Otro proceso que llegará próximamente a ese Organismo es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones ya que el período para el que fueron electos quienes actualmente ejercen los cargos concluye el 12 de octubre de 2019. Para ello las Comisiones de Postulación trabajan desde junio para emitir los listados de las personas que nominarán.
El Congreso tiene 17 semanas para efectuar sesiones en el período ordinario el cual finaliza el 30 de noviembre. De ahí en adelante de realizarse alguna sería de forma extraordinaria con convocatorias para temas específicos, hasta llegar al 14 de enero del 2020 cuando se retoman actividades ordinarias, en este caso para hacer el cambio de legislatura.
De no lograrse la aprobación en este año, el proyecto podría atrasarse un año más ya que la nueva legislatura deberá instalarse, conocer las iniciativas y dictámenes y decidir si continúan su proceso o si prefieren que sean devueltas que ellos la puedan analizar, expuso Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
¿Hay condiciones para aprobarlo?
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) opinó que se trata de un contrato urgente por lo que el Congreso debe colocarlo dentro de su agenda prioritaria. A su consideración debiera ser aprobado aún en este año.
“El Congreso debe aprobar o improbar, no puede meterse a cambiar nada dentro del contrato, eso hace que sea mucho más fácil su aprobación” dijo Zapata, quien considera que seis meses es tiempo suficiente para poder generar los consensos necesarios y lograr los 80 votos requeridos.
Considera que la emisión del dictamen, dada a conocer por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, es un mensaje positivo para aumentar la inversión en infraestructura y mejores condiciones, la otra prioridad del Legislativo debe ser la propuesta de Ley general de infraestructura vial que se encuentra pendiente de la segunda lectura.
Casasola, analista del Cien, opinó que en algún momento es necesario ejecutar este tipo de proyectos. Sin embargo, dijo que se debe analizar el plazo, las condiciones, las garantías para el Estado y basarse en criterios técnicos a dar por valido este contrato que quedan claros los tiempos, obligaciones y salvaguardas si no se llegara a ejecutar al 100%.
“En el Congreso hay diferentes posiciones e intereses, por eso es muy importante que en esta legislatura se termine una discusión transparente y plenamente documentada para que en ningún momento se genere duda y no haya una decisión donde ese busque algún tipo de renta o beneficio” comentó Casasola.
Sin embargo, indicó que también dependerá de la agenda prioritaria del Congreso y qué temas estén sobre la mesa. Por la época del año en que nos encontramos, uno de los temas prioritarios es el presupuesto, explicó. “La discusión del nuevo presupuesto es algo crucial de cara a un nuevo ejecutivo que va a estar en el poder no se puede dejar a un lado. Ahí el presidente del Congreso tiene que ejercer esa labor de consensuar esta agenda mínima de una transición tan larga que va a existir, ya que se tienen pendientes varios proyectos” expuso Casasola.
Hidalgo dijo que el avance de la iniciativa es parte de las facultades del Congreso y quedará en la sociedad y la ciudadanía la labor de acompañar el ejercicio para auditar con el fin de que una iniciativa como está de inversión público privada genere frutos positivos para el desarrollo del país.
El Congreso podría tratar de rescatar el buen papel que debieron haber jugado durante toda la legislación y lograr consenso para aprobar un proyecto como este, agregó.
A consideración de Hidalgo no se debiera esperar hasta el siguiente el siguiente Legislatura porque significaría atrasar hasta un año la aprobación ya que los nuevos parlamentarios tendrían que instalarse, conocer las iniciativas pendientes y empezar a analizarlas. Lo que se tiene que hacer, insistió, es vigilar el proceso por parte de la sociedad para garantizar la transparencia.
Anuncian emisión de dictamen
A 10 meses de haberse recibido la iniciativa de ley en el Congreso, la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas de ese Organismo emitió dictamen favorable para el contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con el modelo de APP.
Se trata del primer proyecto con un contrato de esta modalidad que fue enviado al Congreso por el Organismo Ejecutivo, en octubre del 2018, para su discusión y aprobación luego de haberse adjudicado en la licitación al Consorcio Autopistas de Guatemala conformado por Marhnos y la empresa guatemalteca la empresa Consulta, S. A. para rehabilitar un tramo de 40 kilómetros y otras condiciones.
El diputado Óscar Fernández presidente de esa sala legislativa informó que el jueves 6 de agosto se emitió dictamen favorable y ahora procede trasladar el documento a la Dirección Legislativa, lo cual se prevé hacerlo en el resto de la semana.
Según el documento mostrado por el parlamentario se cuenta con 11 firmas, el número mínimo de votos necesarios en la comisión integrada por 21 diputados. Aunque al ser consultado mencionó que algunos parlamentarios prefirieron no firmar.
El dictamen se ha logrado emitir luego de seis reuniones tanto de discusión como para escuchar a otros sectores como al Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) y al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), entre otros agregó.
La Anadie es la entidad encargada de promover, impulsar los estudios para los proyectos de inversión público privada basado en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, Decreto 16-2010.
El contrato adjudicado comprende rehabilitar, operar y administrar 40 kilómetros, en el tramo del 60.9 al 102.1 kilómetros de esa carretera, con la construcción de distribuidores viales y conexiones, el cual se operará con cobro de peaje.
Fernández explicó que uno de los temas que había causado dudas es acerca de qué entidad o empresa se encargaría de darle mantenimiento a la ruta alterna sin peaje, para garantizar la libre locomoción, dijo el diputado. Sin embargo, explicó que les informaron que de esa ruta alterna se encargará en Ministerio de Comunicaciones.
“Lo que nos envían para aprobar es el contrato, este no se puede modificar, se puede aprobar o improbar” explicó el parlamentario.
Luego de llegar a la Dirección Legislativa deberá pasar el pleno del Congreso, cuándo la Junta de Jefes de Bloques así lo programen en la agenda para las sesiones.
En el pleno los diputados deben revisar, discutir, enmendar y aprobar en tres lecturas la iniciativa.
En qué consiste el proyecto
- La obra de 41 kilómetros deberá contar con distribuidores viales y sus conexiones.
- Es el tramo de la ruta Centroamericana CA-9 Sur A, que conecta el municipio de Escuintla con el Puerto Quetzal. Que va del kilómetro 60.9 al 102.1.
- La principal fuente de ingresos del proyecto será el cobro de peaje a los usuarios. Se cobrará la tarifa base de Q15 por vehículo liviano de un eje, valor que ya incluye el impuesto al valor agregado (IVA). El valor del peaje se multiplicará por el número de ejes de los vehículos o unidades.
- El Consorcio adjudicado ofreció el canon del 36.13% adicional al 5% exigido en las bases de licitación, a partir del noveno año de la fase de explotación, hasta la finalización del contrato. Por lo que sumaría 41.13% explicó Anadie luego de la adjudicación.
- Ese canon es el porcentaje de los ingresos brutos se tendrá el Estado.
- Los primeros ocho años la empresa deberá entregar el 4% sobre los ingresos brutos de la sociedad de propósito específico que debe crear para ejecutar el proyecto.
- Plazo: El contrato es por 25 años, de estos tres serán para la construcción y rehabilitación de la vía, y 22 para operarla. Se preveía inicialmente que empiece a operar en el 2022, pero depende de la aprobación del Congreso para que empiece a regir el contrato.
Beneficios
Según datos de entidades del Gobierno la autopista beneficiará a los conductores de los 10 mil vehículos livianos, 3 mil 800 vehículos pesados y más de 1 mil 200 autobuses que diariamente circulan por ese tramo.
Se convertiría en un corredor logístico importante para el país debido a que comunica el área metropolitana con el Puerto Quetzal, dicha terminal mueve más del 50% de las importaciones y exportaciones por la vía marítima.
También conectará sitios turísticos en el Pacífico, proyectos industriales e inmobiliarios, aspecto que dinamizará la economía.
El monto de inversión oscila desde Q600 millones hasta Q700 millones, pero podría elevarse por el daño que tiene la infraestructura de la autopista actual donde es necesaria la reconstrucción y el mantenimiento.
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