Robo de propiedades en Guatemala

¿En dónde roban más propiedades? Piden reformar leyes para contener delitos

Fri, 06 Mar 2026 06:00:00 +0000

Guatemala

¿En dónde roban más propiedades? Piden reformar leyes para contener delitos

Autoridades identifican estructuras que operan en el despojo de propiedades con asesoría técnica. Desde el sector notarial se plantea reformar el Código de Notariado y fortalecer los registros para mejorar los controles.

Mauricio Álvarez

6 de marzo de 2026

00:00h

Estructuras dedicadas al robo de propiedades están integradas por abogados y notarios. Piden aprobación de reforma al Código Notarial para tener mayor control del ejercicio de los profesionales. (Foto Prensa Libre: Freepick)

La Fiscalía de Delitos de Usurpación del Ministerio Público (MP) registró en el 2025 un total de 918 denuncias por usurpación de propiedades, de las cuales 879 fueron resueltas ese mismo año, según datos proporcionados por el fiscal de la sección, Gerardo Salazar.

Durante ese año se recibieron 918 denuncias, de las cuales 201 fueron verbales y 201 telefónicas. Del total, 632 fueron desestimadas: 21 por solicitud y 611 por decisión de sede fiscal.

De acuerdo con Salazar, las denuncias por usurpación han mostrado un incremento desde la creación de esta fiscalía en el 2021. “Dentro de este resultado tenemos expedientes que fueron desestimados por no tener competencia penal, ya que debe existir previamente alguna cuestión civil o administrativa que deba resolverse”, comentó.

Según Salazar, la fiscalía ha identificado estructuras criminales que se dedican al despojo de propiedades. “En estos casos, la fiscalía solicita las órdenes de aprehensión contra los cabecillas o las personas que están involucradas en el despojo”, dijo. Salazar explicó que para estas personas despojar a otras de sus bienes se convierte en una forma habitual de ganarse la vida.

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Lorena Flores, consejera general del Notariado y vicepresidenta de la Unión Internacional del Notariado para América del Norte, Centroamérica y el Caribe, calificó de lamentable que profesionales del derecho participen en este tipo de estructuras. “Un notario es un profesional investido por parte del Estado, entonces hay una vulneración no solo del orden constitucional, porque nosotros estamos llamados a dotar de certeza y de seguridad jurídica”, comentó.

Flores detalló que las bandas tienen conocimientos de registros y de la situación legal de las propiedades. “Hay profesionales que forman parte de estas estructuras, pero no solo están integradas por profesionales, sino por otras personas. Tienen conocimiento e información técnica muy precisa sobre las fincas: conocimiento de registros, de catastro y de la situación legal de la finca”, agregó.

Además, Salazar indicó que la forma en que operan es técnica, porque están asesorados por abogados y notarios. “Lo que verifican es si el propietario se encuentra en el inmueble o tratan de expulsarlo de la comunidad o sacarlo de su propiedad por la fuerza”, comentó.

Estas bandas suelen emplear a personas de la comunidad para ejecutar estas acciones. “Utilizan muchas veces a la población para realizar todas estas actividades. Entonces engañan a la gente prometiéndoles un pedazo de tierra y, cuando ya tienen la posesión, proceden a la venta de los inmuebles”, explicó.

Agregó que este patrón se ha identificado en varios casos y en diferentes departamentos. “De esas 918 denuncias que se presentaron, unas cinco tienen ese mismo patrón de comportamiento, y no solo en un departamento, sino que podemos verificar que las mismas personas están actuando tanto en Petén, Escuintla y Huehuetenango”, dijo.

En cuanto a las personas más vulnerables, Salazar indicó que las estructuras no atacan a un grupo poblacional en específico. “No le podría decir que sea a una empresa o a una persona en particular; es a los propietarios. Son quienes más sufren esto porque puede ser que la propiedad sea de alguna entidad, de alguna familia en particular o de alguna persona individual. Ellos no respetan estos temas”, mencionó.

Denuncias desestimadas

De las 918 denuncias recibidas, 632 fueron desestimadas. Salazar explicó que cada expediente cuenta con una investigación previa que permite a la fiscalía tomar una decisión. Indicó que las resoluciones pueden ser revisadas por un juez contralor de garantías, ya que la persona que presentó la denuncia puede oponerse a la desestimación.

Según el fiscal, una parte de estos casos corresponde a conflictos que deben resolverse por otras vías legales. “Muchas personas dan en alquiler sus bienes y luego ya no pueden sacar al inquilino, y después presentan la denuncia por usurpación”, explicó.

En estos casos, añadió, existen procedimientos específicos en la vía civil para resolver el incumplimiento de contratos de arrendamiento o la desocupación de inmuebles. También mencionó investigaciones relacionadas con disputas de herencias o conflictos civiles que deben resolverse en esa jurisdicción.

El fiscal indicó que durante el año pasado también se realizaron 27 solicitudes de órdenes de aprehensión por el delito de usurpación, que involucraron a 35 personas. Además, se realizaron 136 solicitudes de primera declaración, lo que significa que, dentro de las denuncias recibidas, ese número de casos cumplía con los requisitos del tipo penal de usurpación o usurpación agravada para ser conocidos por un juez.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborados con base en información del MP, indican que entre el 2020 y el 2024 se registró un promedio anual de 2,477 denuncias por delitos de usurpación, en sus diferentes modalidades.

En ese mismo período también se reportó un promedio anual de 5,740 denuncias por delitos de falsificación, incluyendo falsificación material e ideológica. Según el estudio, en el 2020 se registraron 2,463 denuncias por usurpación; en el 2021 fueron 3,031; en el 2022, 2,554; en el 2023, 2,158, y en el 2024, 2,178.

Impactos económicos

Las personas que son despojadas de sus propiedades enfrentan diversas consecuencias, entre ellas económicas, por la pérdida de sus bienes. “Hay una repercusión económica desde el momento en que es desapoderado de un bien o cuando usted no tiene acceso a sus bienes”, indicó Salazar.

Agregó que en algunos casos las propiedades invadidas tienen cultivos o actividades productivas. “Hemos tenido plantaciones o cosechas que han sido invadidas por estas personas y la cosecha se pierde. Imagínese que usted tenga un crédito en un banco para llevar a cabo la cosecha y pagar a sus trabajadores, pero ya no puede recolectar el fruto porque alguien le invadió”, explicó.

Salazar también señaló que existen casos en los que las víctimas abandonan sus inmuebles. “Esto se da mucho en la Ciudad de Guatemala por temas de extorsiones o de pandillas, donde las personas prefieren dejar su casa de habitación por temor a represalias”, comentó.

Indicó que también se han identificado casos en los que estructuras criminales intimidan a propietarios en distintos departamentos para que abandonen sus bienes.

Departamentos con más denuncias

De acuerdo con el fiscal, los departamentos que reportan mayor número de casos son Izabal, Petén, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango, Retalhuleu, Escuintla y Santa Rosa, además del departamento de Guatemala.

Datos del Observatorio de Derechos de Propiedad también ubican entre los departamentos con mayor número de denuncias a Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Petén, Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, Santa Rosa y Jutiapa.

Salazar explicó que los terrenos usurpados suelen ser fincas rústicas ubicadas en áreas de difícil acceso. “Por lo regular, en el departamento de Petén son fincas rústicas sin construcciones grandes. Muchas veces, por lo lejos o por el difícil acceso, son usurpadas o utilizadas para otro tipo de ilícitos penales, como la narcoactividad y el trasiego de personas”, comentó.

En el departamento de Guatemala, indicó que las bandas identifican otro tipo de inmuebles. “En la Ciudad de Guatemala estamos hablando de construcciones formales en zonas residenciales y con construcciones”, dijo.

Piden reformar el Código de Notariado

Desde el sector notarial se ha planteado la necesidad de aprobar la iniciativa 6706, reformas al Código de Notariado y a otras normas vinculadas con el registro de propiedades, con el objetivo de fortalecer los controles en los procesos de inscripción y registro de bienes inmuebles.

Lorena Flores explicó que una de las propuestas es modificar la normativa para incorporar mayores requisitos técnicos en los procesos registrales. “Nosotros insistimos en la modificación del Código de Notariado para establecer mayores normas”, señaló.

Añadió que, aunque el sistema funciona bajo la modalidad de folio real, esto no siempre garantiza información detallada sobre las características físicas de las fincas. “No necesariamente implica que el registro proporcione información fidedigna de la estructura jurídica de la finca que está inscrita”, indicó.

Según Flores, en algunos casos la información registral carece de precisión técnica. “Eventualmente la información de los registros es un tanto imprecisa y por eso se genera que en la práctica se den estas malas prácticas”, afirmó.

También señaló que estas debilidades pueden ser identificadas por estructuras dedicadas al despojo de propiedades. “Estas redes organizadas encuentran en esas deficiencias un espacio para operar”, dijo.

Asimismo, indicó que se requiere fortalecer las unidades técnicas encargadas del análisis registral. “Debería existir un estudio técnico de fincas dentro de los registros para dotar de mayor seguridad y certeza jurídica”, afirmó.

Flores añadió que actualmente muchos operadores trabajan principalmente con la información contenida en escrituras públicas. “Los operadores trabajan con base en testimonios de escrituras públicas y hay que fortalecer eso con relación a información técnica”, explicó.

Un estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad, elaborado con base en información del MP, también plantea una serie de medidas institucionales relacionadas con la atención de los delitos vinculados al despojo de propiedades.

Entre las recomendaciones del estudio se incluye la creación de juzgados especializados para conocer casos de usurpación, con el objetivo de agilizar los procesos judiciales relacionados con estos delitos.

El informe también propone fortalecer la Fiscalía contra Usurpaciones, así como establecer protocolos interinstitucionales entre entidades del Estado para coordinar la atención de denuncias y la ejecución de desalojos.

Otra de las propuestas es la aplicación efectiva de la flagrancia en casos de usurpación, lo que permitiría que las autoridades actúen con mayor rapidez cuando se detecta una ocupación ilegal de inmuebles.

De acuerdo con el estudio, estas medidas buscan mejorar los mecanismos institucionales para la atención de los casos relacionados con el despojo de propiedades y fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de la investigación, el registro y la administración de tierras.

MP efectúa cateo en Huehuetenango por supuesto robo de inmueble para construir hotel y centro de convenciones

Wed, 17 Sep 2025 18:17:30 +0000

Justicia

MP efectúa cateo en Huehuetenango por supuesto robo de inmueble para construir hotel y centro de convenciones

Investigadores desarrollan diligencias en hotel y centro de convenciones que cuenta con medidas cautelares en Huehuetenango.

la Redacción

17 de septiembre de 2025

12:17h

Investigadores del MP hacen diligencia en centro de convenciones en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó que este miércoles 17 de septiembre desarrolla diligencias en Huehuetenango por el supuesto robo de un inmueble. La Fiscalía de Extinción de Dominio, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el hotel y centro de convenciones California, según el MP.

“La diligencia se desarrolla con el objetivo de entregar dicho inmueble a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, pues el mismo cuenta con medidas cautelares decretadas por el juzgado especializado”, añadió la fiscalía.

“Al investigar a las empresas que aparecen como propietarias del inmueble, se estableció que carecen de perfil económico, por lo que se presume que son empresas falsas o de cartón”, de acuerdo con el MP.

La investigación se inició en seguimiento a la muerte de tres integrantes de una familia a quienes habrían despojado de manera fraudulenta de una finca, la cual fue utilizada posteriormente para la construcción del hotel objeto del allanamiento, aseguró el ente investigador. “Se sospecha que las muertes están relacionadas con una deuda por un préstamo destinado a la compraventa de un inmueble en el que el señor Martín Nicolás Segundo, actual diputado, pretendía construir un complejo hotelero”, afirmaron fuentes encargadas del caso.

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Explicaron que la investigación penal comenzó con relación a tres muertes en la familia Molina Gonon. La primera fue la de Ramiro Molina, quien fue atacado a balazos en su vehículo, frente a su esposa. Posteriormente, en abril del 2022, Marta Gonon de Molina fue asesinada violentamente con arma de fuego por un hombre que ingresó al negocio familiar. En julio de ese mismo año, Edwin Eduardo Molina Gonon, hijo del matrimonio, también fue asesinado al ingresar desconocidos al comercio familiar.

“Después de la muerte del señor Ramiro Molina, quien era el propietario del inmueble, se radicó el proceso sucesorio intestado en favor de Marta Gonon de Molina, su esposa”, detallaron las fuentes.

El 4 de mayo de 2021, la señora Gonon de Molina efectuó una supuesta venta del inmueble por Q2 millones 255 mil, a favor de Juan Pacay Cabnal, según las fuentes.

Según explicaron las fuentes, “el 4 de noviembre del 2021, Pacay Cabnal aportó la finca a la entidad Expansiones Comerciales Variadas, S. A., por un supuesto adeudo de Q150 mil con Miguel Mateo Nicolás Diego, hijo de Martín Nicolás Segundo y actual diputado del Congreso de la República de Guatemala”.

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Indicaron que, según los medios de investigación, el representante legal de dicha entidad es Edgar Steve Vásquez Dávila, quien manifestó que conoció a Nicolás Diego en 2019, desde cuando le prestó servicios de asesoría jurídica, por los cuales este le adeudaba Q150 mil.

En octubre de 2021, Nicolás Diego le indicó que saldaría la deuda con un bien inmueble —el que actualmente es objeto de investigación—, con la condición de que, una vez pagado el monto adeudado, Vásquez Dávila debía devolverle el inmueble o arrendárselo, ya que sobre este se planeaba construir el Centro de Convenciones y Hotel California.

Las fuentes ampliaron que Pacay adquirió el inmueble por Q2 millones 255 mil y, meses después, lo aportó a la mencionada entidad por una deuda de solo Q150 mil. Además, ese mismo día firmó un pagaré por el mismo monto a favor de Vásquez Dávila, que debía pagar en abonos mensuales o anuales.

“Se supone que, al pagar dicha deuda, Pacay debía recuperar el bien. Sin embargo, considerando la enorme diferencia entre el valor del inmueble y la deuda que servía como garantía, este debía recibir al menos una parte de las ganancias generadas. Esa situación nunca ocurrió”, según la investigación. Tampoco hay constancia de que Pacay haya efectuado pagos del citado pagaré.

De acuerdo con los medios de investigación, la familia de los fallecidos inició las acciones legales pertinentes con el objeto de recuperar la finca, que supuestamente fuere comprada de forma fraudulenta por Pacay Cabnal y fue por ello que el 17 de julio de 2023, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramos Civil y Familia de la Ciudad de Quezaltenango, otorgó el amparo provisional en favor de los agraviados, dejando la finca en estado bloqueada, y en suspenso provisional el acto reclamado, con lo cual quedó prohibido realizar cualquier otra operación registral.

2025: 260 días de trabajo fuerte y firme

Operativo en Huehuetenango

La Fiscalía de Extinción de Dominio en coordinación con el fiscal regional metropolitano y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y… pic.twitter.com/7u7RL11F9X
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 17, 2025

Diputado se pronuncia

El diputado Martín Nicolás publicó un comunicado en el que indica que “no es propietario del Centro de Convenciones California, allanado en Huehuetenango el 17 de septiembre de 2025”.

Afirma que cualquier señalamiento que lo vincule carece de sustento y responde a intentos de desprestigio. Reitera su “compromiso con la legalidad y la transparencia”, asegura estar dispuesto a colaborar con la justicia y pide a la ciudadanía “informarse por medios oficiales” para evitar especulaciones.

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Integrantes de “los Topacio” se declaran culpables y reciben condena mínima

Thu, 06 Feb 2025 02:23:51 +0000

Justicia

Integrantes de “los Topacio” se declaran culpables y reciben condena mínima

Las penas otorgadas por el tribunal van desde los 6 meses hasta los 2 años de prisión.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

5 de febrero de 2025

20:23h

Integrantes de la banda los Topacio escuchan la sentencia luego de haberse declarado culpables. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Al someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, siete integrantes de la estructura conocida como “los Topacio” recibieron penas mínimas por un tribunal.

“Los Topacio” comparecieron ante el Tribunal de Mayor Riesgo B para la audiencia de aceptación de cargos. Al someterse a este beneficio judicial, recibieron penas mínimas y de esta cuenta tuvieron un juicio breve.

Los acusados son Oswaldo Orellana Chacón, Sandino Antulio Ávila, Rutmeri Amado Ramírez, Edwin Fuentes Consuegra, Carlos Alonso Valdés y José Miguel Bolaños.

Los delitos señalados son asociación ilícita, falsedad ideológica y caso especial de estafa.

Las penas otorgadas por el tribunal ya con el beneficio al aceptar cargos van desde los 6 meses hasta los 2 años, todos conmutables a razón de Q5 diarios.

La investigación detalla que la estructura desde el 2000 se habría apropiado de varios inmuebles a través del uso de documentos falsos. Entre la estructura participaban notarios que registraban los inmuebles de su interés y eran colocados a nombre de un testaferro.

Posteriormente los vendían a precios accesibles a terceras personas, quiénes también eran parte de la estructura. Según el Ministerio Público, falsificaban las firmas de los dueños para los documentos de compraventa y de esta forma obtenían beneficios.

Las pesquisas también detallan que la mayoría de las víctimas eran personas de la tercera edad. La audiencia de reparación digna queda para el próximo 10 de febrero.