Apreciado Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, es muy oportuna su visita esta semana a Guatemala. Aquí le dejo algunos datos que le serán útiles para sus reuniones con funcionarios y empresarios.

Guatemala tiene el cuarto peor índice de desarrollo humano de América Latina y el Caribe (0.64), y es una de las 10 naciones más desiguales del orbe: Los ingresos del 1% más rico de los guatemaltecos, año tras año, han equivalido aproximadamente a la suma de los ingresos del 40% de los más pobres. Como esto ha sido el pan de cada día, algunos amasan riqueza y poder y otros mezclan pobreza y desventura. En la actualidad, el 92% de los pequeños productores ocupan el 22% de la tierra, mientras el 1.9% de los productores comerciales utilizan el 57%. Entre 1990 y 2010, la superficie para la producción de caña de azúcar se incrementó en un 110%, superando las 225 mil hectáreas, mientras la superficie cultivable de palma africana se incrementó 1,000%, pasando las 50 mil hectáreas.

La desigualdad social está cargada de una fuerte dosis de discriminación étnica, territorial y de género: las mujeres, los indígenas y quienes habitan en lo rural tienen peor garantizados sus derechos. Por ejemplo, la desnutrición crónica afecta al 46.5% de los niños menores de 5 años (1.1 millones de niñas y niños), siendo una de las cinco tasas de prevalencia más altas del mundo. Al desagregar la información, la incidencia de la desnutrición crónica afecta al 58% de los niños provenientes de hogares con padres indígenas. En educación, cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela; el 52% son mujeres, mientras el 72.8% vive en situación de pobreza. Las inversiones públicas diarias promedio por niño rondan los Q7.5 diarios y Q3.2 en el caso de personas indígenas.

En el mercado laboral, las mujeres reciben en promedio 14% menos ingresos que los hombres; solo hay 25 diputadas de 158 curules, y nueve alcaldesas de 340 municipios. Nunca en la historia ha habido una mujer presidenta del país, y nunca ha habido una mujer en la directiva del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (Cacif), desde su fundación en 1957. Por cierto, encontrará empresarios haciendo campaña a favor de la explotación de recursos naturales, una de las fuentes de mayor conflictividad, polarización y violación de derechos humanos. Las estadísticas oficiales reportan que la minería representó, entre 2010 y 2015, tan solo el 0.7% del producto interno bruto (PIB) y generó 4,919 empleos formales. Por su parte, los impuestos y regalías aportados fueron cercanos a los USD53 millones anuales, lo que sirvió para financiar el 0.7% del presupuesto de gastos del gobierno central.

La política fiscal de Guatemala está hecha para la sobrevivencia y no para la promoción de los derechos humanos. La carga tributaria del país (10.4% del PIB) es la segunda más baja a nivel mundial y privilegia con el no pago de impuestos a quienes ostentan más riqueza. El gasto público es insuficiente para generar bienestar y, además, una parte se va en bonos ilegítimos, tratos oscuros con el sector privado y otros actos de corrupción. Solamente en 2015 la corrupción pudo significar la pérdida de Q4.2 millardos, equivalente a cuatro veces el presupuesto del Ministerio Público.

Hay mucho más, las niñas asesinadas en el Hogar Seguro, el pacto de corrupción e impunidad, las organizaciones criminales que mutaron a partidos políticos, el intento de acallar la protesta ciudadana. En todo caso, bienvenido a este paraíso desigual, señor Zeid.

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