajan a El Estor para colaborar con la mina, según la oficina de prensa de las compañías, que afirma que 22 de las 29 personas que trabajan en el lugar son estoreñas.

Una propietaria de un comedor, que prefiere no dar su nombre, coincide con Yee al indicar que la presencia de la mina “no ha sido de beneficiosa porque monopolizaron los negocios allá”. “No dejaron ningún derrame de economía para el pueblo”, asegura.

En tanto, el agricultor Edín Izaguirre afirma: “El consumo de los granos básicos que nosotros cultivamos acá es suficiente para el consumo local. No veo de qué manera vaya a afectar el que la compañía tenga operaciones o no”.

Sobre ese sentir, Guadalupe García, de OIE, dice que también se debe a que la actividad extractiva no conecta con las lógicas locales económicas, ni hace que sean más fuertes, ya que suele requerir ciertos servicios muy específicos para satisfacer las necesidades de la mina, como cemento, explosivos, transporte y seguridad. Añadió que no necesariamente son locales los principales proveedores que tienen servicios conectados con la mina.

Los expendios de bebidas alcohólicas son uno de los pocos negocios que dicen verse beneficiados con las operaciones mineras y afirman que están siendo afectados con la suspensión de CGN y Pronico. David Zúñiga, administrador de un bar, comentó que en un día “bueno”, como viernes, sábado o domingo, se vendían unos Q1 mil 500. Dijo que, en ocasiones, se llegaba a esa cantidad en tres días o en uno solo, pero ahora se vende, con ganancia neta, alrededor de Q300.

El estudio de CABI sostiene en contraposición que la facturación total del sector implica una fuerte relación con una gran cantidad de otras actividades económicas en el país, además de que el pago de salarios genera un consumo adicional en el país, así como las utilidades empresariales y reinversiones.

“En total, la huella económica del sector llegó a representar más de 4% del PIB y cerca de Q20 mil millones; actualmente representa la mitad de eso”, refiere ese informe con datos del 2021.

Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales (organización que presentó diversos recursos legales contra la minera) opina que con la sanción de Estados Unidos, se está haciendo justicia, luego de batallar con denuncias en Guatemala.

“Creo que no podemos decir que se debe celebrar porque hemos ganado. Es algo importante reconocer cuando hay voluntad de hacer las cosas. Pase lo que pase, Dios nunca se olvida de hacer justicia. Creo que hoy se hizo justicia”, considera el pescador.

Nota del editor: Con fecha 14 de marzo de 2023, esta nota fue editada, debido a la falta de precisión en algunos datos que ya fueron corregidos.

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A las 5:42 de la mañana del 8 de marzo el precio del níquel comenzó a subir tan rápido que causó pánico en la Bolsa de Metales de Londres.

En solo 18 minutos escaló hasta superar los US$100.000 la tonelada en un salto sin precedentes que provocó la suspensión de las operaciones del metal.

Antes de romper ese récord, el valor del metal ya venía experimentando un aumento del 250% en las últimas 24 horas.

El episodio marcó la primera gran crisis de los metales desde que la invasión rusa a Ucrania sacudió los mercados globales.

La impactante subida, vinculada a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia y los movimientos especulativos en los contratos a futuro, dejó claro que metales como el níquel, esenciales en la transición hacia una economía menos contaminante, se han vuelto esenciales en un mundo que ya no confía en la dependencia de los combustibles fósiles.

Rusia, unos de los grandes exportadores de gas y petróleo, demostró que por la dependencia que tienen muchos países de sus exportaciones, especialmente los europeos, los combustibles son un arma de guerra en medio de las duras presiones económicas que EE.UU. y sus aliados le han impuesto al Kremlin para que ponga fin a la invasión de Ucrania.

“Construir un futuro de energía limpia producida en EE.UU. ayudará a salvaguardar nuestra seguridad nacional”, dijo el presidente Joe Biden el 31 de marzo.

“Necesitamos poner fin a nuestra dependencia a largo plazo de China y otros países para obtener insumos que impulsen el futuro”, apuntó el mandatario tras anunciar que invocaría la Ley de Producción para la Defensa para apoyar la producción y el procesamiento local de minerales utilizados en la fabricación de baterías eléctricas y almacenamiento de energías renovables.

Entre ellos, apuntó la Casa Blanca, están el litio, níquel, grafito, manganeso y cobalto.

Las armas energéticas de Rusia

Pero hay muchos más. De acuerdo a sus propias necesidades, cada país tiene distintos minerales en la mira para competir mejor por una cuota de mercado en la transición energética hacia una economía más electrificada.

Los expertos advierten que aquellas naciones que se queden ancladas en la exportación de petróleo, gas y carbón, corren el riesgo de volverse cada vez menos competitivos.

Basta con mirar el caso de Rusia, cuyo poder económico reside en gran medida en los combustibles fósiles: es el segundo mayor productor de gas del mundo y el tercero de petróleo.

Sin embargo, en la carrera por los metales que tendrán un papel crucial en el desarrollo económico futuro, Rusia tiene sus ventajas: es el segundo mayor exportador de cobalto a nivel mundial, el segundo de platino y el tercero de níquel.

Pese a que Rusia tiene cartas para jugar en este nuevo escenario, lo cierto, dicen los expertos, es que la extracción de los superminerales está altamente concentrada en otros países.

La inmensa mayoría del cobalto que existe en el mundo viene de la República Democrática del Congo, el níquel de Indonesia, el litio de Australia, el cobre de Chile y las tierras raras de China.

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Los expertos consideran al menos 17 minerales críticos para la transición energética del mundo y, por lo tanto, aquellos países con la capacidad para extraerlos o procesarlos tienen una mayor ventaja.

De los 17, la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que los más cruciales son el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el grafito y el conjunto de tierras raras.

¿Quiénes dominan la producción de estos minerales?

Para el año 2040, la demanda por esos minerales escalará velozmente, dice Tae-Yoon Kim, analista de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y autor principal del informe “El rol de los minerales críticos en la transición hacia energías limpias”.

Para estimar qué naciones podrían ser las más beneficiadas con la transición energética, el experto distingue entre aquellos países líderes en la extracción de los minerales y los que son líderes en su procesamiento.

Si bien la extracción está dividida entre varias naciones, hay un solo país que domina el procesamiento de todos esos minerales: China.

“Es difícil saber qué países serán los más beneficiados en la transición energética porque dependerá de dónde se ubiquen en la cadena de producción”, dice el experto en diálogo con BBC Mundo.

Lo que sí está claro es que estamos en un momento crucial. Mientras el petróleo marcó la historia del siglo XX, los minerales de la transición energética podrían marcar la historia del siglo XXI.

En ese sentido, agrega el experto, “son los minerales del futuro”.

No es nada raro entonces que en medio de la guerra, y con el hambre de minerales previsto para las próximas dos décadas, Estados Unidos y Europa encendieran los motores de la transición energética para disminuir su dependencia actual y futura de países como China y Rusia.

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El peor dolor de cabeza lo tienen los países europeos que ahora están contra la espada y la pared porque el 40% del gas que consumen viene de Rusia.

“Europa le está financiando los caprichos a Putin”, le dijo a BBC Mundo en marzo Ángel Saz-Carranza, director del Centro de Economía Global y Geopolítica de Esade (EsadeGeo), en España.

Los cuatro más codiciados

Aunque los metales son necesarios para las baterías eléctricas, también son clave para el almacenamiento de distintos tipos de energía, para la actividad industrial y, en definitiva, para una economía más electrificada donde nuevos jugadores -estatales y privados- verán emerger grandes riquezas.

“Si la oferta no logra abastecer un aumento de la demanda por estos metales los precios se van a disparar”, le dice a BBC Mundo Lukas Boer, investigador del Instituto Alemán de Investigación Económica.

Un factor esencial es que los proyectos mineros para extraer estos metales pueden tomar más de una década (en promedio 16 años) en estar operativos y, por lo tanto, es probable que en la década que viene la escasez sea aún mayor, explica Boer, quien junto a Andrea Pescatori y Martin Stuermer publicaron a fines del año pasado la investigación “Los metales de la transición energética”.

Además de las tierras raras, señala el estudio, los cuatro metales más codiciados serán el níquel, el cobalto, el litio y el cobre, cuyos precios podrían alcanzar récord históricos por largos períodos de tiempo, una tendencia que rompe con los habituales ciclos de alza y caída del valor en los mercados internacionales.

El valor total de la producción de estos metales puede aumentar más de cuatro veces entre el 2021 y el 2040, en un escenario de cero emisiones netas hacia la mitad de este siglo.

Tanto así, que los productores de estos cuatro metales por sí solos podrían generar ingresos similares a los del sector petrolero durante los próximos 20 años, argumenta Boer, dependiendo de cómo evolucione un contexto internacional que actualmente está lleno de incertidumbre.

“Estos metales pueden ser el nuevo petróleo”, apunta Boer. Y “China se ha convertido en el mayor jugador invirtiendo en otros países como, por ejemplo, en la producción de cobalto en Congo”.

China lleva la delantera

En el nuevo escenario bélico y la necesidad de Occidente de disminuir su dependencia energética, hay países que pueden suministrar suplir parte de la demanda que se necesita para acelerar la transición.

Kwasi Ampofo, jefe de Metales y Minería en el centro de investigación BloombergNEF, sostiene que China está en una muy buena posición para beneficiarse del cambio.

“China podría ser el mayor ganador si decide encaminar la producción de metales de Rusia a través de sus refinerías y luego venderla a otros países”, le dice a BBC Mundo.

Otros países han estado moviendo las piezas del tablero. En el caso del níquel, Indonesia ha estado ampliando su capacidad de producción en los últimos dos años, agrega, y puede seguir aumentándola para cubrir el déficit de Rusia.

De hecho, el níquel es el metal más expuesto a cualquier suspensión del suministro en Rusia, país que genera alrededor del 9% de la producción global.

“Cualquier interrupción a través de sanciones o reducción de la producción tendrá un impacto significativo en el precio”, argumenta Ampofo, especialmente porque la demanda de níquel para baterías eléctricas aumentará significativamente este año.

Por otro lado, si se producen interrupciones en la producción de los metales del grupo del Platino (PGM, por sus siglas en inglés), los productores de Sudáfrica pueden llenar el vacío con suministro adicional, apunta.

En la batalla por controlar la producción de los metales del futuro hay espacios donde China ha puesto el acelerador: aunque más de dos tercios de toda la producción mundial está en Congo, las empresas chinas poseen o financian la mayoría de las minas más grandes del país.

Es este escenario, si Occidente no avanza más rápido, se expone a perder la carrera.

Según la investigación ayer en varios países, ocho millones de documentos analizados por Forbidden Stories, un proyecto internacional que da seguimiento y publica investigaciones de periodistas que están amenazados o detenidos,  revelan que la multinacional Solway Investment Group habría ocultado reportes de contaminación de la minera Fénix que opera en el departamento de Izabal. Además, los documentos filtrados demostrarían  la compra de favores e intimidación a pobladores que se oponen a la extracción del níquel en la zona.

Esto es parte de la investigación Mining Secrets en la que participaron 65 periodistas de 15 países, y distintos medios de comunicación como El País de España, Le Monde de Francia y The Guardian del Reino Unido.

El trabajo publicado asegura que se indagó en documentos y correos filtrados de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Pronico, subsidiarias de Solway Investment Group, una multinacional de capital ruso con sede en Suiza.

Los documentos fueron obtenidos por un grupo de hackers que se hace llamar “Guacamaya”, según explica la organización Forbidenn Stories, quien coordinó la investigación.

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De acuerdo con el informe, uno de los casos de contaminación ambiental que estos medios atribuyen a la empresa,  fue la aparición en 2017 de una extensa mancha roja en el lago de Izabal, que colinda con la planta de procesamiento de níquel, que la empresa y el gobierno atribuyeron a la reproducción de algas.

El caso provocó una protesta de pescadores que acusaron a la minera de haberlo provocado. Los documentos filtrados “desmienten las declaraciones oficiales y confirman las intuiciones de los pescadores”, destaca la publicación Forbidenn Stories, replicada por El País.

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“Mediante una inspección del departamento de Gestión Ambiental, se determinó la presencia de material sedimentado en el canal de salida de la planta de proceso. Se observó, que luego de fuertes lluvias, el material alcanzó el lago de Izabal”, alertó una comunicación interna de Pronico, de acuerdo con la investigación.

Presiones e intimidación

“Los miles de correos y documentos almacenado en un disco duro de dos terabites revelan los planes para desplazar a las aldeas del área de influencia de la mina, la elaboración de tablas clasificando a los vecinos entre amigos o enemigos de la mina, la amenaza de extender el rumor de una epidemia sida”, es parte de lo que publica la investigación.

El consorcio de medios también evidenció posibles prácticas de espionaje a periodistas, manipulación e intimidación de líderes comunitarios por tierras, la posible relación con un juez y pagos a la Policía Nacional Civil (PNC) para poner fin a las protestas de los pobladores.

“Entre 2014 y 2017 CGN-Pronico entregó a la Policía Nacional en El Estor y Río Dulce 35 galones mensuales de gasolina, además de fondos extra para alimentación del personal policial, pago de renta de locales y otros gastos como reparación de vehículos y llantas. En total, la Policía recibió de la empresa rusa Q1.443.940.36 (unos US$193.000)”, dice la publicación.

Prensa Libre pidió a las autoridades de la Policía Nacional Civil que confirmaran o desmintieran haber recibido este pago, pero no han respondido hasta ahora. En la publicación de El País, se consigna que la mina respondió que estos señalamientos no eran verdaderos.

Mientras tanto, la Presidencia de Guatemala respondió que “respecto a la supuesta donación de recursos a PNC,no existe ninguna documentación ni por parte de PNC ni del Ministerio de Gobernación en donde se mencione alguna donación o entrega de dinero de la empresa CGN & Pronico a la estación de El Estor, Izabal”.

La publicación recuerda que la última protesta contra la minera ocurrió en octubre del año pasado, cuando pobladores tomaron por varios días el acceso al municipio de El Estor para impedir el paso de camiones de la mina, alegando que un fallo judicial había detenido la explotación minera.

La PNC los desalojó con gases y luego el presidente Alejandro Giammattei declaró un estado de sitio con el despliegue de cientos de militares, en los que activistas denunciaron allanamientos para intimidarlos.

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La empresa y el gobierno respondieron que el fallo solo le impedía temporalmente la explotación en la mina Fénix con licencia para CGN, pero Pronico podía seguir operando con material de otra cantera.

La licencia minera había sido suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio del 2019, la cual ordenó la realización de la consulta, la decisión fue confirmada en sentencia de marzo del 2021. También ordenó la delimitación de la licencia a una extensión de alrededor de 6 kilómetros y no de 17 kilómetros como fue otorgada inicialmente.

En diciembre de 2021, el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Óscar Pérez, informó que se culminó el proceso de consulta al Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’, basado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para dicha licencia.

En diciembre, el director general de CGN, Humberto Matheus, explicó que durante la suspensión se dejó de extraer unas 150 toneladas de tierra la cual dentro de sus componentes posee el níquel que se vende en el mercado internacional. El directivo hizo énfasis que ese es el único componente que tiene valor en el mercado, negando que exista uranio u otros componentes como se ha señalado.

Explicó que el principal cliente de Fénix es Pronico, empresa del mismo grupo, la cual al ser suspendida la extracción se empezó a proveer de Maya Níquel, otra de las empresas del grupo por lo que, según el ejecutivo como grupo no tuvieron grandes pérdidas.

Prensa Libre solicitó una declaración de la empresa encargada de la minera Fenix, pero no respondieron.

En la publicación de El País también se menciona cómo Solway habría utilizado la estrategia de dividir a los comunitarios. Hizo una donación de US$34 mil para comprar equipos de pesca y distribuirlos a los pescadores para tenerlos como aliados. Pero también mostró un lado menos amigable al pretender difundir rumores como que los líderes comunitarios tenían VIH/Sida.

La investigación también hace referencia a supuestos vínculos entre el presidente Alejandro Giammattei y empresarios rusos. Menciona que en 2020 el mandatario habría recibido una carta del gerente general de CGN-Pronico, Sergey Nosachev, solicitando apoyo “para garantizar la libre locomoción en el municipio de El Estor”.  La respuesta habría sido declarar estado de sitio en Izabal y la movilización de cientos de militares a la zona.

La Presidencia de Guatemala se limitó a responder sobre esa afirmación que “de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, todos los habitantes tienen el derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a las autoridades, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley”.

También señala que Mayaniquel obtuvo una nueva licencia de explotación del níquel y otros metales en Izabal, precisamente después de que empresarios rusos y un kasajo asociados a la minera visitaron a Giammattei y entregaron una alfombra que “contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”.

El gerente general interino de la Empresa Portuaria de Santo Tomás (Empornac), Érick de León, dijo durante una citación con la bancada de la UNE este martes 17 de agosto que tuvo conocimiento de la propuesta de una empresa de capital ruso para el arrendamiento de ocho manzanas de terreno portuario.

La intención de arrendamiento es para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel en el muelle comercial y fue presentada por la empresa Atlantic Bulk, S. A..

De León explicó que cuando tomó posesión, en marzo último, conoció el caso y vio la viabilidad de la propuesta que le fue presentada por dos representantes enviados por la compañía.

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“Hacen el acercamiento, el ofrecimiento, vemos la disponibilidad y después de varias situaciones (…) hacen la propuesta, lo cual en mi calidad de gerente general de Empornac lo elevo a la honorable junta directiva para que sea conocida y en esa fase estamos ahorita”, afirmó De León.

El diputado Carlos Barreda dijo que tenía información de que De León ya había respondido con una nota sobre la propuesta a la empresa.

“¿Esa propuesta ya se discutió en la junta directiva?”, le preguntó Barreda.

“No, señor diputado”, respondió De León.

Al increparle de por qué había tomado decisiones sin el aval de la junta, De León aseguró que ya estaban los dictámenes favorables pero no los llevaba con él.

Al cuestionamiento de Barreda, Rodolfo Letona, presidente en funciones de la Junta Directiva de Empornac, confirmó que, efectivamente, esa junta no había conocido ningún tipo de propuesta.

Atlantic Bulk operaría los terrenos portuarios que están en negociación para almacenar y exportar material extraído por la empresa Mayaniquel, cuyas operaciones se ubican en Alta Verapaz e Izabal.

Licencias

Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas, y quien también acudió a la citación, dio detalles sobre las operaciones de la empresa Mayaniquel.

Explicó que la compañía tiene un derecho minero de explotación en Alta Verapaz para exportar níquel.

Agregó que la compañía tiene, además, dos licencias de exploración y dos solicitudes de licencias de explotación más en proceso. También ha presentado diez solicitudes de licencias de exploración en territorios de Izabal y Alta Verapaz. 

De acuerdo con los datos brindados a la bancada UNE, la empresa reportó que en 2019 tuvo 843 mil 219.49 toneladas métricas de producción, y en 2020, 1 millón 254 mil 150.11 toneladas; sin embargo, tanto el ministro como los funcionarios de Empornac, no brindaron detalles específicos sobre exportación.

Esa producción, dijeron, necesitaba de unos 170 camiones al día para transportar el material de Panzós, Alta Verapaz, hacia el Puerto Santo Tomás, en Izabal.

La bancada hizo ver, entonces, el daño que representaría para la infraestructura vial si se aumentan las licencias a la empresa, principalmente sobre los puentes de Río Dulce y Cahaboncito. 

Los diputados agregaron que, al requerir la empresa la utilización de un puerto, sus muelles y terrenos del mismo, se trataba de una daño al patrimonio nacional, y que esas eran concesiones y no arrendamientos, como lo estaba manejando la empresa y Empornac.   

Sospechas

La bancada de la UNE aseguró que una de las firmantes de la carta de solicitud de operaciones, Marina Pozzi-Pedulla, fue rastreada por ellos y descubrieron que en Luxemburgo “los acusan de ser rusos disfrazados de suizos”, y que tienen una alerta por estafas a empresas.

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Aseguraron que, de hecho, el “gigante de seguros Lloyd´s” los acusó de estafadores en mayo de 2018, cuando emitieron documentos falsos para adquirir seguros de garantía.

Dijeron que la compañía en cuestión se trataba de una empresa suiza registrada en Rusia y que era parte del consorcio suizo.

Acompañaron a delegación

El ministro de Economía, Antonio Malouf, admitió que una delegación de Europa vino al país porque estaban interesados en invertir. Aseguró que él los acompañó a Petén, pero expresó que no sabía el medio en el que se habían transportado.

Al consultarle si eran rusos, el funcionario dijo que “no tenía los pasaportes a la mano” para saber de dónde venían, pero sabía que eran europeos y formaban parte de una empresa que trabaja aquí en Guatemala.

“La empresa suiza tiene una mina que produce níquel y ese níquel debe de salir del país“, expresó.

Pimentel también admitió haberse reunido con la delegación, pero negó saber de qué nacionalidad eran. Agregó que la intención del grupo fue generar más negocios en Guatemala con níquel. Dijo que, según supo hace dos meses, la tonelada de este costaba US$18 mil.

Las visitas las habría efectuado la delegación entre 2020 y 2021. 

Reacción: “Lo desconocemos”

Representantes de la firma Atlantic Bulk Cargo, S. A., respondieron a Prensa Libre sobre lo expuesto ayer durante la citación con la bancada de la UNE.

“No conocemos a profundidad lo discutido en el Congreso de la República”, indicaron.

Añadieron: “Igualmente, desconocemos tanto los detalles como el origen de cualquier señalamiento —inexistentes en cualquier tribunal u organismo formal—”.

La empresa, según la carta de intención enviada a Empornac, operaría el almacenamiento y exportación de la mena de níquel operados por Mayaniquel.

International Metal Supply Holding, S. A., emitió la misiva de intención a Empornac para el arrendamiento de un terreno portuario de 150 mil metros cuadrados, por medio de Atlantic Bulk Cargo, S. A.

La solicitud de operaciones fue firmada por Marina Pozzi-Pedulla, quien, según la UNE, fue rastreada por ellos y descubrieron que existe una acusación de estafa en Europa, algo que aseguran desconocer los representantes de la empresa.

La suspensión es temporal, y cobró vigencia desde el 17 de febrero del 2021, agregó esa institución.

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Se tomó esa decisión en cumplimiento de la resolución provisional decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio del 2019 en la cual suspendió la licencia, dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

La empresa que la opera, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), puede hacer uso de los recursos legales que considere, se expuso.

Antecedentes del proceso

En junio del 2020, la CC emitió la sentencia confirmando la suspensión y ordenando la consulta comunitaria, para la cual fija 18 meses.

En dicha sentencia se reduce el área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 por que el resto no cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC.

Por el momento no se ha delimitado el área de la licencia porque la resolución de 2019 no habla de un área en kilómetros y la de 2020 aún no está en firme, agrega el MEM.

Reacción empresarial: “No procede”

El sector minero considera que, si ya existe una resolución definitiva sobre ese caso con la sentencia de la CC en el 2020, no procede la suspensión con base en la provisional del 2019 sino que el MEM debía esperar a que cobrara firmeza la sentencia para proceder en lo que ahí se establezca.

David Orellana, gerente de Relaciones Públicas de CGN-PRONICO, agregó que la resolución del 2019 no surte efectos, ya que desde el 9 de enero de 2019 se resolvió el amparo en definitivo en la primera instancia Corte Suprema de Justicia (CSJ) por lo que, refirió, “hay que guiarse por la resolución del amparo definitivo de primera instancia, hasta que esté en firme la sentencia de apelación de amparo definitivo de segunda instancia”.

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Impacto económico de la suspensión

En el área que abarca la licencia de Fénix se detuvo la explotación (extracción) de mena de níquel el día siguiente que se recibió la notificación, se agregó. Con la detención de operaciones se dejan de explotar 120 mil toneladas de mena de níquel al mes, dijo Orellana.

Agregó que la compañía cuenta con más de 2 mil  colaboradores, de los cuales más de 1 mil 250 puestos de trabajo son de habitantes del municipio de El Estor, Izabal.

Hasta el 22 de febrero del 2021 se han suspendido de conformidad con la ley, 75 contratos laborales y se espera la suspensión de 300 más a inicios del próximo mes, agregó el ejecutivo quien mencionó que la suspensión de la licencia impactará al menos a 11 sectores económicos, debido al incumplimiento de contratos con más de 300 proveedores que generan alrededor de 4 mil empleos de forma indirecta.

La compañía ha invertido en el proyecto alrededor de US$700 millones (unos Q5 mil 300 millones). A criterio de Orellana, la cancelación de este desincentiva al sector y refuerza un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de invertir en el país, además que cada año se invierte más de US$1 millón, en proyectos de desarrollo social sostenible en las comunidades del área aledañas.

Pendiente vigencia de la sentencia

La compañía está a la espera de que la CC resuelva los recursos de Aclaración y Ampliación para dejar en firme la sentencia de apelación de amparo definitivo, emitida en junio de 2020 para comenzar con los procesos administrativos ante las instituciones del Estado.

También esperan el proceso de consulta comunitaria que debe realizar ahora el MEM, aunque según Orellana este sería el tercer ejercicio que se efectúa en las comunidades del área de afectación del proyecto, ya que en 2005 se convocó uno y otro en 2018. En ambos casos, las comunidades estuvieron a favor del proyecto, expresó.

Respecto al área que cubre la autorización, explicó que la licencia fue emitida por el MEM en 2006, cuando una compañía canadiense era dueña del proyecto, por lo que desconocen por qué dieron la licencia de 247.99 kilómetros cuadrados.

“Suponemos que se presentó un estudio técnico-económico, en donde justifica que, por tratarse de depósitos lateríticos dispersos, la extensión territorial de 20 kms no era suficiente y se solicitó la extensión de 247 km2”, respondió Orellana.

Añadió que no están de acuerdo con los 6.29 Kms2 que pide delimitar la CC, ya que según el EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el 2018, abarca 17 Kms2.

A la fecha la empresa está pendiente de la respuesta a los recursos de Aclaración y Ampliación para que la CC aclare por qué no consideraron el EIA de 2018, se agregó.

“Una señal negativa”

Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo que la decisión del MEM es otra señal negativa para el sector minero y que “lejos de fortalecerse el estado de derecho y las reglas claras, nuevamente quedamos sujetos a las disposiciones subjetivas de Corte de las autoridades con interpretaciones a su manera de lo que dice la Constitución que establece que la explotación de los recursos del subsuelo es de utilidad y necesidad pública”.

“El proyecto Fénix era el último proyecto de minería metálica que estaba operando”, dijo Gálvez. Agregó que tomando en consideración las inversiones de la empresa, la planta iba a trabajar por lo menos 50 años.

Juan Pablo Carrasco presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y de la Asociación de las Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) dijo que la suspensión de los diferentes proyectos mineros no solo afecta la minería sino a toda la inversión extranjera ya que disminuye la certeza jurídica.

Esto se debe a que “son proyectos que ya vienen operando de años atrás con permisos y autorizaciones otorgadas por el Estado. Que la CC desconozca estos temas y suspenda proyectos ya activos manda una señal negativa a todos los agentes económicos especialmente a los inversores extranjeros”, dijo el directivo.

Carrasco expresó además que” este tipo de resoluciones mandan una señal muy negativa ya que esencialmente se convierten en expropiaciones a inversiones ya realizadas en el país, lo cual genera preocupación a inversionistas extranjeros de cualquier sector, especialmente a las inversiones en el área rural del país que es donde más se necesita”.

En @AmChamGT manifestamos nuestra preocupación por la suspensión a la Minera Fénix, por la @CC_Guatemala, no solo porque afecta a la minería, sino también desanima la atracción de inversión extranjera. Exhortamos a las autoridades a buscar resoluciones a favor de la economía. pic.twitter.com/PBWqZwkc18

— AmCham Guatemala (@AmChamGT) February 24, 2021

En breve

• 2006: MEM emite licencia de explotación LEX-049-05 para el Derecho Minero Fénix.
• 2005 y 2018: la compañía asegura que en esos años el MEM consultas a las comunidades del área de influencia.
• 2018 y 2019: La Gremial de Pescadores de El Estor, presentó dos medidas legales para pedir la suspensión de la licencia indicando que no se realizó la consulta a los pueblos indígenas, regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
• 2019: La CC suspendió de forma provisional la licencia, en julio de ese año.
• 2020: La CC emite sentencia definitiva y mantiene suspendida la licencia, ordena realizar consulta comunitaria y delimitar área que cubre la licencia. Está pendiente de resolverse aclaraciones y ampliaciones para que cobre firmeza.
• 2021: MEM suspende en forma temporal la licencia de explotación minera, la decisión cobra vigencia el 17 de febrero. La empresa empezó a reducir personal ya que indica no puede operar.

Otros casos

• La operación de la Puya, que se ubica en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC.  En junio del 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó realizar una consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones, caso que no ha concluido.
• En julio de 2017 la CSJ suspendió el área El Escobal de Minera San Rafael, ese mismo año emitió suspensión provisional la CC y la cual emitió sentencia en septiembre del 2018 indicando que podría operar pero antes deberá efectuar la consulta comunitaria la cual no se ha efectuado. En enero de 2021 el MEM anunció que en abril de este año tiene programado iniciar la preconsulta a comunidades del área de influencia del proyecto para luego pasar al proceso de consulta según el convenio 169 de la OIT. El Parlamento del Pueblo Xinca expresó que participará en la preconsulta solo si se cumple con la ley por las otras partes.  El proyecto se ubica en el municipio San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Un jurado popular de Misuri condenó la semana última a un gigante farmacéutico y de productos de higiene a pagar US$55 millones a Gloria Ristesund, de 62 años, a quienes los médicos hallaron talco en su tejido ovárico. Este producto está elaborado de silicato de magnesio (silicio, magnesio, oxígeno e hidrógeno).

La Sociedad Americana contra el Cáncer ha advertido sobre la relación de los talcos, aplicados a la zona íntima, con la aparición del cáncer ovárico, dice el médico Joaquín Barnoya, del Centro de Investigación del Incap para la Prevención de Enfermedades Crónicas. El talco puede viajar al aparato femenino y permanecer durante años, lo que puede ocasionar  cáncer con el paso del tiempo.

Algunos talcos  contienen asbesto —amiantos—, sustancia que puede causar cáncer pulmonar, cuando se inhala.  Esta fue prohibida en EE. UU. en la década de 1970.

La Academia de Pediatría Americana no recomienda el uso del talco en los bebés, porque afecta  el aparato respiratorio.

“Los factores genéticos intervienen en el desarrollo del cáncer y el daño de estas sustancias no están cien por por ciento comprobado, pero son factores de riesgo”, dice la médica Blanca Alfaro,  del Instituto  de Cancerología.
Acá se incluyen algunos químicos que  predisponen a padecer cáncer.

Cigarrillo

Un cigarro contiene unas 4 mil sustancias químicas, de estas 200 son venenosas y 69, cancerígenas, entre estas, policarburos aromáticos, alquitrán, fenol y  benzopireno, que afectan el pulmón, laringe, cavidad oral, vejiga y riñón. El humo de segunda mano es igual de perjudicial.

Alcohol

Un programa de toxicología de EE. UU. incluye en su lista el consumo de bebidas alcohólicas como carcinógeno. Quienes ingieren 50 gramos de alcohol al día aumentan su riesgo de desencadenar cáncer de cabeza, cuello, cavidad oral, mama, laringe, seno, colorrectal y hepático.

Radiación 

La luz solar es la principal fuente de radiación ultravioleta. Le siguen las lámparas y camas bronceadoras. Aunque los rayos UVA y UVB que estas emiten constituyen  una pequeña porción de los rayos solares, son la principal causa de cáncer de piel porque afectan el ADN de las células.

Benceno

Es un líquido volátil que se usa en la industria farmacéutica y química, y se encuentra en la gasolina. Se le atribuye el desarrollo de leucemia y  linfoma no Hodgkin. El aire exterior contiene niveles bajos de benceno proveniente del humo del tabaco y gases de vehículos motorizados.

Humo de diésel

Hay más de 30 componentes del humo que expelen los motores diésel y es uno de los más peligrosos para la salud. Se  relaciona su exposición al desarrollo de tumores pulmonares en quienes tienen contacto continuo con este, pero también hay casos de cáncer de vejiga.

Radiación iónica

Se utilizan para exámenes y tratamientos. La exposición crónica a los rayos gamma o rayos X se  vincula a cáncer de esófago, de estómago, de colon y de pulmón. El riesgo de cáncer depende de la dosis, que comienza a acumularse, incluso, si estas son muy bajas.

Parabenos

Estas sustancias imitan al estrógeno y se encuentran en  productos de cuidado personal. Pueden resultar peligrosas, incluso en dosis bajas.  Se usan como conservantes en cosméticos, cremas de cuerpo, champús y desodorantes. Se les vincula con el desarrollo de cáncer de mama.

Níquel

La población  está expuesta a niveles bajos de níquel en el aire,  agua,  alimentos y  humo de tabaco. La exposición constante a este metal, que afecta a trabajadores de la industria de níquel, minería o soldadura, está relacionada con mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón y nasal.

Bisfenol A

El bisfenol A (BPA) es un estrógeno sintético débil que se encuentra en muchos productos de plástico rígido o revestimientos de latas de alimentos y fórmula.  El estrógeno, al actuar como disruptor hormonal, puede hacer que el cáncer de mama se desarrolle.

Bebidas carbonatadas

El consumo de una o más bebidas carbonatadas al día puede incrementar el riesgo de cáncer, porque contienen 4-metilimidazol, sustancia que se encuentra en los colorantes de caramelo que les da el tono oscuro. Esta sustancia solo se utiliza para fines estéticos.

La ejecutiva dijo que, según el acuerdo, las regalías voluntarias del níquel son el 2% de las ventas brutas, y se deben pagar de forma similar a las regalías legales.

“Hay un precio tope en el que las empresas de níquel se comprometieron a pagar, siempre y cuando el precio esté por encima de los US$6.50 la libra, y en este momento está en US$3.08. Es el peor precio de los últimos 15 años”, aseguró Rivera.

Agregó que mientras no suba el precio, no pagarán regalías voluntarias, pero esperan que pronto aquel aumente.

En el 2012, el Gobierno suscribió un convenio con las compañías mineras mediante el cual estas pagarían regalías legales del 1%, al cual se sumaron las regalías voluntarias, que para la industria de níquel son del 2%, del 3% para plata y del 4% para el oro, según Orellana.

Se estableció un parámetro de inactivación de las regalías voluntarias si el precio de estos minerales baja del mínimo fijado, según estadísticas proyectadas, expresó el presidente de Gremiext.