Embargan más de Q300 millones a constructoras por sospechas de corrupción y lavado de dinero

El Ministerio Público (MP) logró la inmovilización de más de Q300 millones de las empresas Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A. por sospechas de transacciones hacia paraísos fiscales.

César Pérez Marroquín

5 de marzo de 2025

|

22:24h

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Sede central del MP en el barrio Gerona en la zona de la capital. (Foto: Hemeroteca PL)

Al menos Q300 millones de ambas constructoras fueron inmovilizados a solicitud de la Fiscalía de Extinción de Dominio, debido a posibles transacciones millonarias hacia territorios considerados paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, informó este miércoles 5 de marzo el MP.

Según la institución, las diligencias preliminares de investigación se iniciaron tras denuncias presentadas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que recibió dos alertas de transacciones sospechosas vinculadas a estas compañías.

“La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se decretaran medidas cautelares de embargo, gracias a las cuales se inmovilizaron más de Q300 millones que se encontraban en cuentas bancarias de Sigma Constructores, S. A. y HW Contractors, S. A.”, informó el MP.

Según la Fiscalía, las alertas de la IVE señalaban que ambas empresas efectuaban “transacciones financieras millonarias con la finalidad de trasladar el dinero hacia territorios catalogados como paraísos fiscales, entre ellos, las Islas Vírgenes Británicas”.

Por lo anterior, las autoridades investigan la posible comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero u otros activos, ya que estas compañías han recibido fondos del Estado de Guatemala.

Además, el MP explicó que las medidas cautelares de embargo fueron solicitadas ante el Juzgado de Extinción de Dominio, pero la jueza a cargo las denegó. Ante ello, la Fiscalía presentó un recurso de apelación y la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió a su favor, ordenando la inmovilización de los fondos para que el MP desarrolle las diligencias de investigación correspondientes.

MARN suspende licencia ambiental al proyecto minero Sechol en Panzós

El Ministerio de Ambiente decidió suspender de forma temporal la licencia ambiental al Proyecto de Extracción Minera Sechol.

César Pérez Marroquín

13 de diciembre de 2024

|

20:16h

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Mayaniquel posee la licencia para el proyecto de extracción Minera Sechol, ubicado en el área de Panzos, Alta Verapaz, que se observa en la foto de archivo, pero suspendió operaciones- (Foto, Prensa Libre: Mayaniquel).

Debido al incumplimiento de compromisos ambientales, el MARN suspendió de forma temporal la licencia ambiental al Proyecto de Extracción Minera Sechol, en Panzós, Alta Verapaz, informó este viernes 13 de diciembre la cartera en un comunicado.

De acuerdo con el MARN, la suspensión de dicha licencia se debe a que el proyecto incumplió con los compromisos ambientales establecidos.

“El MARN informa la suspensión temporal de la licencia ambiental del Proyecto de Extracción Minera Sechol de la entidad Mayaniquel, S.A., ubicado en Panzós, Alta Verapaz, por incumplimiento de compromisos ambientales establecidos en la resolución de aprobación de su instrumento ambiental”, detalla el comunicado.

Agrega que, además, se le impuso una multa por incumplir los compromisos ambientales de Q2 millones 649 mil 642.

“Estas medidas buscan que la empresa cumpla con los compromisos ambientales adquiridos”, dice el documento.

Concluye: “De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, la licencia ambiental puede suspenderse temporalmente por incumplimiento compromisos ambientales adquiridos”.

Construcción del Puente Belice II queda suspendida temporalmente

La empresa Grupo Muratori, S.A. fue notificada por el CIV que debe suspender los trabajos de construcción del Puente Belice II.

César Pérez Marroquín

13 de marzo de 2024

|

16:05h

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Los trabajos de construcción del Puente Belice II deben ser suspendidos por orden del CIV. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ordenó la suspensión temporal de los trabajos de construcción del Puente Belice II, un proyecto por el que el Estado deberá pagar Q1 mil 785 millones, y cuya finalidad es dar fluidez al tránsito vehicular entre las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 18 y 17 de la capital.

El contrato de construcción del Puente Belice II está bajo análisis por parte de autoridades del CIV, quienes recientemente informaron que, aunque la construcción ya comenzó, aún falta el cumplimiento de varios renglones.

Dicho proyecto fue contratado bajo la modalidad de Diseño y Construcción por la Dirección General de Caminos (DGC) y fue adjudicado a la empresa Grupo Muratori, S.A., quien, de acuerdo con el CIV, no ha cumplido con dos renglones fundamentales, como lo son el movimiento de postes de alta tensión y el derecho de vía para poder construir.

De esa cuenta que la cartera de Comunicaciones le ordenó a dicha compañía que suspenda de manera temporal la edificación de la obra, mientras avanzan los procesos de revisión técnica, financiera y tiempos de ejecución.

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Un oficio firmado por el viceministro de Comunicaciones, Axel René Bautista López, y dirigido a Foscolo Liano Quezada, representante legal del Grupo Muratori, S.A., señala que, por instrucciones de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, se ordena suspender los trabajos de construcción del puente, ubicado en la 20 avenida y 1ª calle de la zona 6 de la capital.

“Conforme a la reunión sostenida el 20 de febrero de 2024, sobre aspectos esenciales del proyecto, se considera conveniente, que deben suspenderse temporalmente a partir de la notificación respectiva, los trabajos de ejecución del proyecto Diseño y Construcción Puente Vehicular Belice II”, señala el oficio.

Agrega que esa decisión fue tomada con base en “las revisiones técnicas, financieras y tiempo de ejecución que llevan a cabo por la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda”.

Añade que al concluir esos procesos “se le estará informando” a la empresa.

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Detalles

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) y la Municipalidad de Guatemala oficializaron el 13 de noviembre el inicio de los trabajos de construcción del Puente Belice II, un proyecto de grandes dimensiones en el que se invertirán Q1 mil 785 millones y que tiene como objetivo interconectar varias zonas de la capital y convertirse en una salida alterna hacia la ruta al Atlántico.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el Puente Belice II y sus aproximaciones dará fluidez al tránsito vehicular entre las zonas 1, 2 y 6 con las zonas 18 y 17, así como a los tiempos de traslado de las zonas 4, 8, 9, 12, 13 y 21 de la capital; además, tendrá una salida alterna para la ruta al Atlántico.

La edificación de dicho paso comenzó en la 20 avenida y 1ª calle de la zona 6 de la capital, donde autoridades ediles y de la cartera de Comunicaciones dieron a conocer el impacto que dicho proyecto tendrá respecto a la conectividad con el área norte de la Ciudad y la ruta al Atlántico.

Se trata de un puente bimodal, un concepto que permitirá atender transporte vehicular en la parte superior con cinco carriles, y transporte masivo de personas en la inferior con el proyecto Metro Riel, aunque esta modalidad será en el futuro.

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La estructura del puente es tipo Warren, una armadura que se utiliza para puentes de vano largos y viga de celosía sencilla, como se le conoce al sistema triangulado compuesto por elementos estructurales rectos e interconectados.

Las dos pilas o bases de soporte tendrán unos 90 metros en la parte más alta. La característica novedosa es que consta de dos niveles para el desplazamiento vehicular.

El piso superior tendrá cinco carriles (2 por sentido y uno de servicio para atender flujos vehiculares o servicios de ambulancia, policía u otros), mientras que el nivel inferior servirá para el paso de transporte público masivo.

Tendrá dos vías con un carril, cada uno para uso del Transmetro y, en un futuro para ser utilizada por un tren ligero de superficie (Metro Riel), según comentó anteriormente, Foscolo Liano, CEO del Grupo Muratori. S.A.

“La leche materna es el estándar de oro de la alimentación infantil, ya que proporciona al lactante todos los nutrientes y vitaminas que necesita para su desarrollo. NutriBaby no sustituye la lactancia materna, sino que ayuda a fortalecer esos nutrientes para un crecimiento saludable”, indicó Rubén Cross, gerente general de Laboratorios Siegfried para Centroamérica y Caribe.

NutriBaby cuenta con un amplio portafolio con beneficios simbióticos que nutren, cuida y acompaña el desarrollo de los infantes. Dentro de los beneficios de este producto es el fortalecimiento al sistema digestivo, previene infecciones, desarrolla defensas y ayuda a prevenir alergias.

“Nuestra marca cuenta con 10 años de experiencia a nivel latinoamericano y es fabricada en Argentina con los más altos estándares de calidad”, finalizó Cross. NutriBaby forma parte de la unidad de negocios de Siegfried Nutrition, esta empresa comenzó operaciones en Panamá en el 2018 y poco a poco se ha consolidado en la región centroamericana y el caribe.

“Hoy queremos hablar sobre las adjudicaciones que la han hecho a La Botica. Usted -ministro Francisco Coma- estuvo presente en las discusiones que se dieron cuando se planteó el tema de la ley de emergencia, y pese a eso se ha generado una especie de monopolio en la distribución de medicamentos y el remdesivir es uno de ellos”, dijo el diputado Orlando Blanco, presidente de dicha comisión parlamentaria

Según Blanco, en lo que va del año la empresa La Botica, S.A, “que todos sabemos de quién es. Es de una persona allegada al conviviente del presidente -Alejandro Giammattei-, el señor -Miguel- Martínez, y ha recibido 943 contratos por un monto de Q84 millones y todo esto porque se le ha facilitado todo el carril para que corra él solo”.

“Este señor va a convertirse en el próximo Gustavo Alejos de los medicamentos, esa es la ruta que él lleva. Ahora resulta que todo el que quiera vender en el Estado tiene que pasar por él, así como pasaba con Gustavo Alejos en el pasado”.

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Agregó que hasta el año pasado “había una empresa que tenía el registro -para el remdesivir-, para distribuirlo, lo cual era malo. Ellos -La Botica S.A.- se dieron cuenta y entonces metieron su registro, se los aprobaron express, cosa diferente a lo que ha ocurrido con otras empresas, a las cuales les ha pedido otro tipo de requerimientos, y a partir de este año pues casi todo el medicamento remdesivir se le ha comprado a esta empresa”.

Explicó que hay cuatro eventos que suman unos Q17 millones entre octubre y noviembre del Ministerio de Salud, entre estos hay Q6.2 millones en el Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa, Q7.2 millones en el Hospital Hermano Pedro de Betancourt.

“Hemos visto cómo se ha manipulado el proceso para beneficiarlos a ellos -La Botica S.A.-, por ejemplo, esta empresa Aviv, que tenía el monopolio estaba ofertando a Q2 mil 500 el tratamiento y La Botica lo que hizo fue bajarle Q5, a Q2 mil 495 el tratamiento y a ellos se les adjudica a pesar de que ha habido otras empresas que han ofertado a Q2 mil 200 e incluso, a Q1 mil 800 el tratamiento”, refirió Blanco.

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Además, dijo que a La Botica la semana pasada el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le adjudicó una compra por Q39 millones, pese a que había ofertas más baratas, lo que fue confirmado por autoridades del IGSS, pero justificaron que fue porque muchas empresas no tenían en registro necesario.

Blanco también agregó que algunos hospitales nacionales fraccionaron las compras de medicamentos para beneficiar a la empresa La Botica y que hay “mafia” en los registros sanitarios “y es allí donde se aceleran o se entorpecen los procesos”.

Confirman diligencias

Durante la citación, las autoridades de Salud, encabezadas por el ministro Francisco Coma, reconocieron que desde el 3 de noviembre pasado se solicitó una auditoria a la Unidad de Regulación del Ministerio de Salud, en busca de “tener transparencia en lo que está pasando en el Departamento de Medicamentos y los auditores ya deben estar presentes allí y están trabajando en eso, y lo han visto con la viceministra técnica que mientras no rompan el ciclo de la relación de persona con persona en el proceso de asignación de licencias esto podrá seguir siendo una fuente difícil de controlar”.

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Además, la viceministra técnica, Leslie Samayoa, confirmó que en el Departamento de Medicamentos hay una auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas; además, confirmó que han sido objeto de otras auditorías y que el Ministerio Público ha secuestrado varios expedientes, “se ha llevado copias de expedientes de productos emergentes”.

En cuanto al registro sanitario Samayoa señaló: “el registro de todos los productos emergentes se otorga con el análisis post comercialización y eso significa que se les otorga el registro únicamente con la evaluación y el análisis se toma de la primera importación de productos entonces todos estos productos son analizados con las muestras que van a ser distribuidas a la población”.

Agregó que “estamos implementando una plataforma con cooperantes con Banco Mundial y Usaid para proporcionar transparencia y trazabilidad y evitar la discrecionalidad de los evaluadores”.

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En tanto Natalia Marroquín, del Departamento de Medicamentos, dijo que todos los productos emergentes para tratar covid entran bajo una norma y conforme a la ley de emergencia por el coronavirus y en 15 días deben tener resolución del departamento.

Agregó que, según la norma técnica 83 vigente, “todos estos productos son recibidos sin análisis de Laboratorio Nacional de Salud”, lo que quiere decir que entran al Departamento, se les entrega el registro sanitario si cumplen con todos los requisitos establecidos y posteriormente con la primera importación se requieren las muestras para el laboratorio”.

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“Luego de conocer lo expuesto referente a la propuesta de inversión hecha por la entidad Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno y conocida en sesión de junta directiva número 54-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de Junta Directiva en funciones somete a votación del Pleno (…) la propuesta de inversión citada, por lo que los miembros de la Junta Directiva luego de efectuar la discusión y el análisis correspondiente por unanimidad emiten el siguiente: Acuerdo No. 02-A/59-2021: 1). Denegar y en consecuencia no ha lugar por no convenir a los intereses económicos y de desarrollo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla”, señala una certificación firmada por Luis Felipe Sánchez González, secretario general de la junta directiva de la Empornac.

Minutos después, personeros de Empornac confirmaron que rechazaron la solicitud, pero no dieron mayores detalles al respecto de la decisión.

Además, el lunes 30 de agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó a la Empornac analizar la pertinencia del contrato a suscribir, pues las características del procedimiento apuntan a que se trata de una concesión y no de un arrendamiento.

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La intención de arrendamiento para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel en el muelle comercial fue presentada por la empresa Atlantic Bulk, S. A., confirmó hace unos días Rodolfo Letona, viceministro de Comunicaciones y presidente en funciones de la Empornac.

“El lunes 9 de agosto, la empresa Atlantic Bulk, S. A., presentó una propuesta ante la Junta Directiva de Empornac. Esta propuesta se dio por conocida y recibida, y se trasladó a la gerencia para su debido análisis jurídico, técnico y catastral”, precisó el funcionario.

Para el miércoles están citados personeros de la Empornac en el Congreso para explicar sobre el contrato de arrendamiento que se pretendía suscribir.

Sospechas

La bancada de la UNE aseguró que una de las firmantes de la carta de solicitud de operaciones, Marina Pozzi-Pedulla, fue rastreada por ellos y descubrieron que en Luxemburgo “los acusan de ser rusos disfrazados de suizos”, y que tienen una alerta por estafas a empresas.

Aseguraron que, de hecho, el “gigante de seguros Lloyd´s” los acusó de estafadores en mayo de 2018, cuando emitieron documentos falsos para adquirir seguros de garantía.

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Dijeron que la compañía en cuestión se trataba de una empresa suiza registrada en Rusia y que era parte del consorcio suizo.

Acompañaron a delegación

El ministro de Economía, Antonio Malouf, admitió que una delegación de Europa vino al país porque estaban interesados en invertir. Aseguró que él los acompañó a Petén, pero expresó que no sabía el medio en el que se habían transportado.

Al consultarle si eran rusos, el funcionario dijo que “no tenía los pasaportes a la mano” para saber de dónde venían, pero sabía que eran europeos y formaban parte de una empresa que trabaja aquí en Guatemala.

“La empresa suiza tiene una mina que produce níquel y ese níquel debe de salir del país“, expresó.

“La primera fundadora de Mary Kay en Guatemala fue mi madre, la señora Elvira Viuda de Aceituno y mis hermanas, María Eugenia Aceituno y Alice Javierh. Conocimos la empresa Mary Kay Cosmetics en Estados Unidos y vimos que era una gran oportunidad para las mujeres de descubrir todo su potencial”, comentó Sonia E. Aceituno, presidenta de Inversiones Masdel S.A.

Mary Kay es una empresa fundada por la señora Mary Kay Ash, una mujer y líder que tenía el sueño de crear oportunidades únicas para las mujeres, para que se pudieran desarrollar a nivel personal y profesional.

“Nos llamó la atención la excelente calidad del producto y ver a tantas mujeres exitosas siendo felices y reconocidas por sus logros. De inmediato supimos que queríamos eso para las mujeres guatemaltecas y más adelante, para las mujeres salvadoreñas”, finalizó Aceituno.

Bajo esta filosofía nació Mary Kay Cosmetics en Dallas, Texas, Estados Unidos, para empoderar, enriquecer y transformar la vida de mujeres, brindándoles la oportunidad de iniciar sus negocios y generar sus propios ingresos.

“Uno de los retos más grandes fue introducir una nueva forma de trabajar que le permitiera a las mujeres poder establecer sus metas, ser sus propias jefas y poder coordinar sus actividades de acuerdo a sus prioridades”, indicó Sonia E. Aceituno.

Esos mismos ideales tenía Inversiones Masdel, S.A. eso le permitió convertirse en distribuidor exclusivo de Mary Kay Guatemala y el Salvador. Más de 3 décadas han pasado desde el inicio de esta increíble historia de crecimiento para miles de mujeres guatemaltecas y salvadoreñas.

“Queríamos replicar ese sueño que vimos en Estados Unidos en nuestro país, donde las condiciones eran muy diferentes. Ante cada obstáculo pudimos salir adelante, nunca nos dimos por vencidas y seguimos confiando en Dios y creyendo que podemos lograr todo lo que nos proponemos”, finalizó E. Aceituno.

El evento de inauguración de Mary Kay en Guatemala se dio un 4 de julio de 1991, y la primera venta se logró 9 días después, por medio de Inversiones Masdel, S.A. con 12 mujeres que creyeron en el sueño y se convirtieron en las primeras Consultoras de Belleza Independientes.

Este proyecto se realizará por medio de una serie de capacitaciones sobre recetas nutritivas, que permitirá generar una nutrición saludable en los menores de edad y familias a través del acceso a una alimentación saludable. El programa beneficiará a 53 familias de comunidades en Jocotán, Chiquimula, alcanzando alrededor de 205 niñas y niños.

“Para mí los talleres de capacitación sobre los alimentos nutritivos son de mucha importancia, porque solo así́ tendremos conocimientos para elaborar alimentos para que nuestros hijos e hijas y sobre todo que estén bien alimentados”, expresó Bertalina Ramírez López, presidenta del Comité de Familia Tierra Blanca Programa Jocotán.

En el lanzamiento de este programa, se realizó una capacitación en elaboración de recetas nutritivas con los productos que Central de Alimentos, S.A. se contó con la presencia de representantes del comité de familia y consejo Comunitario de Desarrollo Cocode.

“Es una necesidad básica en la comunidad que beneficiará a los padres de familia con los talleres, y como miembro del COCODE nos parece bien que las intuiciones se interesen en la nutrición de nuestros niños y niños adquiriendo nuevos conocimientos” indicó Marco Antonio García Díaz, presidente del COCODE de Tierra Blanca.

• Que la medida de intervención decretada y ejecutada deriva de una auditoría llevada por la Superintendencia de Adminis­tración Tributaria -SAT-, por el período comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016.
• Que la auditoría realizada se concentró en muestras médicas que la entidad importó para sus proveedores durante el período anteriormente relacionado.
• Que las muestras médicas ingresadas a Guatemala cumplieron con todas las exigencias indicadas en el artículo 117 del Código Aduanero Centroamericano -CAUCA- y 597 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano -RECAUCA-.
• Que derivado del volumen de muestras médicas importadas, la autoridad presumió que pudo haber existido una venta de dichas muestras sin haber realizado la facturación aplicable y ello derivó en la posibilidad de omisión del pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA- e Impuesto Sobre la Renta -ISR- por parte de la entidad Agencias J.I. Cohen, S.A.
• Que la totalidad de muestras médicas importadas durante los años 2014, 2015 y 2016 fue entregada a los proveedores corre­spondientes para quienes fueron importadas.
• Que la entidad Agencias J.I. Cohen, S.A., no ha realizado ninguna venta relacionada a muestras médicas.
• Que cada uno de los proveedores para quienes fueron importadas las muestras médicas en los años 2014, 2015 y 2016, emitió una constancia escrita de la recepción de la totalidad de los montos exactos importados de muestras médicas. Dichas constan­cias fueron presentadas ante la autoridad correspondiente en octubre del año 2020.
• Que estamos conscientes que “la acción realizada se encuentra dentro de los objetivos de la Administración Tributaria en cuanto a velar por el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, dentro de un marco de legalidad y respeto del principio jurídico del debido proceso”, por lo cual estamos brindando toda la colaboración para validar cada una de las pruebas de descargo presentadas que demuestran que no existió ninguna venta de muestras médicas.
• Que al momento de ejecutar la medida de intervención, el monto supuestamente defraudado ya se encontraba embargado en su totalidad por los distintos bancos del sistema en los cuales la entidad Agencias J.I. Cohen, S.A., posee cuentas bancarias.
• Que de acuerdo con el comunicado de la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público de fecha 3 de abril de 2019, en el cual indica, entre otras cosas, que: “… es obligación y responsabilidad del Fiscal General de la República de Guatemala y Jefe del Ministerio Público someter cualquier expediente bajo investigación al adecuado análisis de las plataformas fáctica, jurídica y probatoria, con el fin de que los mismos se encuentren debidamente justificados para su judicialización, velando por la objetividad e imparcialidad.’; “La mayor responsabilidad del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Púbico es presentar casos con objetividad, calidad técnico-jurídico y con los elementos probatorios que refuercen la hipótesis fiscal.” “es irresponsable judicializar un caso, sin el debido análisis técnico y jurídico o por presiones de cualquier naturaleza.”, estamos seguros que el Ministerio Público hará el respectivo análisis técnico-jurídico en base a los elementos probatorios aportados, velando por la objetividad e impar­cialidad.
• Que estamos convencidos que la verdad y la justicia prevalecerán y que todo quedará debidamente aclarado.

Guatemala, mayo 2021.

CAMPO PAGADO

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Expresó que el 30 de julio de 2014 la Dirección General de Caminos suscribió el contrato 047-2014-DGCCONSTRUCCIÓN con la Constructora Nacional Sociedad Anónima (Conasa), por un valor de Q312 millones 997 mil 671.55, pero este se modificó en 17 veces, se pagaron otros Q74 millones 205 mil 487.80, por lo que el costo total de la obra subió a Q387 millones 203 mil 159.35.

Agregó que el 13 de noviembre de 2017 se suscribió otro contrato modificatorio por la suma de Q64 millones 533 mil 855.20 por lo que el valor del libramiento llegó a los Q451 millones 737 mil 014.55.

Según el MP, la Ley de Contrataciones del Estado le impedía a Conasa participar en una segunda licitación para concluir dos kilómetros del libramiento que estaban pendientes, pues había llegado al límite máximo para las modificaciones que pueden realizarse en relación con el valor inicial de la adjudicación.

Además, porque las nuevas Bases de Licitación que fueron diseñadas por la Dirección General de Caminos, se establecía esta limitante para las entidades cuyos personeros estuviesen vinculados en casos que se llevaran en los tribunales de Justicia del país, como era el caso de Juan Luis Tejada Argueta, quien fungía como gerente general y representante legal de Conasa, vinculado al Caso denominado Construcción y Corrupción.

Las anomalías

• Según el MP, debido al impedimento de Conasa, se constituyó la Sociedad Anónima denominada Renova Ingenieros, S.A., para poder concursar en los futuros eventos de contrataciones estatales para la ejecución de obras públicas, pero cuando se creó el 28 de marzo de 2017 el objeto social estipulado en su constitución no se hacía referencia a la construcción de carreteras.
• Los socios fundadores de Renova eran Alejandro Díaz Bonatti y Otto David Ortiz Aldana con un capital autorizado de Q2 millones y el capital suscrito y pagado fue únicamente de Q9 mil 500.Una de las anomalías que encontró el MP es que el 4 de octubre de 2017, Díaz Bonatti, en su calidad de representante legal de Renova Ingenieros S.A. requirió los servicios de una notaria para modificar la escritura social de la empresa, aumentó el  capital autorizado a Q27 millones y puso como la actividad principal a la construcción.
• Según el Ministerio Público, eso fue pensando en su futura participación en la licitación del tramo de construcción del Libramiento, pues el 14 de septiembre de 2018, cuando faltaban aproximadamente 3 meses para que se produjera la participación de Renova en la licitación pública se nombró a Carlos Enrique Figueroa Ravanales como representante legal de esa empresa.
• Otra anomalía que halló el MP es que las bases de la licitación pública fueron adecuadas “artificiosamente” para propiciar y facilitar la participación de Renova Ingenieros S.A., en el concurso, pues como se sabía que esta no poseía la capacidad económica necesaria se abrió la posibilidad de que se pudiese asociar con otra empresa que sí tuviera los recursos y la logística para la ejecución del proyecto. Renova concursó y le fue adjudicada de forma fraudulenta la obra, sin haber acreditado la existencia de contrato de participación con alguna otra empresa, resalta el MP.
• Una de las principales irregularidades que según el MP detectó la Fiscalía contra la Corrupción fue que Renova Ingenieros, S.A., no fue inscrita dentro del Registro de Precalificados de Obra del Ministerio de Comunicaciones, pues su limitada capacidad económica y logística le impidió dictamen técnico favorable.
• En la investigación se determinó que Renova presentó una constancia de inscripción ante el Registro de Precalificados de Obras del CIV, en la cual se indicaba falsamente que poseía una capacidad económica anual de hasta Q302 millones 548 mil 694.27; sin embargo, al verificarse el número de resolución del documento se constató que el mismo corresponde a otra entidad mercantil y por lo tanto la constancia era falsa.
• Renova no tenía la capacidad económica para participar en la licitación del libramiento de Chimaltenango, pues en una certificación bancaria se establecía que el saldo promedio de los últimos meses era de 6 cifras bajas (es decir una cantidad igual o menor a los Q500 mil). Además, en la declaración trimestral del Impuesto Sobre la Renta, del periodo de julio a septiembre del año 2018, se reportó una pérdida fiscal acumulada de Q1 millón 346 mil 490.58.Según el MP dicha empresa reportaba dentro de sus planillas ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social únicamente 11 trabajadores, además de no poseer la maquinaria y logística necesaria para la ejecución del Proyecto Vial.
• La Junta de Licitación, integrada por Gustavo Alejandro Fong Araujo, Mario Alberto Rojas Alvarado y Mayra Alejandra Gordillo Mendoza, adjudicaron fraudulentamente el evento al único oferente participante en la licitación, es decir a la entidad Renova Ingenieros S.A., pese a haber tenido a la vista la documentación que demostraba que la constructora participante carecía de la capacidad económica y logística para la ejecución del proyecto y no poseer la inscripción en el registro de precalificados.
• El MP considera que la junta debió rechazar la oferta presentada por Renova ante el incumplimiento de requisitos fundamentales para su participación y por no ser conveniente para los intereses del Estado; sin embargo, pese a tales circunstancias, a través de las Actas 089- 2018 y 098-2018, de fechas 17 y 31 de diciembre de 2018, por unanimidad resolvió adjudicar el evento al contratista referido, por una cantidad inicial de Q77 millones 798 mil 535.34.
• José Luis Benito Ruiz, quien era el Ministro de Comunicaciones, a través de la resolución SA-859-2018, del 31 de diciembre de 2018, aprobó la actuación, que el MP califica de fraudulenta, de la junta de licitación y adjudicó el proyecto a una entidad mercantil que no poseía la capacidad financiera para la ejecución de la obra y que además habría incumplido con requisitos fundamentales establecidos en las bases del concurso. El 16 de enero del año 2019 se suscribió el contrato para el proyecto.

Anomalías técnicas en el libramiento de Chimaltenango

• Según el MP, se firmó el acuerdo de trabajo extra número 1 entre el Estado y Renova, para la construcción del muro de suelo enclavado por un valor de Q15 millones 170 mil 643.50, pero se detectaron fallas notorias en el recubrimiento de los taludes, particularmente a inmediaciones del kilómetro 61 del tramo carretero en donde se han producido deslizamientos de tierra, según ellos como consecuencia de las deficiencias constructivas detectadas por los Ingenieros expertos de la Contraloría General de Cuentas.

• El recubrimiento de concreto en ese muro debió ser colocado en dos capas (la primera con espesor de 6 cm y la segunda de 5 cm para un total de 11 cm); sin embargo, el espesor medido y comprobado en las visitas técnicas efectuadas, oscila únicamente entre los 4 y los 7 centímetros.

• El drenaje horizontal de los taludes presenta una longitud interna de drenado relativamente corta con respecto al volumen del talud a drenar. También hay diferencia entre las especificaciones con las que cuenta la Dirección General de Caminos, pues en ellas se indica que la colocación de la electromalla se hará utilizando ganchos con una longitud no menor de 75 centímetros para asegurarla, habiéndose establecido en los planos de la obra una longitud de la varilla de 1 metro.

• Con relación a los espaciamientos horizontales y verticales de tales inclusiones, al efectuarse las verificaciones de campo fueron observadas distancias de 1.60 metros entre cada una, en tanto que la distancia especificada en los planos era de 1 metro. Asimismo, las varillas de hierro de ½ pulgada no tienen recubrimiento con pintura anticorrosiva y tampoco se observaron evidencias de la existencia de las varillas que debían usarse como uniones longitudinales en las mencionadas inclusiones.

• La electromalla verificada por los expertos de la Contraloría General de Cuentas posee un diámetro de 2.9 milímetros, mientras que en las especificaciones generales y en los planos de la obra se establecía que debían utilizarse con un diámetro de 6.2 milímetros.

• Según el MP, los integrantes de la Comisión de Auditores Gubernamentales nombrados por la Contraloría General de Cuentas hicieron constar la inexistencia de documentación legal, suficiente y pertinente, que pudiese avalar los decrementos relativos a la disminución de calibre, longitud y espaciamientos de los materiales utilizados en el muro.

• Se pudo determinar que en las estimaciones de trabajo se consignó el valor del metro cuadrado de la electromalla calibre 3/3 a un costo de Q133, mientras que los costos cotizados por el equipo de Auditoría para el mismo material de calibres 3/3 y 10/10, es de Q29.10 y Q9.62 respectivamente, poniéndose de manifiesto la posible sobrevaloración de costos.

• Para el Ministerio Público, las fallas e inconsistencias antes descritas evidencian la ejecución de una obra de mala calidad así como la utilización y colocación de materiales de inferior calidad, longitud y diámetro en relación a los que debían emplearse conforme a los planos del proyecto, circunstancias que en todo caso, no fueron advertidas ni corregidas oportunamente por los funcionarios y empleados de la Dirección General de Caminos.

• Además, que Renova no ejecutó los renglones de trabajo conforme a las especificaciones generales para la Construcción de Carreteras y Puentes, ni tampoco conforme a los planos de la obra pública lo que ocasionó un serio detrimento a los intereses económicos del Estado, por una cantidad estimada de Q. 15,170,643.60.

• Agrega que la Contraloría General de Cuentas, al practicar la auditoría del proyecto de forma integral, estableció que en cuatro de las Estimaciones de Trabajo que sirvieron de base para la realización de los desembolsos monetarios a las entidades constructoras se insertaron datos falsos y se hicieron pagos anticipados e improcedentes por la cantidad de Q5 millones 963,749.60 a los Contratistas del Estado.

• Otras de las falencias detectadas en las distintas fases de la ejecución del proyecto fueron las distintas modificaciones realizadas al trazo de la línea central que inicialmente se tenía previsto para la carretera, y para el cual ya se habían realizado los estudios hidrológico e hidráulico correspondientes; lo anterior, como consecuencia de no haber adquirido previamente el derecho de vía en los terrenos necesarios para la construcción y además se incumplió con la elaboración de los nuevos análisis para determinar las condiciones del suelo, así como para establecer los dimensionamientos y los trabajos que eran necesarios para garantizar la estabilidad de los taludes.

• El MP también refirió que hubo carencia de una adecuada supervisión de la ejecución de la obra, causada por la recisión del contrato con Ingeniería y Arquitectura Tekton.
• Las investigaciones revelaron que Renova recibió Q90 millones 406 mil 091.97 provenientes de la Tesorería Nacional, derivado del Contrato para la ejecución del libramiento de Chimaltenango, y de esos fondos, el 98.45%, es decir Q89 millones 013 mil 500, fueron a parar a cuentas de Conasa, proveniente de una serie de transferencias realizadas durante el año 2019 desde las cuentas bancarias de Renova.

El Estado delegó función pública a Conasa

• En la presentación del MP, resalta que dentro de los principales actos ilegales perpetrados durante la ejecución del libramiento de Chimaltenango, el equipo de auditoría gubernamental de la Contraloría estableció que arbitrariamente se produjo la delegación de una función pública en Conasa, pues esa entidad mercantil fue la encargada de realizar las gestiones de adquisición del derecho de vía del proyecto, cuando era obligación de la Dirección General de Caminos.
• Conasa recibió de Caminos, según el MP, Q56 millones 917 mil 274.61 y de esa suma Q39 millones 091 mil 534.76 (sin incluir el iva) fueron utilizados para el pago de las indemnizaciones por la adquisición de los terrenos por donde pasaría la carretera, mientras que un 30% de los fondos públicos erogados, es decir Q13 millones 134 mil 755.68 fueron para Conasa bajo el concepto de gastos administrativos, que según el ente investigador eran innecesarios pues Caminos debía hacer ese trabajo.

Pagaron por terrenos que no existían

• Funcionarios del Ministerio de Comunicaciones consintieron la sustracción de la cantidad de Q.15,388,357.35, según el MP, pues se conformaron 12 expedientes administrativos falsos para que se hicieran pagos por concepto de indemnizaciones por expropiación de 12 terrenos por los cuales pasaría el libramiento.

• Se detalla que había 471 expedientes de propietarios de terrenos que sí iban a ser expropiados de sus tierras para el libramiento y que iban a recibir la indemnización, pero utilizando la información de estos copiaron planos de ubicación, registro y las coordenadas de localización para hacer otros 12 expedientes falsos.
• La investigación señala que Vilma Patricia Duque Estrada, en su calidad de Secretaria Accidental de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, insertó información falsa en 12 certificaciones extendidas por ella, en expedientes administrativos para adquisición de áreas de derecho de vía del proyecto de construcción del Libramiento de Chimaltenango, que llevaron a un perjuicio económico al Estado por la cantidad total de Q15 millones 388 mil 357.35 que corresponde al total de los pagos indebidos efectuados a las distintas personas individuales que figuran en cada expediente como supuestos poseedores.
• Los supuestos dueños de terrenos fueron identificados como Rosa Isabel Caal, Herber Geovanni Cahuec Velásquez, Reina Maribel López Tuluc de Álvarez, Cristian Steven Martínez Yos, Estiben Alexander Mérida Mayén, Francisco Monzón Cute, Joel Olcot Burrión, Josué Venancio Orellana Sabán, Wilson Ottoniel Puac Joj, Rafael Sajbochol Sisimit, Carlos Alfredo Sicay y Diego Estuardo Sicay Puac, varios de los cuales fueron capturados este viernes 10 de julio.

Conasa responde

La Constructora Nacional Sociedad Anónima emitió un comunicado en el que expresa su postura sobre las diligencias que se llevaron a cabo por el Libramiento de Chimaltenango.

Según Conasa, el fiscal a cargo de ha sostenido que solicitó la captura de uno de los representantes legales de Constructora Nacional, Sociedad Anónima (Consa), de quien la propia fiscalía está plenamente enterada fue diagnosticado con quebrantos de salud y está bajo medidas sanitarias estrictas, ya que la semana pasada el abogado de la empresa informó y justificó a la fiscalía el diagnóstico.

Añade que al momento se desconocen los motivos de las aprehensiones y los señalamientos individuales, pero se han indicado una serie de ilícitos sobre los cuales esta entidad prestará toda colaboración para que sean esclarecidos.

El documento menciona que en dos ocasiones anteriores la empresa ha señalado de forma pública, que ha colaborado con las autoridades, entendiéndose por autoridades la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, poniendo a su disposición toda la documentación que incluye informes técnicos, legales y de soporte, así como la contabilidad de Conasa.

Expresa que en reiteradas ocasiones, durante meses, se solicitó a la Fiscalía la oportunidad para que el  representante legal declarara, lo cual no se materializó por “falta de tiempo” del personal del Ministerio Público y  por eso ahora les sorprende la orden de captura.

Sobre los derrumbes

Sobre los constantes derrumbes en el Libramiento de Chimaltenango, Conasa explica que los deslizamientos de tierras registrados en la obra se encuentran plenamente documentados en los expedientes administrativos respectivos, así como sus orígenes. La fuerza mayor o caso fortuito fue manifestado, de acuerdo con las cláusulas contractuales. Asimismo, se tramitan dos amparos por silencio administrativo toda vez que las autoridades no han dado respuesta a los planteamientos hechos para reparar los taludes.

Conasa rechaza que haya existido dolo o lavado de activos en una obra cuya fuente de pago es pública, y que conforme el ordenamiento jurídico es libre de contratar con otras empresas, personas y proveedores sin limitación.

Para finalizar, Conasa reitera su compromiso con las investigaciones de forma irrestricta pero dice que no deja de lamentar que el ámbito penal se utilice para la discusión de aspectos técnicos de una obra, y que esto esté sucediendo cuando siempre han colaborado y entregado la información que les  han solicitado.

El programa, que fue implementado desde 2012, contempló cinco áreas de trabajo, entre ellas el eje de salud y nutrición. Según el censo de peso y talla realizado por el Ministerio de Salud, el 78% de los niños evidenciaron desnutrición crónica en el área, por lo cual reducir estos índices se volvió un tema prioritario. En cuatro años se logró reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil en un 5.2%, lo cual se traduce a una reducción anual del 1.3%.

Para lograrlo, se desarrollaron los planes Programa de los Mil Días; Programa de Alimentación Escolar y el Programa de Mejoramiento de los Servicios Básicos de Salud. Estos programas, enfocados en educación alimentaria, fueron desarrollados por Fundación Castillo Córdova, con el apoyo de otras entidades de servicio social y empresas comerciales.

Los principales beneficiados fueron niños menores de 5 años, niños en etapa escolar y mujeres embarazadas y en edad fértil. Las acciones ejecutadas promovieron un proceso de cambio en el comportamiento relacionado con los buenos hábitos de higiene, la salud y la nutrición.

Mil Días de desarrollo

El principal propósito del Programa de los Mil Días era mejorar el estado nutricional de mujeres embarazadas, lactantes y niños de 0 a 5 años. De esta manera se cubrió la fase más importante y decisiva en el crecimiento y desarrollo de un niño, desde la etapa fetal hasta los cinco años. Con estas acciones se inició un cambio importante en el comportamiento, enfocado en la ventana de oportunidad de los mil días. Ese período, comprendido desde los nueve meses de embarazo, hasta los dos años de vida, es clave para lograr el mayor crecimiento del cerebro del niño.

Como parte de las acciones importantes del proyecto, se construyeron cinco minicentros de Capacitación y Nutrición en Tzununá. En ellos se impartieron talleres sobre temas de mejoramiento de vida, productividad y capacitaciones de cocina y nutrición a mujeres en edad fértil, lactantes y embarazadas. Las madres fueron sustentadas con Alimento Instantáneo Nef, Incaparina y menús nutritivos para mejorar su estado nutricional.

Gracias a las acciones del programa, se logró la reducción del 12% en la incidencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y ahora los niños nacen libres de desnutrición crónica en Tzununá, según las evaluaciones más recientes del Centro de Salud.

Alimentación Escolar

Para reducir la anemia y la desnutrición aguda, el Programa de Alimentación Escolar entregó refacciones a base de Protemás, Incaparina y NEF. Las meriendas escolares entregadas durante todo el ciclo escolar aportaron el 20 y 30% de los requerimientos dietéticos de energía y proteína a niños en edad escolar. Nutricionistas expertos diseñaron los menús y las madres de los niños los prepararon de manera voluntaria.

Además de la alimentación escolar, el Programa abarcó capacitaciones dirigidas a directores, maestros, alumnos y padres de familia para lograr un cambio de comportamiento en áreas de salud, nutrición y buenos hábitos de higiene. Diariamente se atendieron más de 1,100 niños de primaria y secundaria y en total se entregaron 792,000 desayunos nutritivos durante los cuatro años de operación. De esta manera se logró reducir un 8% la deserción escolar del 2011 al 2016, según el Ministerio de Educación. Entre los alcances más importantes, está también el mejoramiento de los niveles de hemoglobina, lo cual contribuyó a reducir la anemia en los niños participantes de la aldea.

Salud, una necesidad primaria

Más de 4 mil colaboradores de Cervecería Centro Americana, S.A. y sus distintas empresas colaboraron económica y voluntariamente para la construcción y equipamiento de un Centro de Salud de primer nivel en Tzununá. La Dirección del Área de Salud de Sololá también requirió un Centro de Recuperación Nutricional (CRN), el cual sirve ahora también para pobladores de las comunidades aledañas.

Otras acciones importantes de este eje fueron el incremento del personal especializado en salud para atender las áreas de pediatría, nutrición, odontología y psicología. Además se impartieron capacitaciones constantes a educadores, enfermeras y comadronas sobre el monitoreo correcto de peso y talla en niños, estimulación temprana, nutrición e higiene.

“Somos testigos de la transformación de Tzununá y eso es lo que importa más que las cifras. Nosotros facilitamos metodologías y recursos, pero ellos son los protagonistas de este gran cambio que surge del interés genuino por tener un mejor futuro”, comenta Eduardo Castillo Di Vito, director del Proyecto Tzununá.