La desaparición de los pueblos indígenas
“Definitivamente somos invisibilizados por la cantidad de personas que reporta el censo y sobre todo el porcentaje de la población indígena, parece que estamos desapareciendo, sabemos que no son los resultados que se tenían que dar en el Censo”, dijo Viviana Ramírez, integrante de la coordinación de política del CPO.
“De acuerdo a la reivindicación que hemos realizado, el porcentaje que consideramos que existe en el país es de una población indígena que conforma del 75 al 80 por ciento de los guatemaltecos”, aseguró Ramírez.
Agregó que se trata de ocultar a la población. “Asumieron que las personas del área urbana mayoritariamente son mestizas o ladinas, no es así, hay personas de otros departamentos Mam o kakchiquel que han venido trabajar a Quetzaltenango. Consideramos que en el departamento de Quetzaltenango del 70 al 75 por ciento de la población es indígena”.
Reducir el presupuesto y el salario mínimo
Los integrantes del CPO expresaron que sospechan que las cifras del Censo sean para apoyar la reducción del salario mínimo.
“Inicialmente lo relacionamos con la iniciativa de rebajar el salario mínimo, como una manera de afectar el desarrollo. Otra situación es bajar el presupuesto que debe ser asignado a través de las municipalidades para el desarrollo de las comunidades y así aumentar los índices de pobreza. Al bajar el número de personas se evidencia como que es menor el numero de necesidades”, relató Ramírez.
Debilitar la lucha en defensa de los recursos naturales y afectar la desnutrición
Los integrantes del CPO expresaron que “reducir” la cantidad de personas indígenas en el país podría tener la intención de evitar el uso del Convenio 169 “que particularmente” va dirigido a la población indígena.
“Es una manera de invisibilizar derechos de la población indígena, para que no puedan defender el territorio colectivo”, aseguró Ramírez.
Nim Sanik, integrante de la dirección política del CPO, aseguró que el Censo “niega” la existencia histórica de los “pueblos originarios” así como su identidad.
“Se trata de negar los derechos económicos, políticos y sociales consagrados en la legislación nacional y en los convenios internacionales que ha ratificado Guatemala, esto va repercutir en las políticas públicas, creemos que va a mermar la cantidad del presupuesto asignado para cada uno de los ministerios que atiende el problema de la desnutrición. Necesitamos denunciar este tipo de racismo”, afirmó Sanik.
Agregó que la desnutrición crónica “se concentra” en la población indígena.
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