Justicia

Cicig y MP allanan oficinas del CHN

Las oficinas del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en la zona 1, fueron allanadas en un caso relacionado con el proceso que se sigue  contra  tres abogados que intentaron sobornar a Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en el caso La Línea.

Por José Manuel Patzán

Instalaciones del Crédito Hipotecario Nacional, allanadas ayer por la Cicig y el MP. (Foto Prensa Libre:Hemeroteca PL)
Instalaciones del Crédito Hipotecario Nacional, allanadas ayer por la Cicig y el MP. (Foto Prensa Libre:Hemeroteca PL)

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)  dirigieron las pesquisas en las que secuestraron documentos físicos y archivos digitales. Las diligencias comenzaron en  la tarde y finalizaron pasadas las 19 horas.

Aunque Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, indicó que el caso está  “bajo reserva”, trascendió que las diligencias se relacionan con el soborno que  Alejandro Vielman y otros dos abogados —todos en prisión— ofrecieron al ex secretario privado de la Vicepresidencia,  para que en sus declaraciones como colaborador eficaz no mencionara al CHN, por lo cual le habrían ofrecido US$100 mil.

El órgano investigador presentó al juez Wálter Villatoro una grabación de audio efectuada por Monzón, con un lapicero que tenía micrófono oculto, en la cual se documentó la conversación y se registró que Vielman habría sido enviado por Carlos Castillo y Margarita Quiroa.

Consultada al respecto la fiscal general, Thelma Aldana, reiteró que los detalles del allanamiento serán revelados después.

En un comunicado, el CHN confirmó su colaboración con las autoridades en información y en su lucha contra la corrupción, y reafirmó la solidez de la entidad.

Ordena Intervención

El 10 de agosto de 2016, un juzgado de Coatepeque, Quetzaltenango, ordenó la “intervención judicial” del CHN.

El caso comenzó por un fideicomiso  aprobado entre 1957 y 1960.  El presidente del CHN, Luis Velásquez, también reveló que en anteriores administraciones hubo presiones políticas para que esa institución pagara Q41.9 millones a una  familia.