El bloque oficialista en el Senado de México encontró en un miembro de la oposición el voto clave para aprobar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el cierre de su gobierno.

Los senadores afines a AMLO contaban hasta el inicio de la discusión el martes con 85 votos a favor de la reforma, solo uno menos de los necesarios para obtener las dos terceras partes de la Cámara (de 128 miembros) requeridas para aprobar reformas a la Constitución.

Durante horas hubo incertidumbre en torno a cómo obtendría el oficialismo el voto clave y luego se develó que sería el de Miguel Ángel Yunes Márquez.

El político de 48 años llegó a su escaño a través de la siglas del opositor Partido Acción Nacional (PAN), donde ha militado desde la década de 2000.

Los líderes del partido derechista lo habían emplazado a que garantizara su postura en contra, luego de que fuera el único que no lo había expresado públicamente.

La situación se tornó más volátil tras el inicio del debate. Yunes Márquez presentó una solicitud de ausencia y su lugar lo tomó el suplente, que era su padre, Miguel Ángel Yunes Linares.

Y la intención del clan Yunes quedó revelada al ser recibido entre aplausos y abrazos por los senadores oficialistas.

“¡Yunes traidor!”, se escuchó gritar a los senadores de la oposición, que protestaron airadamente por que ambos políticos, del estado de Veracruz, hubiesen dado la espalda al bloque opositor.

Las críticas tuvieron mucho eco en las redes sociales y las protestas.

No es la primera vez que la familia se ve envuelta en controversias. Además de críticas por nepotismo, los Yunes se han visto salpicados por escándalos de enriquecimiento ilícito, corrupción e incluso pederastia.

Acomodo

Horas después de iniciada la sesión para aprobar la reforma judicial, Yunes Márquez reapareció para retomar la titularidad de su escaño y finalmente reveló su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.

Las nuevas leyes harán posible la controvertida elección vía voto popular de magistrados y jueces federales, entre otros puntos que AMLO dice que son democratizadores de tal poder federal.

“Ni cobarde, ni traidor. Salí del hospital para venir a dar las razones de mi voto y para responder a quienes en los últimos días y también hoy, en esta sesión, me han agredido”, dijo en su discurso Yunes Márquez, quien había citado razones médicas para ausentarse horas antes.

“No puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto, en ningún caso”, expresó.

“Sé que la reforma al Poder Judicial no es la mejor. Sé que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla e instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”, prosiguió.

“No traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo lo dirá”, concluyó.

Después de este voto, no está claro si el grupo de senadores del PAN lo mantendrá entre sus filas.

El bloque mayoritario aún tiene más reformas constitucionales impulsadas por AMLO y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que requerirán el voto faltante.

Pero en la política mexicana es sabido que la familia Yunes se ha caracterizado por su acomodo en diversos partidos. Yunes Linares, el padre, ha sido conocido por su paso por varias fuerzas políticas.

“Lo que vimos el martes es que sus convicciones son muy ligeras y que su concepto de la ética política y pública es muy flexible en su familia. No importa las posiciones políticas o ideológicas, sino cómo encuentran los mecanismo políticos para poder avanzar y crecer”, le explica a BBC Mundo el investigador y analista Ignacio Rodríguez Reyna.

Los Yunes de Veracruz

La familia Yunes tiene su origen en Veracruz, un estado del este del país cuya importancia electoral es clave, pues ocupa el cuarto lugar en número de votantes a nivel nacional.

Miguel Ángel Yunes Linares fue quien incursionó en la política desde la década de 1990 a través del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ocupó desde entonces diversos puestos públicos y diputaciones locales y federales.

En 2003 fue parte de la disidencia política al interior del PRI encabezada por su mentora, la sindicalista Elba Esther Gordillo.

La ruptura lo llevó a pasar a las filas del PAN, que gobernó el país de 2000 a 2012. Esto le atrajo las primeras críticas por cambio de partido y acomodo vía acuerdos políticos.

En 2010 contendió sin éxito por la gobernación de Veracruz por el PAN y el Partido Nueva Alianza dirigido por Gordillo.

En un segundo intento, ganó en la elección de 2016 en la que tuvo como rival a Héctor Yunes Landa, su primo, candidato por el PRI.

Este último también ha tenido su coto político, siendo diputado federal y local, senador y funcionario por el PRI, así como constante contendiente por la gobernación.

“La gubernatura del PAN fue la primera de oposición después del PRI. Las dirigencias del PAN volcaron todos los recursos para respaldarlo a Yunes Linares y por eso se vieron tan dolidos en el debate de la reforma”, explica Rodríguez Reyna.

“Han construido un feudo, un cacicazgo político que les ha permitido construir espacios que eventualmente pueden venderlo según su conveniencia”, añade.

Esta construcción de una estructura electoral en Veracruz le sirvió para que dos de sus hijos, Fernando y el actual senador Miguel Ángel Yunes Márquez, hayan podido acceder a diversos puestos.

Fernando Yunes fue diputado local, senador y alcalde de la ciudad de Veracruz por el PAN. También ha sido funcionario federal de procuración de justicia en varias oficinas.

Miguel Ángel Yunes, quien se educó en la Universidad de Miami, ha figurado como alcalde del municipio de Boca del Río, diputado local y desde este mes senador por el PAN.

En 2018 contendió por la gobernación de Veracruz, pero perdió la elección. Su esposa, Patricia Lobeira, es desde 2022 alcaldesa de la ciudad de Veracruz, luego de que su esposo fuera descalificado para el puesto por la autoridad electoral.

Otro Yunes, José Francisco Yunes Zorrilla, ha sido tres veces diputado y una senador.

El político del PRI no tiene un lazo familiar directo con los otros Yunes, pero ha sido considerado “sobrino” político de Yunes Linares por su apadrinamiento en el estado y la relación entre familias.

Controversias

Más allá de las críticas por nepotismo en los cargos que han compartido los Yunes en Veracruz y a nivel federal, la familia se ha visto salpicada por escándalos de enriquecimiento ilícito, corrupción e incluso pederastia.

Miguel Ángel Yunes Linares fue señalado por la periodista Lydia Cacho como uno de los “amigos” del pederasta convicto Jean Succar Kuri, fallecido en junio del 2024. Víctimas lo señalaron de haber estado presente en reuniones con menores de edad, algo que él siempre ha negado.

Pero su primo Héctor Yunes Landa lo acusó en las campañas de 2016 de estar involucrado en esos delitos: “Hacías fiestas infantiles en tu yate en donde no había precisamente ni payasos ni piñatas”.

Como editor en un diario nacional, Rodríguez Reyna publicó los señalamientos en la década de 2000. “Me habló enfurecido, diciendo que si no sabía con quién se metía. Una presunta víctima se retractó ante las presiones brutales”, recuerda.

El político desde entonces ha rechazado las acusaciones: “Categóricamente lo digo, es absolutamente falso el señalamiento de pederastia que me han hecho. Soy un hombre honorable, soy un hombre limpio, soy un luchador social”, dijo en 2016.

La familia Yunes Márquez también ha sido señalada por sospechas de enriquecimiento ilícito y compra de múltiples propiedades en Veracruz, Ciudad de México, Miami y Nueva York, algo que siempre han rechazado.

Omar Yunes Márquez, explica Rodríguez Reyna, es el hijo que no ha estado involucrado en política, pero que ha tenido una muy prolífica carrera como inversionista.

“Un empresario que a sus 29 años ya estaba comprando mansiones, departamentos en Manhattan, Houston, y aquí en la Ciudad de México, en las zonas más exclusivas. No hay una explicación sólida a eso, todos los ingredientes de una conducta que las autoridades deberían perseguir, pero es sospechosísima”, señala.

Las investigaciones y denuncias no han tenido avance ante la justicia como para darse la detención de alguno de los políticos.

Pero previo al debate de la reforma judicial, líderes de los partidos opositores a nivel nacional señalaron que el oficialismo federal y estatal estaban presionando a sus senadores con investigaciones judiciales para cooptar votos a favor de la propuesta de AMLO.

Y con el voto de Yunes Márquez crecieron las especulaciones. Al ser cuestionado sobre ello, el presidente mexicano dijo este miércoles: “Tengo diferencias con él (Yunes Linares), notorias, como tengo diferencias con muchos otros”.

“Pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes. Y es buscar el equilibro entre la eficacia y los principios”, dijo López Obrador, quien aseguró que no negoció “nada, nada” con la familia Yunes.

“Se piensa que hubo una negociación porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros: creen que somos iguales a ellos. No hablé con el señor Yunes ni con su hijo”, subrayó.

Para los analistas políticos, es sorprendente que unos acérrimos críticos de López Obrador hayan súbitamente cambiado sus perspectivas políticas.

Rodríguez Reyna apunta que no tiene pruebas de que haya habido un acuerdo, pero considera que coincide con un “patrón de pactos de impunidad que existe en México” en las altas esferas.

“Políticos hacen cualquier cosa para mantenerse en la impunidad. Se protegen beneficios comunes a cambio de impunidad”, opina.

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Así es como México podría transformar radicalmente su sistema judicial

La legislación aprobada por el Congreso podría producir una de las reestructuraciones judiciales de mayor alcance en cualquier gran democracia.

The New York Times Company

12 de septiembre de 2024

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04:30h

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Trabajadores del poder judicial de la federación protestan este miércoles, en los alrededores del Senado de la República, en Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejará su cargo a finales de septiembre. Sin embargo, antes de hacerlo, es probable que vea cumplida una de sus últimas misiones: un profundo rediseño del poder judicial que, según él, es necesario para combatir la corrupción.

Los cambios propuestos por el presidente harían que el poder judicial dejara de ser un sistema basado en nombramientos, que en gran medida gira en torno a la formación y las cualificaciones, para convertirse en otro en el que los votantes elijan a los jueces y haya pocos requisitos para postularse. Casi la mayoría de los 7000 jueces se verán afectados por la medida lo que convierte la medida en una de las más amplias en su tipo intentadas en cualquier parte del mundo, según los juristas.

Los cambios se aplicarían a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia; a 1635 jueces y magistrados federales y más de 5700 jueces estatales y municipales. Se eliminarían las largas listas de requisitos para ser juez, sobre todo a nivel federal, lo que abriría el camino para que se presentaran personas que simplemente tuvieran una licenciatura en Derecho y algunos años de experiencia jurídica.

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La medida ya fue aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada, y superó su mayor obstáculo al ser aprobada por un estrecho margen en el Senado este miércoles, incluso después de que manifestantes irrumpieran en el edificio e interrumpieran la sesión el martes. Ahora pasará a los congresos estatales, donde se espera que se apruebe fácilmente en los próximos meses.

La medida podría dar lugar a una de las revisiones judiciales de mayor alcance en cualquier democracia. Relativamente pocos países permiten que los jueces sean elegidos a una escala significativa, pero ninguno en el grado que propone López Obrador, de acuerdo con los juristas.

El gobierno afirma que las medidas son necesarias para modernizar el poder judicial e infundir confianza en un sistema plagado de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo. La sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el 1 de octubre y ha respaldado completamente el plan.

Quienes critican la propuesta sostienen que el plan haría poco para solucionar problemas como la corrupción y, en cambio, aumentaría el poder del movimiento político nacionalista de López Obrador.

Esto es lo que hay que saber sobre la propuesta para replantear el sistema judicial judicial de México.

¿Qué harían las medidas?

Las propuestas cambiarían la forma en que se seleccionan los jueces en todo el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los candidatos a magistrados deben participar en elecciones en lugar de ser nombrados basándose más que nada en una serie de pruebas, sus cualificaciones y su formación.

La propuesta también reestructuraría a la Suprema Corte, reduciendo el número de jueces de 11 a 9 y acortando sus mandatos de 15 a 12 años. En algunos casos, los salarios y prestaciones de los jueces podrían reducirse para recortar gastos.

Además, se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros también serían elegidos por votación popular y tendrían amplios poderes para investigar y posiblemente incluso despedir o destituir a los jueces. Las decisiones del tribunal serían definitivas e inapelables.

¿Por qué molesta a jueces, trabajadores judiciales y críticos?

El plan de López Obrador ha provocado protestas en todo el país e incluso ha sido el centro de una disputa diplomática con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que lo calificó de un “riesgo de importancia para el funcionamiento de la democracia de México”.

Muchos críticos del plan están de acuerdo en que el sistema necesita una renovación, pero advierten de que la propuesta del gobierno haría poco por librar al poder judicial de sus problemas. Por el contrario, dicen que erosionaría la independencia judicial y permitiría al movimiento político de López Obrador concentrar el poder.

Específicamente, a quienes critican a López Obrador y a sus aliados les preocupa que las medidas puedan afianzar sus ventajas políticas actuales por un período más largo de tiempo, al conseguir que se elijan jueces que estén alineados con Morena, el partido gobernante.

A algunas empresas extranjeras les preocupa que los cambios puedan complicar la búsqueda de jueces imparciales a la hora de examinar litigios entre el gobierno y las empresas. Otros críticos han advertido que los cárteles de la droga podrían intentar influir en las nuevas elecciones judiciales, al igual que han hecho en otras contiendas políticas en todo el país.

Aunque algunos países permiten la elección de algunos jueces por votación popular —entre ellos Estados Unidos, Suiza y Japón—, los expertos afirman que ninguno de ellos lo hace de forma tan generalizada como lo harían los cambios propuestos en México.

La determinación de imponer las medidas ha mantenido en vilo a los mercados financieros, marcados por una caída de más del 15% en el valor del peso desde principios de junio.

¿Cuándo podrían aprobarse e implementarse las medidas?

Los líderes del partido Morena, de López Obrador, pretenden que las medidas se aprueben en el Congreso este mes, antes de que López Obrador finalice su mandato el 1 de octubre. La medida se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada, con 357 legisladores presentes que votaron a favor del proyecto y 130 en contra. El miércoles, el Senado también aprobó la reforma con 86 votos a favor. Un total de 41 senadores se opusieron.

Además de ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso, las medidas tienen que ser adoptadas por la mayoría de las legislaturas estatales; una tarea fácil, ya que Morena y sus aliados tienen mayoría en casi todos los congresos estatales. Los cambios se implementarían gradualmente, con una gran parte del poder judicial participando en una elección en 2025 y el resto en 2027. Eso significa que los 32 estados necesitan cambiar sus constituciones y elegir entre organizar elecciones en 2025 o esperar otros dos años.

La Cámara de Diputados de México, donde el gobierno tiene una mayoría calificada que le permite aprobar enmiendas a la Constitución sin cortapisas tras su victoria en las elecciones de junio.

En los próximos días será discutida en el Senado, donde el oficialismo está a un escaño de tener esos dos tercios del Legislativo.

La reforma es considerada una parte fundamental del legado que dejará Andrés Manuel López Obrador. El 1 de octubre terminará su mandato y entregará el bastón a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y de organizaciones especializadas, y se ha votado en medio de un inédito paro indefinido de miles de trabajadores y jueces del Poder Judicial.

Los diputados tuvieron que votar la iniciativa en una sede alterna al edificio legislativo, luego que éste fuese bloqueado por los huelguistas que se oponen al proyecto por considerar que ataca la independencia del estamento y debilita la democracia.

La reforma fue presentada al Congreso en febrero, cuando la coalición gobernante, Morena, no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla.

Pero ahora, que comenzó a funcionar el nuevo Congreso, no hubo ningún obstáculo para que se aprobara la iniciativa.

Aunque en el Senado Morena no tiene la misma mayoría que en la Cámara, la necesidad de negociar un voto no parece un cometido difícil.

Te presentamos tres claves para entender qué cambia con esta histórica reforma al Poder Judicial de México.

1. En qué consiste

Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi dos mil personas, a partir del próximo año.

La propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente.

El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.

En el actual sistema, los ministros de la Suprema Corte (como se conoce a los 11 juristas que la integran) son quienes eligen a su presidente. Y a su vez ellos son votados en el Congreso y nominados por el presidente de la república.

El proyecto de ley incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.

También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.

La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto.

Por otro lado, se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que estaría a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, así como de elaborar el presupuesto.

El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.

Se trata de una reforma al Poder Judicial federal, y no a todo el sistema de justicia, dado que no afecta a los sistemas locales, ni a las fiscalías, que llevan el grueso (80 %, según datos oficiales) de los procesos en México.

Por esa razón, analistas argumentan que quedaría pendiente una reforma dirigida a impulsar cambios a nivel local, donde suelen darse la mayoría de los casos de corrupción en la justicia.

2. Por qué es polémica

Quienes se oponen a la enmienda sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia.

Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito.

Una de las críticas que más se repite es que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes tienen una red de contactos, cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.

También hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras, ya ocurre).

En una carta enviada al Congreso, jueces y magistrados advirtieron que la reforma judicial no se apega a las normas del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en aspectos como el compromiso de establecer y mantener “tribunales independientes para la resolución de controversias laborales”.

A la polémica interna se sumó la advertencia de la embajada de Estados Unidos en México, que calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia, agregando que podría amenazar el acuerdo comercial entre los tres países, el cual debe ser revisado en 2026.

Entre otras reacciones adversas, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados pidió que se reconsidere el proyecto para salvaguardar la “independencia judicial”.

Un argumento similar expresó la organización de derechos humanos Human Rights Watch: la propuesta, dicen, socava “la independencia judicial, la privacidad y la rendición de cuentas”.

Inversores también han expresado su inquietud ante la reforma, diciendo que les preocupa que el próximo gobierno cuente con todas las herramientas para sacar adelante leyes que pueden perjudicar al sector empresarial, restarle seguridad jurídica a las inversiones de largo plazo o aumentar la percepción de riesgo.

Los partidarios, en cambio, aseguran que la transformación del Poder Judicial es una manera de garantizar que Sheinbaum gobierne sin los obstáculos jurídicos que enfrentó AMLO para sacar adelante su agenda “humanista”.

El mandatario ha insistido en varias ocasiones que los tribunales se transformaron en una trinchera de la oposición al servicio de los más poderosos.

3. Por qué AMLO la considera importante para su legado

Durante su mandato, AMLO ha promovido un ambicioso proyecto de izquierda bautizado la 4T, la “Cuarta Transformación”, que como la Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910 busca cambiar “los cimientos de la sociedad mexicana”, según ha planteado el oficialismo.

En ese contexto, la reforma judicial aparece como un movimiento esencial dentro de su agenda reformista, la cual Claudia Sheinbaum busca continuar.

Para darle impulso a la Cuarta Transformación, AMLO ha sostenido que se debe acabar con las estructuras de poder “corruptas” que han dominado por décadas el rumbo del país, entre ellas, el Poder Judicial.

Su objetivo, dice, es establecer un verdadero estado de derecho y que los jueces “no estén al servicio de una minoría”.

El mandatario ha tenido duros enfrentamientos con la Suprema Corte, luego que ésta le bloqueara reformas en el pasado, como por ejemplo, la que ampliaba la participación estatal en el sector energético.

El oficialismo ve la reforma judicial como la piedra angular que sentará las bases para implementar otros cambios en el país y por eso la considera uno de los pilares fundamentales de su 4T.

Antes de dejar el cargo, el presidente tiene menos de un mes para aprovechar la mayoría que consiguió en la nueva legislatura y así aprobar los últimos proyectos que le permitirán apuntalar su legado antes de que comience el nuevo sexenio.

De inspiración política

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en México

Lo que para unos es democratización de la justicia, para otros es cooptación política de la justicia.

Pero más allá de cuál sea el resultado, está claro que la inspiración de la reforma es política. Porque, en la práctica, apunta a reducir el poder de la Corte Suprema y su capacidad de obstaculizar al Ejecutivo, que durante todo el sexenio de AMLO vio varias de sus reformas truncadas con argumentos judiciales.

Aunque la reforma, en principio, puede parecer una forma de aprovechar la popularidad de Morena para ganar poder, en el mediano plazo, si baja su favorabilidad, les puede jugar en contra.

En dos países del hemisferio hay elección de jueces por voto popular: Estados Unidos, donde es solo a nivel local, y Bolivia, donde la abstención y el boicot de la oposición han impedido una verdadera democratización del sistema judicial.

Nadie niega que la justicia mexicana debe ser reformada: lleva años sin cambios, tiene una de las tasas más altas de impunidad, heredó vicios del sistema de partido único y la gente no la entiende ni conoce.

La elección de jueces, además, solo contempla las postulaciones hechas por el Ejecutivo. Es decir, de alguna manera, hoy está politizada por definición.

Y en todo caso, los expertos coinciden en que la mayor parte de los problemas judiciales están donde no se está reformando nada: en las fiscalías y sistema locales.

Que ahora la estén aprobando sin contratiempos, pero con protestas puntuales, evidencia la ruptura que hay entre el sistema tradicional, el judicial y político, y las nuevas mayorías mexicanas de la 4T.

También parece claro que la oposición salió de las elecciones de junio demasiado fragmentada y carente de narrativa como para hacerle contrapeso a un movimiento tan popular como Morena.

AMLO gobernará hasta el último día como lo hizo desde el primero: sin dejar a nadie indiferente. La pregunta es cómo esto puede afectar a su sucesora.

La madrugada del 4 de septiembre, la Cámara de Diputados de México aprobó la controversial reforma judicial, el primer paso de un proceso que busca incorporarla a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobado por la amplia mayoría oficialista, tras lo cual deberán ser discutidos varios de sus artículos antes de que el trámite continúe en el Senado.

La reforma al Poder Judicial pretende elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial fue aprobado con 359 votos a favor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 135 en contra de la oposición.

La maratónica sesión se lleva a cabo desde la tarde del martes 3 de septiembre en un polideportivo de Ciudad de México, ya que el edificio legislativo fue bloqueado por parte de trabajadores del Organismo Judicial que están en huelga contra la reforma desde hace dos semanas.

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La propuesta es rechazada por la oposición y genera tensiones con Estados Unidos, que amenaza la relación en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sería un riesgo para la democracia mexicana. A criterio del Gobierno estadounidense el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.

Con la reforma se busca que los jueces y magistrados sean elegidos de listas de candidatos propuestos por el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los detractores aseguran que un mecanismo así podría erosionar la independencia judicial.

Enfrentamiento con el poder judicial

López Obrador acusa a jueces y magistrados de favorecer la corrupción, crímenes de cuello blanco y a grupos delictivos. Sin embargo, la principal destinataria de sus críticas es la Suprema Corte de Justicia de México que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en los sectores energéticos y de seguridad.

El presidente mexicano a los jueces del máximo tribunal de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal. Durante la discusión de la reforma, los legisladores oficialistas hicieron eco de la postura del presidente.

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Ricardo Monreal, coordinador de los congresistas de Morena, dijo que el Legislativo no puede someterse a ningún juez o autoridad distinta.

“México está construyendo un sistema de justicia que será un ejemplo en el mundo”, añadió.

Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren en la Cámara de Diputados para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.

La iniciativa, presentada en febrero del 2024, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.

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Preocupación de EE. UU.

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, reiteró sus críticas a la reforma al acusar que pone en riesgo la relación bilateral.

“Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación”, dijo el diplomático a periodistas.

Canadá también ha advertido sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.

La consultora británica Capital Economics explica que los reparos son compartidos y los inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas temen que la reforma pueda causar una politización del Poder Judicial.

Demos significa “pueblo”. Este sustantivo, junto con krátos, que puede traducirse como “poder”, componen el nombre de la democracia: el poder del pueblo.

Abraham Lincoln lo definió así :"La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".

A la presidenta…

— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 4, 2024

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López Obrador ha calificado esas expresiones como “injerencistas” mientras la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, rechazó las críticas a la iniciativa.

“La reforma al poder judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho y más democracia para todas y todos”, dijo Sheinbaum en la red social X (antes Twitter).

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La Cámara de Diputados de México, dominada por el oficialismo de izquierda, se apresta a votar este martes 3 de septiembre una polémica reforma del poder judicial en medio de bloqueos de trabajadores que obligaron a los congresistas a sesionar en un coliseo.

Redacción AFP y Redacción EFE

3 de septiembre de 2024

|

16:51h

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Mujeres participan en una protesta en contra de la reforma impulsada por el oficialismo en Ciudad de México, México. (Foto Prensa Libre: EFE)

A la huelga que mantienen jueces y trabajadores de juzgados desde hace dos semanas en varios estados se sumaron unos mil empleados de la Suprema Corte, cuyos ministros suspendieron las sesiones en apoyo al paro.

Los magistrados del supremo volverán a valorar la situación el próximo lunes 9 de septiembre, según un comunicado emitido este martes 3.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es que los jueces y ministros sean elegidos por voto popular de listas de candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

López Obrador, cuya popularidad ronda el 70%, dijo en su conferencia de prensa de este martes 3 de septiembre que los funcionarios judiciales tienen derecho a “defender sus privilegios”.

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El mandatario ha acusado a jueces y ministros de favorecer la corrupción de cuello blanco y a grupos criminales, pero el principal destinatario de sus críticas es el máximo tribunal, que ha frenado total o parcialmente reformas suyas en sectores como el energético y de seguridad.

López Obrador señala a los jueces de la Suprema Corte de haberse convertido en aliados de la oposición y de tener ingresos por encima de lo legal.

La reforma también abrió un frente de tensión con Estados Unidos, que asegura que “amenaza” la relación comercial en el marco del T-MEC y sería un “riesgo” para la democracia mexicana, pues a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular jueces.

“Si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Hay muchísima preocupación”, reiteró este martes a periodistas el embajador estadounidense, Ken Salazar.

Canadá -también socio del T-MEC- ha advertido sobre riesgos para la seguridad jurídica de las inversiones.

El presidente mexicano, quien entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, rechazó esas expresiones como “injerencistas”.

Sede alterna

Desde antes del amanecer, cientos de empleados judiciales bloquearon este martes 3 de septiembre con autos las calles que conducen a la Cámara, mientras otros colocaron cintas para impedir el paso peatonal.

Esto obligó al bloque oficialista a sesionar en un polideportivo del este de la capital, a donde empezaron a llegar los diputados pasado el mediodía.

Morena y sus aliados, que arrasaron en las elecciones generales del pasado 2 de junio, suman dos tercios de los 500 escaños que se requieren para aprobar reformas constitucionales sin negociar con la oposición.

Inicialmente habrá una votación sobre la integralidad del proyecto, y luego se debatirá cada artículo.

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La iniciativa, presentada en febrero pasado, también tendrá que ser votada en el Senado, donde al oficialismo le falta solamente un voto para reunir la llamada mayoría calificada.

Los críticos de la enmienda advierten que la elección popular de jueces podría erosionar la independencia judicial, mientras los más severos señalan que los candidatos a magistrados podrían ser promovidos por el crimen organizado.

Los reparos son compartidos además por inversionistas enfocados en la moneda, los bonos y las acciones mexicanas, que temen que la reforma pueda “resultar en una politización del Poder Judicial”, advirtió la consultora británica Capital Economics.

Pero el gobierno izquierdista rechaza que la iniciativa pueda desestabilizar la economía o poner en riesgo el intercambio comercial con Estados Unidos, que en 2023 sumó US$745 mil millones, según datos oficiales mexicanos.

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Reforma judicial que agita las aguas en México

México se encamina a reformar su poder judicial, una propuesta del gobierno de izquierda que desató una huelga, tensó la relación con Estados Unidos y genera desconfianza en los mercados.

La columna vertebral de esta reforma constitucional plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular, y tiene el camino despejado gracias a la aplanadora mayoría gubernamental que asumirá el control del Congreso.

Aquí los puntos clave de la iniciativa.

¿Qué propone?

Alegando que el poder judicial está al servicio de las élites, el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador plantea que jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, sean elegidos por los ciudadanos.

Los candidatos serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Actualmente, los miembros del Supremo son nominados por el presidente y ratificados por el Senado. Jueces y magistrados son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo del sector.

Los requisitos para esos cargos se mantendrían prácticamente igual: 35 años de edad para ministros y magistrados y 10 como profesionales; 30 años para jueces y cinco de titulados. Ninguno debe haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, congresista, magistrado electoral o gobernador.

El proyecto, respaldado por la presidenta entrante Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre, propone además disminuir de 11 a 9 el número de ministros del máximo tribunal, y recortar sus mandatos de 15 a 12 años.

También, crear un nuevo órgano para supervisar a los jueces, en un país donde la impunidad alcanza 99%, según la oenegé Impunidad Cero.

El caso más parecido al proyecto mexicano es el de Bolivia, donde los miembros de las altas cortes son elegidos por voto popular. Algunos estados de Estados Unidos eligen así a sus jueces locales, al igual que en Suiza.

¿Por qué el rechazo?

Opositores, jueces y trabajadores del sector aseguran que la reforma politizará la justicia.

López Obrador está enfrentado a la Suprema Corte por bloquearle reformas como una al sector energético que ampliaba la participación estatal y otra que involucraba a los militares en la seguridad ciudadana. Ambas decisiones se consumaron pese a que el mandatario nominó a cinco de los actuales ministros.

El presidente también acusa a algunos jueces y magistrados de favorecer a delincuentes de alto perfil, aunque la reforma plantea proteger su identidad en casos de que arriesguen su vida.

La relatoría especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados llamó a “reconsiderar la propuesta” para salvaguardar la “independencia judicial”.

Los empleados, en huelga indefinida, advierten igualmente que la elección elimina los ascensos por méritos.

Los candidatos “van a ser incluidos en una boleta electoral como la de cualquier votación partidista, y “van a aparecer quienes tengan contactos, financiamiento”, dice a AFP Roberto Zayas, funcionario judicial de 38 años.

Especialistas critican que la reforma no toca a fiscalías, policías y ministerios públicos, a los que achacan la descomunal impunidad por la corrupción y su baja capacidad investigativa.

“Al no contemplar estos operadores, no se está llevando a cabo realmente la función de buscar una justicia óptima”, señala Leslie Urzúa, de Impunidad Cero.

¿Qué reclaman EE. UU. y Canadá?

Estados Unidos sostiene que la reforma es un “riesgo” para la democracia y “amenaza” el acuerdo de libre comercio T-MEC, por el cual 83% de las exportaciones mexicanas van a ese país.

También asegura que abre la puerta a que los cárteles se aprovechen de jueces inexpertos, en un contexto en el que el narcotráfico ya permea la política.

El T-MEC, que debe ser revisado en 2026, “depende de la confianza de los inversionistas”, advierte Washington.

Canadá manifestó asimismo que sus inversores “quieren un sistema judicial que funcione si hay problemas”.

López Obrador rechazó esas declaraciones como “injerencistas”.

¿Qué preocupa a los mercados?

La reforma “llevaría a una elevada incertidumbre sobre el ambiente legal”, indicó la firma británica Capital Economics en una nota a sus clientes.

Desde la victoria aplastante de Sheinbaum el 2 de junio, el peso mexicano se ha depreciado 15.7% hasta niveles cercanos a 19.6 unidades por dólar.

“Este desliz refleja las preocupaciones internas sobre la estabilidad económica del país que podrían estarse reflejando en el menor crecimiento del PIB, y también la percepción de riesgo que los inversionistas extranjeros están comenzando a atribuirle a México”, dijo a AFP Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en la firma Franklin Templeton.

El Banco Central de México recortó el miércoles su previsión de crecimiento para este año de 2.4% a 1.5%, según dijo por un menor dinamismo de la demanda de Estados Unidos.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció una “pausa” en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las advertencias de los diplomáticos sobre los riegos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.

“La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa”, declaró López Obrador.

El gobernante mexicano aclaró que “la pausa” es solo con los embajadores de Washington, Ken Salazar, y de Ottawa, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos.

“Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo“, agregó.

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El 22 de agosto, Ken Salazar alertó de que la reforma judicial en México pone en “riesgo” la democracia y la relación comercial con Estados Unidos, además advirtió que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los carteles del narcotráfico en la justicia.

Ese mismo día, Clark informó “preocupaciones” de inversionistas ante la reforma, que se aprobaría en septiembre, cuando la alianza de partidos de López Obrador tenga la mayoría necesaria, de dos tercios del Congreso, para modificar la Constitución.

“¿Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la Embajada de Estados Unidos, lo hacen los canadienses? Que también es de pena ajena, con todo respeto al Gobierno de Canadá, o sea, parece Estado asociado, juntos“, cuestionó el mandatario.

De aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.

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López Obrador reconoció que “todos tienen su derecho a manifestarse“, pero que “la Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención“.

AMLO justificó que las acusaciones contra los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá son porque “ellos quisieran tener injerencia en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”.

“¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Salazar), con todo respeto, que esto no es asunto de pleito de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Pero no vamos a decir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución”, argumentó.

Esta no es la primera vez que López Obrador “pausa” una relación bilateral, pues en 2022 anunció “una pausa” con España, que en términos prácticos no se tradujo en acciones diplomáticas.