El presidente de la Federación Juan Carlos Sikaffy, explicó a Prensa Libre que es una resolución de Fedepricap, como organismo empresarial de la región, “pero es la posición que sostienen todas las organizaciones empresariales de Latinoamérica sin excepción, porque consideran que este convenio no es una normativa que contribuya a la seguridad jurídica, promoción y generación de inversiones en los países”.
Sikaffy dijo que apoyan las medidas que vayan en favor de eliminar la discriminación y la violencia, pero debe ser atendiendo a las realidades de los países.
Agregó que los países de la región ya poseen normativas para regular esas acciones por lo que aprobar una más provocaría que esté sobreregulado y puede entorpecer la contratación de personas.
“El sector empresarial no puede ser responsable de las acciones que ocurran fuera del entorno laboral, como ser el ámbito de la violencia doméstica o situaciones exógenas que no son propias de las relaciones laborales”, agregó.
Entre estos menciona como ejemplo “el acoso que venga de personas que no forman parte de las empresas” ya que son aspectos que el empleador no puede controlar “y por lo tanto no se puede generar responsabilidades por ello”.
Si no se atiende la realidad regulatoria de los países, los empresarios consideran una nueva normativa “solo generará más confusión en un tema que por su naturaleza es difícil de resolver en nuestro ámbito legal y jurisdiccional”.
Por ello han decidido emprender acciones ante los gobiernos de los países de la región para que no se ratifique. Entre estas conversar con los secretarios de Estado o ministros de Trabajo para exponer los alcances que pueden generar más problemas al sector empresarial en la generación de empleo, expuso el dirigente empresarial centroamericano.
El Convenio 190 contra la violencia y el acoso laboral con perspectiva de género fue aprobado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 21 de junio de 2019 con 439 votos mientras que hubo 7 en contra y 30 abstenciones. Con el mecanismo de sistema tripartito de la OIT, en el cual patronales y sindicatos tienen derecho a voto, pero los del gobierno tienen doble peso.
La XXXII Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Fedepricap se celebró esta semana en Guatemala, en la sede del Cacif. Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif no respondió este sábado a las llamadas por parte de Prensa Libre para ampliar información acerca de la postura en el tema en mención.
¿Apoyan los sindicatos y el Gobierno?
En tanto Adolfo Lacs, directivo de la Federación de Empleados Bancarios de Seguros (Fesebs) e integrante de otras centrales sindicales indicó que los delegados del sector laboral votaron en la OIT a favor de ese convenio.
Indica que el temor de los empresarios es que en muchas compañías hay violencia contra los trabajadores en diferentes formas.
El país está representado en la OIT por medio de la delegación tripartita, que incluye al sector público, privado y trabajadores.
La legislación guatemalteca ya estipula varias disposiciones como el delito de discriminación, además existe la Ley de Femicidio porque puede denunciar el acoso a las mujeres por parte de su jefe o dentro del trabajo.
Aunque Lacs refirió que el Gobierno se había abstenido de votar. La oficina de comunicación social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que en la reunión del OIT del 21 de junio, cuando se aprobó el convenio en mención, el Estado estuvo representado por el viceministro Francisco Sandoval y el voto fue a favor.
En este momento se está en el período de dar a conocer este convenio tanto a los representantes del sector empleador como sindical. Posteriormente el Gobierno lo trasladará al Congreso y este Organismo definirá si lo ratifica o no, agregó el Mintrab.
Luego, si es ratificado se envía el aviso a la OIT y entraría en vigencia 12 meses después, se explicó.
De qué se trata
Se trata de la primera norma internacional de tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica, sexual o económica, que se produzca fuera o dentro del centro laboral, de forma esporádica o repetitiva, según detalles divulgados por la agencia Efe.
Este convenio rige tanto para el sector público como para el sector privado, además incluye tanto a la economía formal como la informal, zonas urbanas y rurales.
Se estableció que entrará en vigor 12 meses después de que los Estados miembros de la OIT lo hayan ratificado.
Su contenido se trabajó y discutió por unos cuatro años que incluyó representantes de gobiernos, empleadores y sindicatos de trabajadores.
Aplicación
El nuevo instrumento jurídico cubre:
- Todas las categorías de trabajadores independientemente de su estatus contractual.
- A personas en formación (incluidos aprendices y becarios).
- A aquellas personas cuyos trabajos han terminado, voluntarios y personas que buscan empleo.
- Su aplicación es para el empleo formal
- Pero también para el informal. Este segmento en el mundo representa 60% del total, y en Guatemala se ha registrado en alrededor de 70% según estadísticas nacionales.
- El convenio abarca la violencia de género.
- Reconoce el vínculo que puede existir entre el mundo del trabajo y la violencia doméstica.
- No se logró de incluir de forma explícita a los LGTBI como un colectivo especialmente vulnerable a la violencia en el trabajo.
Prevención
Los negociadores también buscaron dar un enfoque de prevención por lo que Estados tendrán que identificar (en colaboración con organizaciones empresariales y sindicatos) los sectores, ocupaciones y el tipo de organización del trabajo que más expone a los empleados a la violencia y al acoso.
Con información de Efe
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