Opinión

EDITORIAL

La corrupción no es un buen negocio

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El exministro de Comunicaciones y ex precandidato a la Presidencia por el Partido Patriota Alejandro Sinibaldi se ha sumado a la lista de políticos cuyas propiedades están en alto riesgo de pasar a convertirse en bienes del Estado si su defensa no logra demostrar de manera convincente el origen lícito de los recursos que expliquen su posesión.

El pasado martes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) efectuó 12 allanamientos en nueve propiedades del exfuncionario, mediante orden judicial. Al final logró la inmovilización de 10 de esos bienes, nueve inmuebles, entre ellos dos hangares, y un helicóptero, el cual también fue utilizado en la última campaña electoral, cuando Sinibaldi era el aspirante con mayores posibilidades para buscar la Presidencia por el partido oficialista de entonces.

La historia reciente relacionada con causas parecidas hace vislumbrar una ruta de gran riesgo para el exfuncionario. Primero, porque se encuentra prófugo, tras una orden de captura emitida en su contra, lo cual debe ser interpretado como un típico caso de representación, donde serán sus abogados los encargados de buscar por todos los medios de evitar que pierda esos bienes.

Hasta ahora, por ese tipo de hechos, a muchos políticos les ha resultado imposible rebatir ante la justicia y poder justificar que esas adquisiciones se hicieron de manera honesta y con recursos lícitos, a fin de evitar que el caso pase posteriormente a los juzgados de Extinción de Dominio.

Otros antecedentes tampoco le ayudan, y cabe recordar que precisamente en estos días se ha conocido que una extensa propiedad del expresidente Otto Pérez Molina ha pasado a poder del Estado y ahora la finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, queda en manos del Ministerio de Gobernación, que la utilizará para instalar la Escuela del Sistema Penitenciario.

Igual suerte le ha correspondido a una ostentosa vivienda, valorada en unos dos millones de dólares, de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ubicada en la ruta a El Salvador, la cual, tras un proceso de extinción de dominio, quedó bajo la administración del Estado y ahora servirá para albergar las oficinas del Comando y Fuerza de Tarea Antisecuestros de la Policía Nacional Civil.

Con la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio muchas propiedades que pertenecieron a criminales pasaron a poder del Estado, pero ahora también se han sumado varios políticos a ese desfile en el que deberán demostrar que sus bienes fueron producto de negocios lícitos. Es una tarea que se debió realizar desde hace años.

La reflexión obligada es sobre el proceder de muchos políticos y redes mafiosas que todavía no parecen darse cuenta de los alcances que puede tener una ley cuando se aplica de manera correcta y pone en aprietos a los encartados, que difícilmente pueden ganar tales batallas.

Solo la pérdida de esos bienes, que alcanzan cifras millonarias, debería servir de ejemplo para disuadir a muchos otros de continuar por la errada ruta de profundizar la cultura de la corrupción, que, está demostrado, no puede ser un buen negocio.