Pero no todos opinan lo mismo, para Salvador Cutzal Mijangos, mediador de conflictos de la zona de adyacencia en Petén, es un problema de años que no se había planificado solucionar de esta manera, por lo cual “autorizar una consulta popular es positivo”.
Agregó que no se trata sólo de realizar una consulta, ya que se debe visitar las comunidades asentadas en las cercanías de la zona de adyacencia, para explicarles cómo y en dónde se llevará el proceso, que podría poner fin a una problemática que afecta alrededor de 15 mil campesinos de 55 comunidades.
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Tomasa Cuc Yap, vicepresidenta del comité de Prevención del Delito, comunidad Monte de los Olivos, Dolores, indicó que solucionar el problema del diferendo podría traer beneficios a la población petenera ya que existirían aduanas y se generarían fuentes de empleo, lo que podría convertir al área fronteriza en una zona pujante.
El Congreso de la República aprobó el pasado 2 de agosto el acuerdo 22-2017, a través del cual se faculta al Ejecutivo para que, “en forma inmediata”, presente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud para celebrar una consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice.
El objetivo es preguntar a la población si está de acuerdo en que Guatemala llegue a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver en definitiva el diferendo territorial, como parte de un compromiso suscrito entre ambas naciones en diciembre del 2008.
