La dificultad de los diputados para ponerse de acuerdo en decisiones importantes para el país quedó superada cuando debatieron si debían recibir los bonos “14 y navideño” sobre el salario base o sobre la totalidad de ingresos que perciben. Como no podía ser de otra forma, optaron por la cifra mayor, aun contradiciendo prácticas habituales que se hacen para otros trabajadores en dicha institución y, de forma general, para quienes tienen ingresos por varios rubros. Se puede aceptar la discusión, pero ¿creen que con todo lo pendiente y el déficit de credibilidad que tiene el Congreso es momento para hacerlo? ¿Activaron un detonante?

Los diputados tienen un sueldo base de Q9,550 y sumadas dietas y gastos de representación totalizan Q29,150. Se puede percibir rápidamente la conveniencia del ajuste por el total y no por el sueldo. Sin embargo, si pagan impuestos por todo, no se comprende por qué no consolidan la cantidad indicada y siguen con esos innecesarios rubros que terminan generando confusión a la Contraloría, a la ciudadanía y son motivos de crítica permanente. La solución pasaría por fijar un salario único y pagar por él los impuestos correspondientes. Sobre el mismo se harían los cálculos posteriores y desaparecerían el resto de fondos, dietas y otros innecesarios agregados que terminan siendo mal utilizados o son abono para mal uso y corruptela. En todo caso, cualquier aprobación de mejoras salariales o ventajas debería tener efecto en la siguiente legislatura, así no serían juez y parte en lo que se decide.

Para eventos muy puntuales, se podría destinar un fondo centralizado —en junta directiva o en la dirección del Congreso— para agua y café en reuniones que puedan tener con visitas y desechar de una vez por todas comidas en restaurantes, pago de combustible o camuflar bajo el epígrafe indefinido de “consumos de alimentos” licores y otros espirituosos que suelen correr en reuniones que podrían hacerse fuera de las horas de comidas, como ocurre en otros trabajos.

Tampoco es de recibo que un diputado —o cualquier funcionario público— cuente con seguro médico privado pagado por la ciudadanía. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) debe ser el único a utilizar —o pagar de sus bolsillos otro lugar privado—, en consonancia con lo que promulgan y defienden como servicios públicos, y tienen la obligación de verificar, sostener y mejorar su funcionamiento. El mejor ejemplo de coherencia es que ellos mismos asistan y se beneficien de esos grandes logros que normalmente dicen promover.

En relación con el antejuicio, otro privilegio parcialmente innecesario, cualquier diputado podría ser investigado si hay sospecha de delito, pero no procesado en tanto un órgano predeterminado por ley lo autorice. El hecho de ser investigado no merma en absoluto ninguna de sus funciones ni “lo perturba”, con lo cual se consigue el fin último sin hacer que la investigación se imposibilite.

Hay que aterrizar a los diputados —a los funcionarios en general— y que pongan los pies en el suelo. Hacerlos “más humanos”, más ciudadanos y sufridores —o beneficiarios— de las condiciones que ellos mismos crean desde el poder, y que de una vez por todas dejen de abusar de privilegios pagados por ciudadanos que parecieran trabajar para aquellos que les deben servir. ¿Qué es eso de que nos sorprendan con el disfrute de ventajas superiores a los que sostenemos su forma de vida? Un absurdo del que hay que salir. Tenemos el debate servido y la oportunidad de tomar acciones.

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