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Caso TREP: Suspenden audiencia de magistrados del TSE por nueva recusación del MP

Por una nueva recusación presentada por el MP se suspendió la audiencia donde magistrados del TSE solicitarían el cambio de delito.

Hedy Quino y Esdras Laz

28 de octubre de 2024

|

15:31h

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Cuatro magistrados del TSE son señalados en el caso TREP, por posibles anomalías en la compra de un sistema digital que se utilizó para las votaciones 2023. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa).

Derivado a una nueva recusación presentada por el Ministerio Público (MP) se suspendió la audiencia programada para este lunes 28 de octubre en la que cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitarían cambio de delito por el caso TREP.

Los magistrados del TSE Irma Palencia, Gabriel Vladimir Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco se presentaron al Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal para solicitar que se les modifique el delito por el que fueron ligados a proceso en el caso TREP.

Sin embargo, el MP recusó nuevamente al juez que conocería la revisión de las medidas de coerción de los cuatro magistrados.

“El viejo truco de no querer celebrar una audiencia y continuar recusando como una práctica dañina para el sistema judicial, un litigio inapropiado, un litigio negro, un litigio que no corresponde a la legalidad, al espíritu del Código Procesal Penal, ese es el asunto que otra vez se suspende por recusación del Ministerio Público”, afirmó el abogado defensor, César Calderón.

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A criterio de Calderón, debido a las fiestas de fin de año, sería hasta el 2025 cuando se programe una nueva audiencia del caso TREP.

El caso TREP

Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, hay indicios de posibles ilegalidades en la compra del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que tuvo un costo de Q148 millones.

Los magistrados del TSE Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco se presentaron en tribunales el pasado 7 de marzo tras haber sido implicados en el caso y darse a conocer que tenían órdenes de captura en su contra.

Caso TREP pasa al Juzgado Segundo por excusa de jueza Karen Chinchilla

El expediente del caso en contra de cuatro magistrados del TSE fue traslado a otro Juzgado por una recusación pendiente de resolver en contra de la jueza Karen Chinchilla.

Hedy Quino y Elmer Vargas

15 de julio de 2024

|

12:29h

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El abogado defensor de los magistrados del TSE, César Calderón, explicó que el caso se envió a otro Juzgado por recusación en contra de la jueza Karen Chinchilla. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

A causa de que la jueza Karen Chinchilla, del Juzgado Duodécimo de Instancia Penal, se excusó para seguir conociendo el caso de supuestas irregularidades en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el expediente pasó al Juzgado Segundo de Instancia Penal.

El abogado César Calderón, defensa de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se encuentran sindicados en dicho proceso penal, explicó que la juzgadora decidió ya no conocer el caso porque hay una solicitud de retiro de inmunidad en su contra.

Calderón precisó que el proceso penal continúa su rumbo, ahora en manos del Juzgado Segundo. Siendo la etapa intermedia, el próximo momento procesal.

El abogado defensor indicó que la excusa de la jueza Chinchilla debía de discutirse en audiencia en una Sala de Apelaciones, pero esta instancia solo remitió el caso a otro Juzgado.

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Antecedentes del caso TREP

El Ministerio Público (MP) recusó a la jueza el 26 de marzo de 2024, y a la vez presentó una solicitud de retiro de derecho de antejuicio por la posible comisión de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.

Las acciones se presentaron basándose en una resolución emitida el 14 de marzo de 2024, en la que Chinchilla otorgó medidas sustitutivas a favor de los magistrados del TSE, quienes están bajo investigación por posibles irregularidades en la adquisición del programa TREP del proceso electoral 2023.

Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, hay indicios de posibles ilegalidades en la compra del programa informático, que tuvo un costo de Q148 millones.

Los magistrados del TSE implicados, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, Ranulfo Rafael Rojas Cetina y Mynor Custodio Franco, se presentaron en tribunales el pasado 7 de marzo tras haber sido implicados en el caso y darse a conocer que tenían órdenes de captura en su contra.

Magistrados del TSE pagan fianza de Q700 mil por medio de una póliza

Cuatro magistrados del TSE señalados en el caso TREP acudieron a una audiencia en la que se les ratificó la resolución de una sala que les prohíbe ejercer sus cargos y que le elevó la fianza de Q100 mil a Q700 mil.

César Pérez Marroquín y Rubén Lacán

12 de abril de 2024

|

19:46h

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Los cuatro magistrados del TSE que son señalados por el MP de supuestamente haber incurrido en irregularidades en la compra del sistema informático TREP que se utilizó en las elecciones generales del 2023 acudieron a una audiencia en el Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son investigados por su supuesta implicación en irregularidades en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) por Q148 millones, pagaron este viernes 12 de abril la fianza de Q700 mil que les impuso una sala de Apelaciones.       

Los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas se presentaron este viernes a una audiencia en el Juzgado Pluripersonal Duodécimo de Primera Instancia Penal, donde se les confirmó la resolución de una sala de Apelaciones que dictó un fallo favorable a una apelación del Ministerio Público (MP) contra las medidas sustitutivas con las que los togados habían sido beneficiados.

Los magistrados del TSE señalados entregaron una póliza de pago para cumplir con los Q700 de caución económica que ordenó la Sala Primera Penal, según el togado Mynor Franco.

“No contamos con los fondos, pero la ley permite que por medio de una póliza podamos garantizar ante la jueza y eso es lo que estamos haciendo”, reiteró Franco.

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En primera instancia, la jueza Karen Chinchilla ligó a proceso por el delito de fraude a Palencia, Franco, Aguilera y Rojas; además, la jueza dictó falta de mérito a favor de Palencia por el delito de abuso de autoridad.

La jueza había impuesto una medida sustitutiva de Q100 mil a cada magistrado, para que pudieran obtener libertad mientras se continuaba con el caso y pudieran continuar con sus funciones en el TSE.

Sin embargo, la Sala Penal resolvió parcialmente con lugar el recurso del MP y adicionó que los magistrados tienen prohibición de continuar ejerciendo sus cargos en el TSE hasta que resuelvan su situación legal; además, se les prohíbe comunicarse con empleados y presentarse a sedes de la institución electoral.

También modificó la caución económica de Q100 mil a Q700 mil para cada magistrado. La resolución también revocó el beneficio de falta de mérito dictado a Irma Palencia por el delito de abuso de autoridad.

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Según la resolución, los magistrados suplentes deberán integrar el Pleno.

Critica resolución

Franco calificó como “una aberración jurídica” la orden de la Sala Primera Penal.

“Me parece una aberración jurídica, tanto esto -la fianza- como el proceso que tenemos, pero tenemos que respetar, se excedieron en sus funciones”, detalló.

“El Tribunal está paralizado y espero que no avancen algunas cuestiones que se han venido haciendo de mala fe (…) que por la vía penal pretendan violentar el proceso democrático es lamentable, nosotros como magistrados enfrentamos esta situación (…) tenemos nuestras estrategias de trabajo, de lucha legal, sabemos que tenemos un sistema adverso, pero estamos dando la cara”, dijo Franco.

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El MP emitió órdenes de captura contra los magistrados el 11 de enero pasado. Fueron despojados de su derecho de antejuicio durante una sesión en el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2023.

El sistema Trep tuvo un costo de Q148 millones que, a consideración de la Contraloría General de Cuentas, habría sido sobrevalorado.