Nuevamente, la capacidad de asombro, mezclado con repudio e indignación, salen a la superficie en el tormentoso y estercolado escenario de la politiquería nacional. El lunes ocurrió un vomitivo ejemplo de descaro total, cuando los diputados jefes de bloques Amílcar Pop, de Winak; Orlando Blanco, de la UNE, y Juan Ramón Lau, de Todos, firmaron la solicitud de retiro de la inmunidad al presidente Jimmy Morales, porque vergonzosamente cambiaron su posición en pocas horas. Los demás signatarios mantuvieron su posición de la semana anterior: Walter Félix, de URNG; Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Enrique Chavarría, de Creo; y Sandra Morán, de Convergencia.  Lo increíble es corriente en la novena avenida…

Winak tiene humor negro: decidió llevar al tribunal de honor a Pop. URNG intenta mantenerse en el carro de la decencia política y colocarse al lado de la indignación ciudadana. Hay una verdad: los 107 firmantes pueden ser calificados de traidores a la patria. Es inevitable la depuración del Congreso, y se debe empezar con forzar la renuncia de los ponentes Orlando Blanco, de la UNE; Alejandra Carrillo, del Movimiento Reformador, es decir de los achichincles del prófugo Alejandro Sinibaldi; Delia Back, de Alianza Ciudadana, integrante de la horda del también prófugo Luis Rabbé, y Javier Hernández, el impresentable secretario general del cleptogrupo apodado FCN-Nación.

Estos politiqueros incluso tienen, a mi juicio, problemas penales porque trataron de obstruir a la justicia al legislar en su propio beneficio a fin de cubrirse con impunidad de las investigaciones de la Cicig y el Ministerio Público en contra de los secretarios generales partidistas recipiendarios de fondos oscuros en las elecciones del 2015, pero dejando libres de responsabilidad a quienes dieron el dinero bajo la mesa. Otros políticos bisoños en experiencia se convirtieron en expertos en mafiosidades, y por eso es lamentable y triste la foto de Javier Hernández, Armando Melgar Padilla y Álvaro Arzú Escobar conversando animadamente en el hemiciclo. Este último, al ser el único diputado de la agrupación electorera llamada Unionista, debe entonces agregarse a los obligados a renunciar primero. Tan vergonzoso e imperdonable voto manchó para siempre su ahora obligadamente corta carrera política.

Esta hecatombe política fue muy rápida. Comenzó con el viaje presidencial a la ONU, envuelto en opacidad. Dos días después, a las 6 am, Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez, causante de una reacción nacional e internacional negativa, especialmente de Estados Unidos, solo comparable al serranazo. La indignación nacional comenzó y explotó a causa del apresurado voto del congreso para no llevar a la justicia al presidente, con el beneficio adicional de miles de criminales juzgados por unos 400 delitos, entre ellos la corrupción —claro— pero también la violación de niños. Ante esto, los diputados dan marcha atrás, pero la interpretación legalista de todo esto ve ilegalidad en esta también apresurada decisión de los parlamentarios.

El presidente desde hace tiempo no tiene presente ni futuro políticos. Ahora toca el turno al Congreso: debe ser depurado, comenzando con los cabecillas de las decisiones causantes de un retraso total a los avances del proceso legal y democrático del país. Hay posibilidades adicionales, como pedir a los ciudadanos ser borrados de las listas de afiliaciones de los partidos, para reducir sus posibilidades de vida. La presión social es la mejor arma en beneficio del país, con la condición de no permitir a ningún grupo apropiarse de la representatividad. Esta presión no se realiza solo con los riesgosos paros, sino puede tener otras manifestaciones de rechazo a los 107 firmantes. Quienes no firmaron, pueden tener posibilidades de integrar el indispensable nuevo congreso.