Mujeres indígenas víctimas de violencia denuncian lentitud en procesos legales

En la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) de Quetzaltenango, solo dos abogadas trabajan para los 152 casos que hay de enero a la fecha, lo cual causa preocupación en las mujeres indígenas que han denunciado a sus exparejas por maltrato, ya que los procesos legales no avanzan y carecen de resolución de juez.

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Una de las víctimas llega a denunciar su caso en la Comisaría de la Policía Nacional Civil, en Xela. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).
Una de las víctimas llega a denunciar su caso en la Comisaría de la Policía Nacional Civil, en Xela. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

Una víctima que se identificó solo como Alba narró que en agosto del año pasado decidió denunciar a su esposo porque cuando llegaba bajo efectos de licor a la casa y a altas horas de la noche la golpeaba frente a sus cuatro hijos, lo que les afectaba psicológicamente. Ella estuvo hospitalizada durante tres días debido a una hemorragia interna que sufrió cuando fue agredida con un palo.


Comentó que muchas vecinas le recomendaron que denunciara, y lo hizo con la esperanza de que se haga justicia y que le entregue pensión para sus hijos, pero cada día lo ve más lejos, porque su caso se halla estancando desde hace ocho meses.

“Mi expareja me dijo que quitara la denuncia contra él, porque si no lo hacía me iba a ir peor.  He venido a la Demi para ver qué ha pasado con mi denuncia, pero no camina. Lo único que quiero es que se me brinde seguridad y que él facilite dinero para la alimentación de los niños de 1, 3, 5 y 9 años”, explicó.

En San Juan Ostuncalco, a 17 kilómetros de Xela, reside Sandra. Ella ocupa una vivienda junto a sus dos hijos, de 2 y 5 años. Comentó que antes vivía en la cabecera, pero se alejó porque su exmarido la insultaba constantemente y golpeaba, y en ocasiones hacía lo mismo con sus hijos con el fin de que ella le hiciera caso.

Con el apoyo de sus padres, dejó la casa en Xela y denunció a su expareja; sin embargo, el proceso avanza lento, porque le han dicho que por falta de abogados en la Demi no ha sido factible acelerarlo.

“Tengo miedo de que mi expareja me haga algo o a mis hijos, y por eso quiero que se haga justicia, porque por su culpa mis hijos viven aterrados, pues cada vez que escuchan a alguien llorar rápido llegan conmigo, se ponen nerviosos y lloran, y yo estoy alejada de mi familia, amigos y conocidos. Lastimosamente, hay instituciones que no tienen recursos, como la Demi, para que los casos no sean tan lentos”, detalló.

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Alejandra Velásquez, de 24 años, solicitó ayuda en la Demi porque su exmarido no ha dado pensión alimenticia desde hace cuatro meses, pese a que un juez le ordenó que lo hiciera, para su única hija de 1 año y medio, pero su caso no ha llegado ante un juez para que resuelva por la rebeldía en que ha incurrido su expareja. 

“Él me engañó con otra persona y yo decidí dejarlo, pero ahora me dice que no me da dinero porque quiere regresar conmigo, pero ni loca volvería con una persona que nunca valoró a su hija. En la Demi no me ayudan rápido para que un juez vea el comportamiento de él, y yo no tengo trabajo”, detalló.

Flor Gómez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos, recordó que la Demi es un compromiso de Estado desde la firma de los acuerdos de paz, debido a la vulnerabilidad de las mujeres indígenas para acceder a la justicia; sin embargo, no se refleja que la institución sea atendida, porque los casos que llevan son de gravedad, pero marchan a paso lento y las mujeres indígenas no tienen recursos para pagar abogados.

“Vemos que los casos aumentan, pero se percibe la desatención y el desinterés del Estado de atender el derecho a la justicia de las mujeres indígenas, y esa institución debería fortalecerse con recurso humano, ya que atienden áreas jurídica, social y psicológica. Lamentamos que las instituciones tengan inconvenientes para atender”, declaró.

Dos abogadas

Karla Méndez, abogada de la Demi, explicó que ella era la única profesional del Derecho que trabaja de manera directa en esa entidad, y que de enero para junio se contrató a otra persona, por lo que las dos trabajan en las 152 denuncias que hay de enero a la fecha, de las que 95 son de la unidad jurídica y el resto de la psicológica. El año pasado fueron 495 denuncias en total.

Añadió que la mayoría de mujeres denuncia a sus exconvivientes por violencia contra la mujer, maltrato físico, psicológico y negación de alimentación.

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Méndez expresó que es necesario que la entidad tenga tres abogados para atender los procesos y que no afecten a las usuarias, que en el 90 por ciento de los casos proceden del área rural.

“Uno quisiera que las resoluciones fueran más rápidas, y la demanda de más personal no es para uno sino para las usuarias. Por gestión propia, a cada seis meses tengo cuatro practicantes del Centro Universitario de Occidente, que me ayudan para la procuración de casos, pero el aspecto legal lo hago yo”, señaló.

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