Política

Comunas no rebasan el 45% de inversión

Nuevo presupuesto les da más  poder y recursos. Gasto para  2017 permite conservar recursos que no fueron ejecutados.

Por Andrea Orozco y Óscar Felipe Quisque

La situación de pobreza que afronta las familias en Jacaltenango, Huehuetenango es preocupante. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)
La situación de pobreza que afronta las familias en Jacaltenango, Huehuetenango es preocupante. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Pese a ser los peores ejecutores de fondos para inversión pública, pues llevan el 45%, las municipalidades obtendrán más dinero con la aprobación del presupuesto del 2017, ya que el Congreso estableció que administren los fondos asignados a  los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) para obras y que los remanentes del año  se queden en los municipios, además del aporte constitucional que reciben. 

En el 2017, los alcaldes tendrán  disponibles Q5 mil 689 millones 512 mil para ejecutar obras que no fueron concluidas este año y  nuevos proyectos. El monto incluye el aporte constitucional y fondos que antes administraban los gobernadores.

El artículo 96 de la Ley de Presupuesto para 2017, aprobada el 29 de noviembre pasado, otorga a los alcaldes la devolución de millones de quetzales que originalmente irían al fondo común, pues fue dinero no utilizado por los Codedes.

Esos recursos, unos Q525 millones, según el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam)  y alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, corresponden al 25 por ciento del presupuesto otorgado a los Codedes durante el 2016.

Ahora el Ministerio de Finanzas desembolsará en forma directa a las comunas Q2 mil 112 millones 767 mil, que otros años se entregaron a gobernaciones, para los Codedes, más   Q3 mil 51 millones 745 mil de aporte constitucional.

La ex secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia Karin Slowing afirmó que esa decisión puede verse como una medida de eficiencia en términos de finanzas, pues en  ocasiones las obras de los Codedes resultan siendo responsabilidad de las municipalidades, pero lamentó que se afecte el espacio de participación ciudadana.

“Con esta medida se concentra más poder en el alcalde, lo cual no lo hace más transparente. Las comunas son de las instituciones más opacas, según la Contraloría General de Cuentas, y ahora habrá más distancia entre el dinero y la gente”, reiteró la exfuncionaria.

Slowing cree que la medida administrativa no mejorará la eficiencia de las comunas para ejecutar los proyectos, pues si no siguen los procedimientos requeridos no se les darán los aportes.

Bajo rendimiento

Según cifras que hasta ayer mostraba el  Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las municipalidades han ejecutado Q323 millones 858 mil 851 de los Q717 millones 456 mil 393 asignados para este año; es decir, el 45.1% de los fondos. Pero los Codedes no han hecho un mejor trabajo. Al observar las cifras se nota que han utilizado el 42.9% de sus fondos asignados —Q901 millones 236 mil 755 de los Q2 mil 101 millones 908 mil—.

Al  promediar lo que las comunas han utilizado de los fondos asignados,  Zacapa es el departamento en donde las municipalidades han invertido menos, con 9.45%; seguido por Petén, 23.73; El Progreso, 24.12%; Jutiapa, 25.12%, y Chimaltenango, 26.64; mientras que el que mejor ejecución muestra es Totonicapán, con 78.62%; seguido de Chiquimula, 68.86%; Retalhuleu, 67.92%; Escuintla, 61.83%, y Quiché, 60.11%.

Burocracia

Escobar señaló que la “tediosa tramitología” —requisitos que exige Finanzas para desembolsar fondos a Codedes— es la principal causa de la baja ejecución. Lamentó que el dinero no ejecutado por las comunas entre el 2013 y el 2015 fue depositado en la Cuenta Única Nacional —fondo común—, dinero que, según él, manejó el  Gobierno “con total discrecionalidad”, lo que, a su criterio, contradice el Código Municipal, que establece que las comunas son autónomas y descentralizadas.

“Desde el 2013 se trabaja con la guía de planificación y presupuesto por resultado, que fue idea de Roxana Baldetti —ex vicepresenta de la República— y del Partido Patriota. Se dijo que era por transparencia, pero por lo visto era puro cuento. Lo que buscaban era que no se ejecutara, para que el dinero ingresara al fondo común”, afirmó.

Justificó la baja ejecución con que varias adjudicaciones se hacen en octubre y noviembre y a los alcaldes no les queda tiempo para hacer una obra al 31 de diciembre —cierre de año fiscal—.

Añadió que están detenidos unos dos mil 500 proyectos en el país, y la deuda por obras de arrastre alcanza Q1 mil 400 millones, que este año podría sumar  Q2 mil millones.

Ordenamiento

El subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), Luis Catalán, indicó que no se intenta “impedir” ejecución de obras, sino de ordenar el proceso y hacerlo transparente.

Según Catalán, Segeplán no impone  normas, ya que existen  leyes vigentes que se deben cumplir, como contar con estudio de impacto ambiental y aval del sector sectorial.

“Nuestra intención es garantizar que el proyecto que se autorice beneficie a la población, cumpla su cometido y sea duradero”, señaló Catalán. Por ello, según el funcionario, el 90% de los proyectos aprobados para el 2017 son de agua, saneamiento, salud y educación.

Explicó que otro problema por el que se registra baja ejecución es que no hay cultura de preinversión y las municipalidades esperan hasta que la obra esté aprobada en el presupuesto para comenzar con una gestión que pudo avanzar meses antes.



(Infografía Prensa Libre)
(Infografía Prensa Libre)


Hacen eco a incapacidad

Jeremías Álvarez, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, refirió que la burocracia puede ser un problema, pero cree que no hubo cautela en los cambios de Gobierno y hay gente que pese a que no tiene experiencia está a cargo de la formulación e implementación de programas y proyectos.

“Es lamentable que a estas alturas se busca ejecutar algo que pudo hacerse desde mediados de año”, lamentó Álvarez, con relación a que en ese departamento tenían previstos para este año 22 proyectos del Codede, pero entregaron 11.

Para Sonia Gutiérrez, subcoordinadora de la Asociación Política de Mujeres Moloj, es preocupante la poca ejecución del  IVA-PAZ, porque demuestra incapacidad municipal y porque contraviene  las demandas  comunitarias.

“Hay grandes necesidades de infraestructura y proyectos de desarrollo humano; por ejemplo, mejorar los servicios básicos y  promover proyectos productivos”, manifestó.

“Hay grandes necesidades en las comunidades y mucho dinero que se está perdiendo por incapacidad de las autoridades locales de ejecutar obras”, agregó.

Efraín Paredes, alcalde de Sumpango, Sacatepéquez, dijo que  el 20% de recursos del municipio se podrían perder  por la pugna entre  el gobernador y  el director del Codede, que ha atrasado la autorización de proyectos.

Reflejan deficiencia

En Petén se critica la baja ejecución de proyectos en 11 de los 14 municipios, ya que a principios de este año se anunció la asignación de Q93 millones 105 mil 522 destinados para 176 obras.

Alfredo Che, subdirector de la Asociación de Comunidades Campesinas e Indígenas para el Desarrollo Integral de Petén, criticó la falta de conocimiento de los alcaldes para gestionar y ejecutar proyectos de beneficio.

En Escuintla, con una asignación de Q80.4 millones, no hay proyectos de introducción de sistemas de drenaje en Nueva Concepción, Tiquisate, Puerto San José, San Vicente Pacaya y Guanagazapa, según líderes comunitarios.

María Isabel Pedrosa, directora del Área de Salud de Escuintla, comentó que al atender esta necesidad se lograría reducir la mortalidad en recién nacidos.

En Sololá, recientemente unos 600 vecinos de Panimatzam, San Andrés Semetabaj, se manifestaron frente a la comuna para exigir la ejecución de varios proyectos  que desde hace cinco años han solicitado. Una de las demandas es la compra de un terreno para una cancha deportiva, valorado en Q450 mil, Q40 mil en proyecto educativo para la compra de computadoras y Q27 mil para el pago de alquiler de un terreno donde se encuentra la cancha de futbol.

Jacaltenango está en el olvido

Recientemente, Prensa Libre dio a conocer la situación de extrema pobreza en que viven varias familias de San Andrés Huista, donde no tienen acceso a una vivienda digna y servicios básicos, por lo que la búsqueda del sueño americano es una alternativa.

Al Codede de Huehuetenango le asignaron para este año Q143.1 millones y se les ha desembolsado Q82.6 millones. Sin embargo, a la fecha han ejecutado Q58.2 millones.

De las obras efectuadas en el departamento no se registra ninguna en San Andrés Huista.

En los últimos tres años, el aporte económico para este departamento es de Q396.8 millones y solo se ejecutaron Q195.9 millones.

Uspantán, foco de desnutrición

Quiché es uno de los cuatro departamentos con mayor pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  2014, y eso se refleja en la extrema pobreza en que viven varias familias de Uspantán, lugar afectado por la desnutrición en niños y mujeres embarazadas.

Quiché tiene asignados para este año Q122.7 millones, de los cuales se han desembolsado Q79.8 millones, pero la ejecución es de Q46 millones; es decir, 37.70% de lo autorizado.

Datos del Ministerio de Salud destacan que 52% de las 194 comunidades de Uspantán tienen casos de desnutrición, como resultado del precario desarrollo humano de la población.

“Alcaldes son unos incapaces”

Édgar Balsells, analista socioeconómico del Ipnusac, señaló que la falta de ejecución de obras es el reflejo de la incapacidad de los alcaldes y recomendó al Gobierno centralizar los fondos del Sistema de Inversión Pública  para priorizar en obras macro y con mentalidad a largo plazo.

“Los alcaldes son unos incapaces, han estado trabajando proyectitos irrelevantes. El Ministerio de Finanzas y Segeplán están dando pláticas a los alcaldes porque no saben que un proyecto de desarrollo local necesita una factibilidad ingenieril. Por ejemplo, piden un puente sobre un río y no tiene el aforo de un río; es una falta de cultura de ejecución de proyectos”, dijo.

“Ahora los alcaldes pidieron que se depositen los remanentes en los bancos y que no vayan al fondo común, pero eso es fatal, pero es una pugna que mantuvieron durante la aprobación del Presupuesto, por los negocios que tienen con las constructoras contratadas para realizar los proyectos”, agregó.

*Con información de Rigoberto Escobar, Carlos Paredes, Ángel Julajuj y Mike Castillo