La Junta Monetaria debía opinar sobre el salario mínimo para el 2022, pero no lo hizo. ¿Por qué?

La Junta Monetaria (JM) decidió no emitir observaciones sobre la fijación del salario mínimo para el 2022, por lo que el ministerio de Trabajo deberá trasladar al presidente Alejandro Giammattei, las propuestas de los sectores laboral y empleador, para que tome la decisión del caso.

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El Mintrab ya recibió  las observaciones del IGSS y de la Junta Monetaria para e salario mínimo del 2022. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El Mintrab ya recibió las observaciones del IGSS y de la Junta Monetaria para e salario mínimo del 2022. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Según la resolución JM-98-2021 del 17 de noviembre de 2021, la JM atendió la solicitud que hizo la Comisión Nacional del Salario (CNS) para que emitiera observaciones sobre las propuestas recibidas para establecer o no un nuevo salario mínimo para el 2022.

Sin embargo, este ente colegiado resolvió comunicar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) que al no haberse proyectado la fijación de nuevos salarios mínimos para 2022, según el dictamen de la CNS, no tiene observaciones al respecto.

El Código de Trabajo establece que la CNS debe enviar a la JM y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el dictamen emitido sobre las propuestas que presentan los sectores empleador, laboral y gubernamental.

 

Los empleadores pidieron ante las paritarias que siga vigente el salario mínimo actual, de Q2 mil 825.10 para actividades no agrícolas; Q2 mil 742.37 para actividades agrícolas y Q2 mil 581.77 para exportaciones y maquilas, más los Q250 de bonificación incentivo en cada uno.

El sector gubernamental, representado por la viceministra de Administración de Trabajo, María Isabel Salazar, fijó en octubre su postura ante la CNS indicando que para el 2022, al menos se debe tomar en cuenta el índice de la inflación.

En tanto que el sector laboral, propuso fijar la remuneración base en Q150 diarios, con lo que esta llegaría a Q4 mil 562.5 más la bonificación de Q250.

Ante esto, la viceministra Salazar indicó que el Mintrab recibió la respuesta de la JM al respecto y refirió que cuando se reúna con el ministro Rafael Rodríguez, le entregará el documento para analizarlo.

La funcionaria dijo que la JM no entró a un análisis muy profundo, sino que hizo un resumen circunstanciado de cada postura manifestada por los sectores y manifestó que, al no haber una posición directa en las comisiones para salario, no hay un pronunciamiento.

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Luego de haber recibido ambos informes de observación, Rodríguez se reunirá con el Presidente en los primeros 15 días de diciembre, para concretar la postura del sector gubernamental.

¿Y el IGSS?

En el caso del IGSS, respondió la semana pasada y según la viceministra Salazar, luego de analizar  las posturas de los tres sectores, esa institución considera oportuno un aumento, aunque no mencionó un porcentaje o monto.

Sin embargo, el seguro social le respondió a Prensa Libre que emitió su análisis en función de las variables objetivas del mercado de trabajo y el comportamiento de los indicadores económicos, agregando que se trata de “una posición imparcial que plantea la necesidad de mantener el objetivo de desarrollo económico con equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios, tal como lo han planteado las medidas gubernamentales de recuperación económica y los proyectos de impulso a la mediana y pequeña empresa”.

La fórmula clave

Con anterioridad, la CNS solicitó al Banco de Guatemala (Banguat) que, como ente técnico de apoyo, estimara con datos actualizados para el 2022 los resultados de aplicar la fórmula que la comisión estableció desde el 2012 para calcular el salario mínimo. Como resultado, se reflejó la posibilidad de un aumento que oscilaría entre 4.26% y 7.26%.

Consultado sobre si ese cálculo formaría parte de sus observaciones, el Banguat respondió por medio de la dirección de Comunicación, que esos resultados no están incluidos en la resolución JM-98-2021 que esa instancia trasladó al Mintrab.

Se agregó que los resultados mencionados se enmarcan en la solicitud especifica realizada por la CNS al Banguat, considerando que en años anteriores, esos cálculos han sido proporcionados por el Ministerio de Economía y por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), ya que puede ser aplicados por cualquier institución pública o privada.

La fórmula considera la meta de inflación de mediano plazo establecida por la JM y un factor de productividad que toma en cuenta la diferencia entre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real estimado por el Banguat y el crecimiento de la población, calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las cifras están referidas al año previo al salario mínimo que se vaya a establecer, resultado que se multiplica por un medio (½), que corresponde a la contribución del factor de “productividad del trabajo” al crecimiento del PIB per cápita, explica la oficina del Banguat.

  • Entonces, se consideró la meta de inflación de mediano plazo establecida por la JM (de 4%  +/- 1 punto porcentual), el crecimiento estimado del PIB real para 2021 (4% – 6%), así como el crecimiento estimado de la población para 2021 (1.49%). Con estos datos se obtiene que el incremento del salario mínimo para 2022 oscilaría entre 4.26% y 7.26%, pero “vale reiterar que dicho cálculo es solo una referencia técnica y no una recomendación de la Junta Monetaria, ni del Banco de Guatemala”, se recalcó.

Franky Pozuelos, delegado del sector laboral en la CNS, recordó que la posición del sector fue de elevar el salario mínimo diario a Q150 y que tanto la JM, como el IGSS, tienen independencia para opinar, pero a criterio del sector sí debe darse un aumento sustancial que permita devolverle al trabajador la capacidad de cubrir los gastos de su consumo familiar, ya que los productos de la canasta básica y servicios han tenido constantes alzas en los últimos dos años.

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Además, ahora las familias deben cubrir otros gastos derivados de la pandemia, como más productos de limpieza y bioseguridad, servicio de internet para que los estudiantes reciban clases y otros.

“A la par de eso deberían establecerse políticas de verificación de precios, controles o subsidios para evitar más alzas”, dijo.

Jorge Lewis, delegado del sector empleador, no respondió a la solicitud de opinión sobre la postura de la JM.