Dos lacras marcan el servicio público en Guatemala: la falta de calidad en demasiados empleados y la corrupción, aunque entre ambas hay una estrecha relación, pues la segunda ha sido un factor determinante en la mala calidad de la burocracia, porque muchas de las demandas están motivadas por el clientelismo o el tráfico de influencias que denotan una conducta perversa por parte de quienes acceden al poder.

El miércoles, en una nueva secuela de la cruzada contra la corrupción que llevan a cabo el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se produjo la captura de diputados en activo y algunos exlegisladores a quienes se les vincula con la creación de plazas fantasma en el Organismo Legislativo, un delito que ha llevado a prisión a varios congresistas.

Sobre los legisladores y exdiputados pesan acusaciones de haber sido parte de una estructura mafiosa dentro del Congreso, dedicada a vender plazas fantasma, y se habrían beneficiado con recursos que ellos cobraban sin que ni siquiera existieran las personas. Una acción criminal sobre la que ya existían capturas previas y en algunos casos de congresistas que con esa modalidad atendían sus propias empresas.

En este nuevo caso los capturados son personajes destacados, no solo de esta legislatura, sino de muchos años atrás, como lo es César Fajardo, una de las figuras más próximas al gobierno de Álvaro Colom y principalmente de Sandra Torres, a quienes sirvió como uno de los colaboradores más cercanos y como abogado.

Los aprehendidos son el actual diputado Manuel García Chutá y los exlegisladores Álex Castillo, Selvin García y el empresario Juan Alcázar, quien se entregó ayer a las autoridades en la Torre de Tribunales. Las órdenes de captura que quedaron pendientes de ejecución son las de Pedro Gálvez y Julio López Villatoro. Todos los detenidos quedaron recluidos en la cárcel para Hombres del Cuartel Matamoros, a la espera de rendir primera declaración.

El escándalo por la creación de plazas fantasma en el Congreso fue una investigación dirigida por la Cicig, hace casi un año, cuando se dieron las primeras capturas y se plantearon solicitudes de antejuicio contra siete diputados. En esa ocasión fueron detenidos los exdiputados Édgar Romeo Cristiani, Alfredo Rabbé y el exdirector general del Congreso Luis Mijangos. Se encuentran prófugos los exlegisladores Carlos Humberto Herrera Quezada y Luis Rabbé.

Este profuso número de diputados vinculados con una conducta delictiva solo pone en perspectiva un problema harto conocido, en el que se han visto involucrados integrantes de casi todos los partidos políticos, lo que denota que ha sido una práctica habitual que habría continuado de manera incontrolable si el MP y la Cicig no hubieran actuado de manera frontal contra estas mafias.

En gran medida, esto ocurrió por la falta de controles sobre un órgano llamado a ser el fiscalizador por excelencia, pero hasta esa función se pervirtió. También encuentra su explicación en la inmoral conducta de diputados que con varias legislaturas lograron manipular las contrataciones hasta convertir la administración del Legislativo en otra fuente de enriquecimiento ilícito.