Resulta natural y casi hasta esperada la reacción y los señalamientos que han emprendido en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, presuntos cabecillas de una red para cooptar al Estado.

En esencia se busca negar las acusaciones y desacreditar el testimonio de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, contra quien hubo múltiples señalamientos cuando ella era vicepresidenta, sin que en su momento hubiera un solo intento de investigarlo o separarlo del cargo que ocupaba, más bien se desacreditaban las denuncias.

La ofensiva de varios de los sindicados en este caso en contra de la información provista por el colaborador eficaz tiene en su base cierta dosis de ingenuidad y una esperanza en que tras desacreditarlo se desbarate el caso, ya que si bien lo dicho por Monzón sirvió de base para conocer el alcance y ramificaciones del presunto cuerpo criminal aglutinado en el Partido Patriota, la investigación del MP y la Cicig se ha extendido a cuentas bancarias, propiedades y testaferros.

Por otra parte, en los recientes testimonios también figuran ejemplos de lo que en filosofía se denomina argumentos lógicos inválidos, es decir, falacias, sobre todo aquellas denominadas ad hóminem, ataque a la persona, y ad misericordiam, apelación a la lástima, sin presentar sólidos razonamientos y evidencias incontestables sobre la dudosa probidad del gobierno patriotista.

Vale la pena rescatar las palabras que han pronunciado de manera separada la jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez cuando afirman que el Partido Patriota se configuró como una organización política de características criminales que buscó incrustarse en el Estado para apropiarse de manera indebida de los recursos públicos y cuya total dimensión todavía no ha sido desnudada.

De hecho, en un alto porcentaje, la cúpula del Partido Patriota se encuentra hoy tras las rejas, enfrentando múltiples cargos, todos por posibles delitos de corrupción mientras estuvo en el poder. “Estamos frente a un sistema de corrupción que cooptó y reconfiguró el sistema de partidos políticos, el aparato institucional y hasta la agenda de intereses estratégicos del Estado de Guatemala”, señaló Velásquez, cuya integridad psicológica fue atacada por parte de uno de los señalados, en otra de las muestras de razonamiento falaz.

Por primera vez en la historia de Guatemala se encuentran tantos exfuncionarios al alcance de la justicia, algo que no ocurría precisamente porque la cooptación del Estado lo había imposibilitado, a lo largo de varios gobiernos.

Ciertamente habrá que ahondar en las investigaciones, en busca de huellas de mandatarios anteriores, o de sus allegados, involucrados en prácticas opacas para beneficio propio, de partidarios y financistas. Pérez y Baldetti se resisten a darse cuenta de que los casos que enfrentan no son solo contra ellos, sino en contra de todo un sistema de favores perversos, amiguismo y adulación que sigue enraizado en muchas esferas del Estado y que pese a los embates de la justicia se resiste a cambiar.