Carlos Wolke, defensor de la población desarraigada y migrante de la PDH, afirmó que Guatemala responde a la política del presidente Trump. “Es preocupante para la institución del procurador no contar con información del contenido y los términos del borrador de los acuerdos para ser tercer país seguro”, expresó.
El funcionario aseguró que no hay oportunidades para que los inmigrantes puedan encontrar un trabajo y elegir un tipo vida durante su estadía en Guatemala, mientras EE. UU. resuelve su situación migratoria.
Señaló que es un engaño decir que no habrá un costo económico de este plan para los guatemaltecos debido a que todo indocumentado en el territorio tendrá necesidades y estas deben ser atendías, cuestionó al Estado sobre cómo responderá si una persona está enferma y necesita de un hospital, ¿tendrá derecho a acceder al sistema de salud pública o si padece de una enfermedad crónica recibirá atención especializada?
“Institucionalmente no hay en Guatemala una entidad que pueda garantizar acceso a los derechos de los migrantes no hay condiciones sociales ni económicas para atender a quienes vengan de Estados Unidos”, detalló.
Wolke aseguró que la PDH desconoce el presupuesto destinado para este tema y cómo se invierte. “No sabemos si ayudará a cubrir las necesidades de las personas que llegarán al país es mucha la desinformación sobre las verdaderas intenciones del Estado que deja vulnerables a los migrantes para que sus derechos sean violentados”, analizó.
Según el defensor de los migrantes algunos de los factores que inciden para que una persona salga de su país con el objetivo de llegar a EE. UU. son la falta de empleo, salud, seguridad, inversión pública, entre otros, que mantienen activa la migración en varios países del mundo.
Señaló los riesgos a los que están expuestos los indocumentados al intentar pasar desapercibidos en los países en tránsito lo cual los expone a ser víctimas de vejámenes por malos agentes de la Policía o Migración que se aprovechan de hombres, mujeres y niños.
Erick Villatoro, auxiliar de la PDH en Huehuetenango, afirmó que el fenómeno migratorio sigue y ahora son núcleos familiares los que van en busca del sueño americano.
Agregó que los inmigrantes ya no cruzan por los puestos fronterizos sino que utilizan cualquiera de los 90 pasos ilegales que hay a lo largo de los 167 kilómetros de frontera entre Guatemala y México. “Estamos preocupados porque en estos lugares los migrantes caen con facilidad en manos del crimen organizado”, mencionó.
Según Villatoro, el costo para viajar de ilegal de Guatemala a EE. UU. subió de precio, de Q40 mil pasó a Q100 mil y para obtener ese dinero las personas efectúan préstamos a familiares o empeñan escrituras de viviendas o terrenos.
“El Estado de Guatemala es violador de los derechos humanos toda vez que no garantiza condiciones de seguridad, salud, educación y condiciones laborales para los migrantes lo que deriva en la necesidad de instalarse en otro país”, sentenció,
Villatoro subrayó que la pobreza extrema y falta de trabajo ha obligado a familias completas irse del país, otros factores que inciden son la violencia, extorsiones, explotación, secuestro, entre otros.
Álvaro Gómez, coordinador de la organización no gubernamental Tierra Nueva, detalló que hace cuatro años se hablaba de la niñez no acompañada y hace un año surgieron las caravanas de inmigrantes y este año el tema es el convenio para ser declarados tercer país seguro.
Expresó que Guatemala no puede ser un país seguro porque según los indicadores hay problemas de desnutrición, desempleo, falta acceso a los servicios de salud y educación que afectan a los guatemaltecos.
Gómez comentó que su organización conoce de mil 200 solicitantes de asilo o con estatus de refugiados que esperan regularizar su situación migratoria y explicó que de llegar los 15 mil migrantes de EE. UU. al país las autoridades serán rebasadas en su capacidad.
El coordinador de Tierra Nueva detalló que preparan 51 solicitudes de asilo de personas radicas en Quetzaltenango, mencionó que 36 casos ya están listos y mencionó 15 casos nuevos en Tecún San Marcos. En total en todo el país son 700 pedidos de asilo.
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