Desde alcaldes hasta policías municipales de Tránsito se han visto implicados en casos de narcotráfico en Escuintla en los últimos años, lo que, de acuerdo con expertos, obedece a una estrategia del crimen organizado para delimitar sus territorios.

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La poca presencia del Estado y la falta de acceso a la justicia facilitan el involucramiento de funcionarios municipales en actividades ilícitas, asegura Lizandro Acuña, analista en justicia y seguridad ciudadana, quien cree que es necesario implementar estrategias para ponerle fin a ese flagelo, el cual es visto como “algo normal” en las comunidades donde se manifiesta.

Acuña delimita cuatro razones por las cuales el narcotráfico extiende sus tentáculos hacia los poderes locales, donde los funcionarios ediles cumplen “grandes” promesas a los pobladores, principalmente de áreas rurales.

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En primer lugar, asegura que integrantes del crimen organizado se inmiscuyen en la política y administración pública local en busca de inmunidad.

“El blanco del narcotráfico recae en los gobiernos locales, como las municipalidades. En esta contienda electoral vimos que a algunos candidatos se les vinculó como cabecillas del narcotráfico y lo que buscan es inmunidad”, refirió.

En segundo lugar, asegura el experto, lo que buscan es facilitar el lavado de dinero por medio de la ejecución de obras de infraestructura promovidas por las comunas y sus autoridades que muchas veces involucras a empresas de la construcción.

“Las municipalidades presentan una gama amplia de proyectos que se pueden desarrollar y que pueden convertirse en una especie de lavado de dinero dándole una apariencia de licitud”, señaló.

En tercer lugar, el narcotráfico se involucra en los poderes locales con el objetivo de marcar territorio y ganar espacios de incursión.

“Cada municipalidad, cada gobierno local tienen su jurisdicción, entonces el narcotráfico se involucra porque le interesa tener espacios para movilizarse con libertad”, dijo Acuña.

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Por último, lo hacen en busca del financiamiento, principalmente de campañas electorales, lo que conlleva la adquisición de algunos compromisos en beneficio del crimen organizado.

“El financiamiento que se hace de parte del crimen organizado a algunos candidatos genera condicionamiento y compromisos a nivel político que involucra a los gobiernos locales, principalmente en áreas de Escuintla, la Costa Sur y el oriente del país, donde hay fuerte presencia del narcotráfico”, comentó el analista.

Casos

Entre los últimos casos de funcionarios o exfuncionarios ediles de Escuintla implicados en casos de narcotráfico está el ocurrido el jueves 29 de agosto en la zona 7 capitalina.

Allí fue capturado el exconcejal de Nueva Concepción, Escuintla, Carlos Humberto Amaya Martínez “el Pingüino”, quien es sindicado de utilizar barcos pesqueros para recibir cargamentos de cocaína.

Al estar frente a los jueces este 30 de agosto, “el Pingüino” estuvo de acuerdo en ser extraditado “de inmediato” a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El 9 de septiembre del 2016, Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde del Puerto San José, Escuintla, fue aprehendido sindicado de lavado de dinero.

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El Ministerio Público (MP) informó que Rizzo era sindicado de haberse apropiado de más de un Q1 millón y que, también enfrenta cargos por peculado y abuso de autoridad.

El 26 de febrero del 2019, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a Rizzo en un juicio donde fue acusado por el Ministerio Público (MP) de abuso de autoridad, peculado por sustracción y lavado de dinero u otros activos.

El 30 de noviembre del 2017, Odilia González García, esposa de Rizzo, fue condenada a seis años de prisión por lavado de dinero y al pago de Q3.9 millones.

Esa condena se desprende del caso conocido como Drogas, dinero y poder local, donde también interpusieron penas de 18 años a Jairon Antonio e Irael González García, hermanos de Odilia, por asociación ilícita y lavado dinero, quienes también están obligados a pagar más de Q25 millones en multas.

El caso de la familia de Rizzo surgió luego de la detención, en el 2012, del narcotraficante mexicano Manuel Antonio Yañes Ochoa, condenado a 28 años de prisión en octubre del 2016, y prófugo de la justicia después de haberse escapado de una cárcel con una orden de libertad falsificada.

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El 6 de diciembre del 2018, El MP y la PNC capturaron a cinco hombres, entre particulares y trabajadores de la municipalidad de Nueva Concepción, Escuintla, a cuyo alcalde, Otoniel Lima Recinos, se le presentó una solicitud de antejuicio en su contra por ser el supuesto cabecilla de la banda.

“La organización criminal se dedica al comercio y tumbe de droga, robo, allanamientos ilícitos y dar muerte a personas”, dijo un fiscal en esa oportunidad.

La investigación detallaba que el edil era conocido como “Coyote” o “Viejón”. El antejuicio contra Lima Recinos obedece a la posible comisión de los delitos de conspiración para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad y asociación ilícita.

Lima Recinos negó en Facebook Live que tuviera relación con el narcotráfico.

Los detenidos fueron César Gustavo Méndez Váldez, alias “el Checha”, supuesto líder de la estructura criminal y quien coordinaba a sicarios; Jorge Mauricio González, jefe de la Policía Municipal de Tránsito de Nueva Concepción; Henry Estuardo Gramajo, Wálter Sarceño y Léster Peralta Carrera.

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El 9 de diciembre del 2018, Julio Armando Ordóñez Juárez fue capturado en Poptún, Petén, señalado de ser el presunto sicario del caso “narcotráfico y política”; por este caso fueron capturadas otras cinco personas entre particulares y trabajadores de la comuna de Nueva Concepción, Escuintla.

Según la investigación, el capturado es el supuesto “sicario y colaborador” de una estructura criminal que operaba en Nueva Concepción, Iztapa y el Puerto de San José, Escuintla.

El 27 de septiembre del 2018, un empleado del Ministerio de Salud y cuatro particulares, quienes se conducían en una ambulancia de la institución, fueron capturados por la PNC en Escuintla, puesto que transportaban varios envoltorios con cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Silbín Alexánder Galindo Quintanilla, de 30 años; Víctor Damián Cervantes, 33; Noé Apolonio Barrios, 33; Carlos Enrique Monzón, 44, y Cándido de Jesús Sigüenza, 47, quienes se conducían en una ambulancia asignada al Centro de Salud de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, afirmó la PNC.

Autoridades de Salud informaron que Galindo Quintanilla, quien conducía el vehículo, era empleado de la cartera y la ambulancia está asignada a Nuevo San Carlos, Retalhuleu, y no tenía función oficial.

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Guatemala y el resto de Centroamérica son utilizados por carteles internacionales que, con ayuda de capos locales, trafican cargamentos de droga y lavan dinero, actividades que inciden en la violencia criminal.

Washington DC calcula que 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y submarinos por México y Centroamérica.

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