A partir del frustrado intento del presidente Jimmy Morales por expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, el avance del Gobierno ha sido cada vez más tortuoso, porque desde diferentes sectores se ha reclamado más congruencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tarea sumamente difícil sobre la cual más bien se perciben claras señales en sentido contrario.

Uno de los más recientes y polémicos hechos fue la destitución, a finales de febrero, del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, para colocar en su lugar a un exfuncionario de Migración de la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y al mismo tiempo exempleado del alcalde Álvaro Arzú, Enrique Antonio Dehenhart Asturias, quien demasiado rápido dio muestras de avanzar a contravía.

Una de sus primeras medidas fue la destitución de la cúpula de la Policía Nacional Civil, profesionales de carrera con un desempeño reconocido, al punto de que a eso se debieron las espontáneas muestras de reconocimiento a su trabajo y críticas por esos relevos, porque con los sustitutos también regresaban signos de un pasado de infames recuerdos.

La formación de cuadros directivos y de agentes policiales ha sido una tarea que requiere muchos recursos y esfuerzos, no solo del gobierno guatemalteco, y por eso fue muy criticada la medida, sino también porque enviaba un evidente mensaje contrario al objetivo de combatir la criminalidad.

Por eso es que desde su llegada se han acrecentado las suspicacias, no solo por sus vinculaciones con el alcalde Arzú, sino porque la coyuntura en la que se encuentra el Ejecutivo hace temer que la misión sería boicotear los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), lo cual habría empezado por decapitar al Ministerio de Gobernación y luego a la PNC.

Dehenhart no solo parece ser un funcionario de escasos escrúpulos, sino que hasta podría haber incurrido en ilegalidades, al haber ocupado plazas simultáneas en la Municipalidad de Guatemala y en el Registro General de la Propiedad, por lo cual ahora la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público investigan posibles irregularidades en esos contratos.

Ahora, Dehenhart vuelve a abrir otra polémica, al ordenar el inaceptable e inexplicable retiro de 11 investigadores de la PNC asignados a la Cicig, lo cual motivó la reacción inmediata del jefe de la oficina antimafias de la ONU, que reclamó no solo una mejor comunicación para la toma de decisiones de esa naturaleza, sino la pronta restitución de esos agentes, para no incurrir en incumplimiento del convenio.

Ayer, en unas declaraciones apresuradas, el funcionario dijo que esos investigadores fueron retirados de la sede de la Cicig para que se dediquen a investigar a grupos pandilleros en Semana Santa, lo cual es una muestra evidente de humor negro, además de su escasa preparación para asumir un cargo que no solo requiere conocimientos específicos, sino responsabilidad y transparencia para calmar la percepción de que más pareciera estar trabajando en favor de estructuras mafiosas o de funcionarios inescrupulosos, ansiosos de entorpecer la lucha contra la corrupción y la impunidad.