Economía

Conflictividad podría pasar factura a usuarios en la provincia

Energuate presentó ayer en audiencia pública  su estudio para establecer el Valor Agregado de Distribución (VAD), que se cobra a los usuarios en la factura mensual por por el servicio de distribución de  energía, y pide que se reconozcan las pérdidas generadas por la por conflictividad social.

Energuate atiende a poblaciones de 19 departamentos del país. Posee un centro de control de su red. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

Energuate atiende a poblaciones de 19 departamentos del país. Posee un centro de control de su red. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

La propuesta aún debe ser analizada por la CNEE pero de ser aprobada, uno de los efectos para los usuarios de las dos distribuidoras de Energuate que sí cumplen con su pago es podrían tener un alza en su tarifa ya que empezarían a pagar en su factura mensual de electricidad los costos por las pérdidas que generan acciones como el robo de energía de electricidad o la resistencia al pago por quienes rechazan a esas empresas.


Además, entre las dos distribuidoras, Energuate propone US$1 mil 426.6 millones de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) que se refiere al monto necesario en que una empresa eficiente pudiera poder operar para dar el servicio de distribución.

El VAD se cobra a los usuarios en la factura mensual de electricidad dentro de la tarifa por kilovatio hora. El nuevo VAD y pliego tarifario deberá empezar a regir el 1 de febrero del 2019 para el quinquenio hasta el 2024.

Niveles de pérdidas

Dimas Carranza, gerente de regulación y Tarifas de Energuate explicó que para la Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa) solicita que se les reconozcan 19.2% de pérdidas para el quinquenio del 2019 al 2024, de estas el 8.5% corresponden a pérdidas generadas por conflictividad social (como servicios incobrables y hurto de energía).

Mientras que en la Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deocsa) piden el reconocimiento de 16.5% de pérdidas de la cual alrededor del 6% es por conflictividad, agregó el ejecutivo.

Para el quinquenio vigente la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) reconoció el 13.2% de pérdidas a cada distribuidora pero no aceptó las que se derivan de la conflictividad como lo había pedido Energuate.

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La empresa dio a conocer durante la semana que las pérdidas anuales por esos motivos son de alrededor Q370 millones anuales (Q203 millones por pérdida directa por robo y Q167 millones por impago). Se agregó que hay más de 900 comunidades en conflicto con las distribuidoras que significan 126 mil personas.

Sube valor

En el 2017 se dispararon los incidentes principalmente contra el sector de energía eléctrica, indicaron los consultores de Quantum firma que elaboró el estudio para Energuate.

En la propuesta de US$1 mil 426.6 millones para el VNR de ambas distribuidoras, US$1 mil 065 millones corresponden a los activos propios y US$361.3 millones de los activos donados provenientes del Programa de Electrificación Rural (PER), por este último concepto no pueden cobrar el VAD.

La estimación del VNR a cinco años también lleva integrado el crecimiento de la red de distribución incluyendo los planes de construcción de 16 nuevas subestaciones, las estimaciones de crecimientos anuales de entre 2.3% a 2.5% en la demanda de energía y entre 2% y 2.5% en el número de clientes.

En conjunto Deocsa y Deorsa conectan unos 55 mil clientes nuevos cada año, más de 250 mil por quinquenio. Carranza evitó comparar montos entre la propuesta de hace cinco años indicando que el anterior se hizo con precios base al 2011 y el actual al 2016, entre otras variables.

Datos de la Comisión de Energía Eléctrica (CNEE) mencionados a febrero del 2016 refieren que el VNR de las dos distribuidoras sumaba US$808 millones. Mientras que la anualidad estaba en US$173 millones.


El VAD que se cobra en las facturas mensuales significa en la actualidad el 30% de la tarifa por kilovatio hora, es decir alrededor de Q0.50 sobre la tarifas a los usuarios de Deorsa, y unos Q0.56 del total de las de Deocsa.

Carranza también evitó hacer comparaciones respecto de cuánto se llegará a cobrar con la nueva propuesta. Aunque aceptó que se pudiera dar un alza en el VAD mencionó que se puede diluir dentro del resto de costos para los usuarios. Sin embargo mencionó que quienes pueden percibir impacto son el 30% de usuarios que no están cubiertos con el subsidio para la tarifa social.

La CNEE divulgó la propuesta de Energuate donde aparece un pliego de tarifas que resultarían luego de aplicársele el nuevo VAD. En este caso en Deocsa la tarifa no social estaría en Q2.44 por kilovatio hora y la social en Q2.33, mientras que en Deorsa en Q2.09 y Q2.00 respectivamente.

En el 2014, la entonces presidenta de la CNEE, Carmen Urizar dijo que “no se cobrará al que sí paga”, al exponer su desacuerdo en que las cuentas incobrables o hurto de energía se cargara en la factura a quienes sí pagaban por su servicio.

Urizar no respondió ayer para conocer su postura al respecto de la nueva propuesta pero Carlos Colom, expresidente de la CNEE, mencionó que las condiciones de conflictividad se han salido de control y que si no se reconocen las pérdidas deberá reconocérsele a Energuate una estructura más fortalecida para enfrentar esa situación con mayor personal de  diálogo, abogados, seguridad y otros temas que permitan brindar sus serivcios.

Las empresas incluyeron dentro de estudio del VAD informes de pérdidas elaborados por la firma Cabi en enero de 2018, en los que refieren que “lo que más ha perjudicado —el incremento de la conflictividad— ha sido el tema del alumbrado público y que se usa como pretexto para accionar en contra de los proyectos hidroeléctricos y de las operaciones de Energuate”.

En el 2017 se dispararon los incidentes ya que se registraron siete mil principalmente contra el sector de energía eléctrica indicaron los consultores de Quantum firma que elaboró el estudio para Energuate.

La firma mencionó dentro de su presentación un programa de mitigación de del nivel de conflictividad que incluye negociación, proyectos y operación normal, con estrategias de recuperación mediante acciones sociales y comerciales y mantener canales de comunicación.

Energuate solicitó a la CNEE para que le autorice ejecutar US$55 millones en inversión para electrificación rural “más allá de lo que obliga la ley” dijo Carranza.

Con ello, proponen conectar usuarios a distancias más amplias de los 200 metros de su red.

La intención es que en cinco años se logre conectar a 266 mil nuevos usuarios, entre estos 25 mil en las áreas con menor electrificación como Huehuetenango, San Marcos, Petén, y Las Verapaces.

Según el Ministerio de Energía y Minas el índice de electrificación es de 91%, pero faltan lograr acceso al servicio de energía a alrededor de 1.5 millones de personas. Varias de las áreas con más hidroeléctricas son precisamente las de menor cobertura eléctrica agregó Carranza.

Otra de las propuestas es crear una tarifa diferenciada para los autoproductores de energía que generan principalmente con paneles solares. En el pliego aparecen propuesta de tarifas prepago. Según el ejecutivo, por el momento no proponen tarifas horarias.

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ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.