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EDITORIAL

Nueva oportunidad para aclarar ilícitos

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Finalmente el brazo de la justicia parece dirigirse hacia un nuevo grupo de empresarios y políticos que podrían haber utilizado al menos una empresa del transporte público capitalino para movilizar millones de quetzales de subsidio, pero dándole un uso muy distinto al estipulado, a través del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, firma propietaria del Transurbano.

Un juzgado de Extinción de Dominio ordenó congelar 21 bienes vinculados con el empresario Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEUA) y quien podría estar relacionado con el manejo irregular de fondos provenientes de subsidios otorgados al transporte público, según el Ministerio Público.

El sistema de transporte público ha sido históricamente una fuente de corrupción y se han puesto reiteradas denuncias respecto del uso indebido que se le ha dado a los recursos que recibe, manejados de manera opaca por la municipalidad capitalina, la mayor beneficiaria.

La inmovilización de esas propiedades significa un duro golpe, pues supone, además, un proceso posterior de indagatoria y esclarecimiento para determinar si esas adquisiciones provienen de fondos lícitos. Es un proceso cuesta arriba para cualquier encartado, como muchos enderezados hasta ahora contra otras personas que tampoco han podido demostrar el origen legal de numerosos inmuebles.

Se debe recordar que cuando el excandidato presidencial Manuel Baldizón presidía la Comisión de Finanzas del Congreso en 2007, se hicieron modificaciones al presupuesto que le dejaron una asignación millonaria al también opaco fideicomiso al transporte, recursos que serían administrados precisamente por el exvicepresidente de la AEUA, cuyas propiedades quedan ahora en poder de la justicia mientras se esclarece su origen.

Esto también explicaría por qué en las últimas campañas electorales el empresario autobusero se convirtió en uno de los más fuertes financistas de los últimos gobernantes, justo cuando se hacía acreedor de millonarias asignaciones en cada presupuesto de gastos de la Nación.

Con la implementación de los autobuses rojos hubo una búsqueda de sofisticar el saqueo de los recursos públicos, como ya había ocurrido con buses inexistentes o fuera de servicio, y luego se repitió con el Transurbano, que ni siquiera llegó a cumplir con la cuarta parte de la dotación de unidades ofrecida.

Con esta acción judicial en contra de otro empresario, estrechamente vinculado con destacados líderes políticos, se abre la puerta para investigar a figuras relevantes de la administración gubernativa y edil, tanto pasada como actual, para esclarecer hasta qué punto los favores desde altos cargos sirvieron para corromper procesos electorales. Además de lo que establezcan las autoridades sobre los ilícitos en los que pudo incurrir el empresario hoy señalado, se debe emprender una pesquisa más profunda sobre el cuestionable negocio en torno del Transurbano.