Parientes y amigos de Roberto González, uno de los 19 guatemaltecos muertos en un incendio en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, México, aún no dan crédito de la tragedia que les ha tocado vivir desde el pasado 27 de marzo, cuando ocurrió el siniestro.

Sus restos fueron repatriados la noche del pasado martes y velados en la casa de donde salió el 19 de marzo, en el paraje Chi-Marcaj, San Antonio Sija, San Francisco El Alto, Totonicapán, en busca del sueño americano; sin embargo, lo que encontró fue la muerte a poco de cumplir su meta, pues Ciudad Juárez es fronteriza con EE. UU.

Este miércoles 12 de abril, pobladores, amigos y familiares de Roberto participaron en servicios religiosos previo a la inhumación de sus restos en el cementerio local.

Roberto tenía esposa y dos hijos menores, a quienes les prometió el día que partió que trabajaría en EE. UU. para que ellos tuvieran un mejor futuro, pero con su muerte la vida les dio un giro inesperado.

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Repatriados

Con una breve ceremonia, familiares y funcionarios de Guatemala recibieron el martes pasado en la Fuerza Aérea Guatemalteca los cuerpos de 17 de 19 migrantes guatemaltecos que murieron por un incendio en un centro de detención en México, una tragedia que dejó 40 muertos.

Los 17 féretros, cada uno cubierto con flores y la bandera de Guatemala, fueron colocados en hilera a un costado de la pista donde se realizó un minuto de silencio por las víctimas del siniestro.

“A nombre de México, lamentamos profundamente lo sucedido en esta tragedia. Estamos trabajando para que esto nunca vuelva a pasar”, dijo Laura Carrillo, directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, después de que un avión militar aterrizó con los cuerpos en la pista que comparte el Ejército y el aeropuerto internacional La Aurora.

Durante la ceremonia, funcionarios de la cancillería local se apostaron por unos minutos a un costado de los ataúdes con las fotografías de los migrantes fallecidos que luego fueron trasladados en carrozas fúnebres a sus comunidades, donde serán velados y sepultados, la mayoría en regiones indígenas del oeste del país.

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El canciller guatemalteco, Mario Búcaro, que acompañó el traslado desde México, agregó que junto a las autoridades mexicanas trabajaron para “lograr un proceso de identificación efectivo” y se empeñarán “especialmente para lograr juicio, castigo y reparación” por la tragedia.

En los próximos días se concretará la repatriación de los cuerpos de otros dos migrantes guatemaltecos, cuya confirmación de identidad por medio de prueba de ADN estaba pendiente, indicó la cancillería.

Según las autoridades mexicanas, el incendio se originó cuando un migrante encendió un colchón en la celda donde permanecía junto con otros 67 hombres, en medio de una protesta por una posible deportación.

En total perdieron la vida 19 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.

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Imágenes de una cámara de seguridad mostraron que, una vez desatado el incendio, ni el personal de migración ni el de seguridad hicieron algo por evacuar a los migrantes.

Capturas

Bajo cargos de homicidio, autoridades mexicanas confirmaron la captura del migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres funcionarios del INM y un vigilante privado.

El sexto sospechoso es otro guardia privado, que permanece prófugo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad”.

Sueños truncados

Además, miles de personas despidieron este miércoles en Chicacao, Suchitepéquez, a otros dos migrantes fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez.

El entierro de los migrantes Francisco Gaspar Rojché y Miguel Rojché tuvo lugar en Chicacao. Ambos murieron junto a otros 17 compatriotas el pasado 27 de marzo en un incendio mientras se encontraban detenidos en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en el norte de México, donde perdieron la vida 40 personas en total.

“Los culpables de esta tragedia son las autoridades mexicanas”, argumentó el primo de Gaspar Rojché, Emmanuel Tziná, en declaraciones a EFE previo al funeral.

Tziná añadió que cuando alguien emigra a EE. UU. sabe que los riesgos son “el crimen organizado y la delincuencia del camino”, pero su primo, de 21 años, murió “en manos del Gobierno” de México y por eso exigió que “se haga justicia”.

Gaspar Rojché salió el 19 de marzo de Chicacao con la intención de llegar a Estados Unidos, en compañía de su tío, Miguel Rojché.

El objetivo de ambos era buscar mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pero tras ser detenidos en México, murieron en el incendio de Ciudad Juárez y sus cuerpos fueron repatriados en la noche del martes.

Gaspar soñaba con enviar dinero desde EE. UU. a su papá, quien se dedica a la construcción, para que pudiera edificar una vivienda propia. Además, quería pagar los estudios universitarios de su hermana menor.

Por su parte, Miguel Rojché aspiraba a llegar a la nación norteamericana para pagar la educación de sus seis hijas.

“Yo quería de vuelta a mi esposo con vida”, contó a EFE entre lágrimas, Rosa Chiquibal, esposa de Miguel.

Durante el entierro de este miércoles participaron miles de personas, en un funeral que contó con banda musical y fuegos artificiales en memoria de los migrantes.

Los amigos del joven Gaspar acompañaron el recorrido del féretro de metal, color verde, hacia el cementerio local, con una caravana de motocicletas, ya que al migrante le gustaban los vehículos de dos ruedas.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron enterrados en dos nichos familiares, en distintos puntos del cementerio, rodeados de sus seres queridos, tras una misa.

La familia Rojché indicó que han quedado endeudados porque empeñaron sus terrenos y consiguieron préstamos para poder pagar el viaje de sus familiares hacia Estados Unidos.

Cada año, más de 300 mil guatemaltecos toman la decisión de dejar su país en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos, alejados de la pobreza y violencia que azotan a la nación.

El pasado martes por la noche, los cuerpos fueron recibidos por cientos de vecinos que los esperaban en la aldea Nahualate, para acompañarlos hacia la aldea donde serían velados.

Alicia Sac, directora de la escuela rural de aldea San Pedro Cutzán, cuenta que las hijas de Miguel, están destrozadas por la tragedia, ya que saben que decidió viajar a Estados Unidos, para darles una mejor calidad de vida, pero ahora el recuerdo del esfuerzo de su padre las tiene hundidas en la tristeza y no han llegado a la escuela.

“Las hijas de don Miguel están destrozadas porque el viaje de su padre era para darles mejor calidad de vida, por eso ellas comentan que se sienten mal por la muerte de su padre”, dijo Sac.

En Quiché

Los restos de Cruz Ernesto Chich Marroquín, de 39 años, llegaron a Lemoa, Santa Cruz del Quiché, procedentes de Ciudad Juárez, México.

Magdalena Mendoza López, esposa del fallecido, indicó que una semana antes de su muerte habló con Marroquín, quién le informó que lo habían detenido en México y estaba en un albergue para migrantes con varios guatemaltecos.

Además, acusó a las autoridades mexicanas de no haber actuado para salvar a su esposo, pues “en los videos observamos cómo los guardias se salieron y dejaron a los migrantes encerrados hasta que se quemaron, exigimos justicia”.

Mendoza relató que su esposo intentaba llegar por segunda vez a Estados Unidos de forma ilegal, porque la primera vez no pudo pasar; además, dijo que el coyote les cobró Q160 mil y para conseguir el dinero hipotecaron su casa con la esperanza de que su cónyuge llegara y pagara la deuda.

“El sueño de mi esposo era llegar a Estados Unidos para trabajar duro y construir su casa y tres locales para alquilar”, señaló Mendoza.

“Ahora me quedo con la deuda y por lo mismo le pido al gobierno de Estados Unidos que me otorgue una visa humanitaria para mi hijo y para mí para poder viajar a trabajar y pagar la deuda, porque aquí en la comunidad no hay opciones de trabajo”, puntualizó.

El sepelio de Cruz Ernesto Chich Marroquín se realizó en horas de la tarde en la comunidad de Lemoa y asistieron cientos de personas, la mayoría vecinos de la familia.

Padre de seis hijos

En tanto, los restos de Basilio Sujuy Saravia fueron entregados a su familia en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Los parientes de Sujuy esperaban que él fuera uno de los sobrevivientes, pero su nombre encabezaba el listado de migrantes fallecidos.

Basilio Sujuy era padre de seis hijos, tres de ellos viven en Estados Unidos, por lo que iba a reunirse con ellos.

El migrante se dedicaba a hacer fletes en el mercado de San Martín Jilotepeque, pero durante la pandemia adquirió varias deudas y por eso decidió irse hacia EE. UU.

Sujuy emprendió el viaje a Estados Unidos el 11 de marzo y la última comunicación con su familia fue el 25 de marzo, cuando les indicó que había sido detenido en migración y sería deportado en los próximos días, pero murió durante el incendio.

Con información de EFE  y AFP

El canal de noticias digital Vice World News publicó este 6 de abril un reportaje en el que hace referencia que la tragedia del 27 de marzo en el centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, México, ocurrió porque las personas que estaban detenidas no “pudieron, o no pagaron, un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los liberaran”.

Las víctimas mortales fueron 40, 39 adentro del centro de detención, uno más en un hospital. De ese total, fueron 19 guatemaltecos los que perecieron. Otros nueve connacionales están hospitalizados en centros asistenciales mexicanos.

El incendio comenzó porque un migrante inconforme, al menos, inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas. Les pedían dinero a cambio de dejarlos irse, según Vice World News.

Incluso, la noche del incendio, según la denuncia, también vendían cigarrillos, encendedores y drogas de todo tipo a los migrantes detenidos en el centro.

De acuerdo con la investigación de Vice World News, “tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones dijeron que la cárcel de inmigrantes era un centro de extorsión de facto, donde solo los inmigrantes con los medios para pagar eran liberados. Otros tendrían que permanecer allí y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen”.

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“Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías $200 o te devolvían a tu país”, dijo al medio digital Vice World News, Joan, un migrante venezolano que asegura haber pagado para salir del centro de detención. “Pidió ocultar su apellido por temor a represalias”, citan.

Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas el mismo día del incendio. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 19 horas. “Ese es el plazo que comentó que le dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportado al día siguiente”, agregan.

“Solo estoy vivo porque mi familia pagó”, contó a Vice World News.

De acuerdo con la pieza periodística “los familiares de los inmigrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión en las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privada para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos”.

Esos detalles los dieron dos guardias de seguridad que trabajaban en el centro de detención. Ellos dijeron que “las ganancias luego se repartían entre quienes administraban el esquema, incluido el personal del Instituto Nacional de Migración de México”.

“Cada migrante pagaba entre $200 y $500 para ser liberado”, expresó un guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, incluida la noche del incendio.

Pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias. “Cerramos las puertas a las 7 pm y si pagaban antes, los dejábamos salir. De lo contrario, eran deportados a sus países o enviados a la Ciudad de México”, expresó al medio Vice World News.

De acuerdo con Vice World News el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez estaba integrado por agentes del INM de México y guardias de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa.

“Tanto los oficiales del INM como los guardias supuestamente dirigieron la operación basada en transferencias electrónicas para estafar y extorsionar a los migrantes detenidos, según una denuncia oficial”, cita el reporte del medio.

EXCLUSIVE: 40 migrants locked in a cell died as an immigration detention center burned. Now, survivors and security guards tell VICE World News that those who died did so for one reason: they couldn’t or did not pay a $200 bribe to guards to be released. https://t.co/BOjY0V7LWR

— VICE News (@VICENews) April 6, 2023

La cifra de fallecidos de Guatemala suman 19, según el último balance que comunicó el Minex el pasado 2 de abril.

Para los procesos de identificación de los migrantes, personal del Registro Nacional de las Personas (Renap) viajó a territorio mexicano para su reconocimiento a través de huellas dactilares.

Además, entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, siete venezolanos, y un colombiano.

Además de los guatemaltecos fallecidos hay heridos, y aún hospitalizados. Ellos son Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot, de 26 años; Diego Soy Guarchaj, 20; Eliseo Gutiérrez Valdez, 22; Enrique Coy Pop, 24; Fernando Pu Castro, 25; Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, 28; Kevin Estuardo Cardona López, 25; Rubbesly Manrique Pérez Rodríguez, 38 y Wilson Alexander Juárez Hernández, 21.

La Fiscalía General de la República mexicana detalló que tres agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.

Mientras que otra persona, la que inició el fuego, supuestamente, fue vinculada como autor material de los delitos de homicidio y lesiones dolosas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que la estación donde murieron los 40 migrantes fue suspendida.

Agregó que los migrantes indocumentados que buscan asilo político en Estados Unidos serán trasladados al centro integrador para el migrante “Leona Vicario”.

El gobierno de México canceló el contrato con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que lo habían adjudicado en forma directo por un mínimo de 76 millones de pesos mexicanos (poco más de 35 mil quetzales) y un máximo de 190 millones (poco más de 90 mil quetzales).

De acuerdo con Vice World News, Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en nombre de los familiares de los migrantes fallecidos, acusando de extorsión a los directivos del INM y su oficina regional.

La denuncia, según cita Vice World News, acusa a Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, y a Daniel Goray Yosioka, gerente del centro de detención donde murieron los migrantes, de encabezar la supuesta trama de extorsión.

“Goray ahora está bajo arresto mientras que González está bajo investigación, según las autoridades. Vice World News no pudo comunicarse con ellos para hacer comentarios o determinar de inmediato quién los representa”, explican.

La denuncia alega que Guerrero y Yosioka cobraron a los migrantes $500 por un documento de “liberación prolongada” que les permitiría ser liberados.

El INM mantuvo entre 30 y 80 migrantes encerrados en las instalaciones a la vez, pero solo extorsionaron a los migrantes varones, dijo a Vice World News el guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, y agregó que sus superiores estaban muy al tanto del esquema.

“La empresa SEICSA SA de CV, con sede en la Ciudad de México, operó seguridad privada en el centro de Ciudad Juárez desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, según una copia del contrato revisada por VICE World News”.

La extorsión continuó bajo el nuevo proveedor, Camsa, con sede en la Ciudad de México, que se hizo cargo de las instalaciones el 1 de marzo, según los dos guardias, los migrantes retenidos en las instalaciones y la denuncia presentada por un abogado que representa a las familias de los muertos. migrantes.

Basilio Sutuj Saravia, de 51 años, originario de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, encabeza la lista de migrantes fallecidos en la tragedia que se registró en el albergue del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, México.

Sus familiares han vivido horas de incertidumbre y angustia desde que se enteraron de que su nombre aparecía en el listado que proporcionó el Gobierno de México.

Basilio Sutuj, era padre de seis hijos, dos de ellos menores de edad y según su familia se dedicaba a hacer fletes en el mercado de San Martín Jilotepeque desde hace más de 25 años

Ana María López, esposa del migrante, indicó que él emprendió el viaje el 11 de marzo recién pasado en busca de un mejor trabajo y de esa manera cancelar varías deudas, que fueron creciendo a raíz de la pandemia y el cese de actividades comerciales.

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A Basilio lo esperaban tres de sus hijos en Estados Unidos, quienes se sorprendieron por su decisión de buscar el denominado “sueño americano”.

“Cuando él iba a medio camino me llamó y dijo voy para el norte, llamó a sus hijos y les dijo que iba para allá y que se prepararan, ellos le dijeron que por su edad mejor no hubiera venido y él les dijo que tenía deudas y buscaba un futuro mejor, entonces ellos apoyaron la decisión y lo esperaban”, recordó   López.

El 25 de marzo fue la última vez que tuvieron comunicación, en esa ocasión, el migrante les informó que había sido detenido en Migración y que en los próximos días sería deportado a Guatemala.

Todo cambió el lunes 27 de marzo cuando se enteraron de la tragedia y empezaron a efectuar llamadas a hospitales para obtener información, pues tenían la esperanza que estuviera entre los heridos; sin embargo, su nombre aparece en el listado de los fallecidos

Los familiares responsabilizan a las autoridades mexicanas de su fallecimiento y piden que se haga justicia por su muerte.

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“Estamos destrozados, no esperábamos esa noticia y menos de la forma que murieron por buscar un futuro mejor, los guardias no hicieron nada por sacarlos, yo pienso que fue a propósito”, señaló López.

“No podemos asimilar esa noticia”, agregó, luego pidió a las autoridades guatemaltecas que los ayuden a repatriar el cuerpo.

“A las autoridades mexicanas pedimos justicia porque varias familias estamos de luto en Guatemala”, externó la esposa del migrante.

AFP informó este jueves 30 de marzo que cinco personas han sido detenidas por el incendio en un centro de detención migratorio Ciudad Juárez, que dejó 39 muertos y 27 heridos.

El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del lunes 27, luego de que al menos un migrante prendiera fuego a colchones en medio de una protesta por una posible deportación, según las autoridades.

Otro migrante fallecido

Pedro González, tío del migrante Roberto González Hernández, otra de las víctimas, exigió que se haga justicia y se castigue a los responsables de no haber abierto la puerta para poner a salvo a todas las personas que “soñaban” con llegar a EE. UU.

Originario de San Antonio Sija, San Francisco El Alto, Totonicapán, Roberto González Hernández decidió ir en busca del sueño americano, pero lo que encontró fue la muerte en un albergue situado cerca de la frontera con EE. UU.

“Mi sobrino salió el pasado 19 de marzo hacia los Estados Unidos, tenía el sueño de llegar al norte a trabajar para construir su casa y darles un mejor futuro a sus hijos, pero lamentablemente todo el sueño no se cumplió. Hablamos con él y nos dijo que estaba detenido y que en unos días sería liberado”, recordó el tío del migrante.

“Se ve en el video que no les quisieron abrir la puerta y por eso exigimos que se haga justicia contra las personas encargadas del lugar”, exigió.