La propuesta del Ejecutivo para terminar la carretera de cuatro carriles hasta México

Al estilo fast track —vía rápida—  el Ejecutivo propondrá al Congreso la liquidación de contratos de construcción y ampliación  que abandonó la empresa brasileña Odebrecht en la Costa Sur. 

La obra a la que se comprometió Odebrecht se mantiene inconclusa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
La obra a la que se comprometió Odebrecht se mantiene inconclusa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El objetivo es liquidar la obra hasta donde se avanzó para reactivar el mantenimiento y construcción hasta la frontera con México.


El medio para la liquidación sería   la iniciativa de ley de recuperación de los proyectos de ampliación de las rutas CA 2 Oriente y CA 2 Occidente, según el documento al que Prensa Libre tuvo acceso.

Por el momento se desconocen detalles de los costos, avances y calidad de la ampliación a cuatro carriles que tenía a su cargo —contrato original—  desde Cocales, Suchitepéquez, hasta Tecún Umán, San Marcos —140 kilómetros—.

Con la auditoría de liquidación se conocerían esos pormenores, el monto de la devolución del dinero de todos los trabajos que no efectuaron y que lo que no se terminó no se pagará. 

Por otro lado, permitiría licitar el mantenimiento en ese tramo, que se encuentra con daños luego del paso del invierno y que es vital para la economía del país. El proyecto original tendría un costo de US$280 millones —Q2 mil 920 millones—.

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La iniciativa es una propuesta en conjunto del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), ante el impasse para   licitar y recuperar el mantenimiento de la red.

Los proyectos mencionados en la iniciativa “deben ser sujetos a revisión por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) con apoyo del CIV”, señala el documento.

“Deben presentar dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley un informe sobre el avance físico y financiero de los citados proyectos”, dice el artículo cuarto de la propuesta.

Menciona que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentará opinión legal en el mismo plazo.

Con esos insumos legales y técnicos, “el CIV procederá a liquidar y recibir la obra física efectivamente ejecutada, rescindir los contratos vigentes y posteriormente iniciar nuevos procesos de licitación por el resto del proyecto no ejecutado de conformidad con lo establecido en la presente Ley y leyes aplicables dentro del plazo de 30 días de recibida la opinión de la PGN”, resalta el documento.

Acisclo Valladares Urruela, comisionado para la Competitividad e Inversión, explicó que se pretende que la CGC contrate un supervisor independiente para que verifique hasta dónde llegaron los contratistas para hacer la liquidación.

El comisionado explicó que se tiene que documentar con videos, fotografías y con un peritaje técnico hasta dónde se hicieron los trabajos de ampliación de Odebrecht, para hacer la liquidación y recepción.

Valladares Urruela recordó que en conversaciones con el contralor general sobre la liquidación, se dijo que en el país no hay un experto con capacidad técnica para auditar la liquidación de una carretera.

“La liquidación puede hacerse en 90 días con esta iniciativa o hasta 120 días, pero no los dos años que llevamos”, dijo.
El comisionado explicó que, aunque las autoridades del CIV intentaron liquidar la obra de otra manera, es más factible la intervención del Organismo Legislativo.

En general, lo que se busca es recortar los plazos, para hacer la auditoría y los peritajes para que el dictamen sea la liquidación de la obra, puntualizó.


Por su parte, el diputado Orlando Blanco recordó que esta sería la segunda propuesta, ya que en las reformas a la Ley de Contrataciones ya se había planteado una liquidación anticipada de los proyectos.

La iniciativa de las reformas ya se encuentra avanzada y está por emitirse el dictamen en la Comisión de Finanzas.
En el articulado discutido se planteaba hacer el corte de avance, pero la iniciativa que ahora propone Pronacom y el CIV sería complementaria y es más clara, para retomar las licitaciones de reconstrucción de esos trayectos.

En el Congreso, explicó Blanco, se tratan dos criterios para solucionar el tema. 

La primera es por medio de esta   iniciativa que facilitaría al Estado y la otra se dice que no es necesaria, ya que en los mismos contratos se establecen las cláusulas para hacer la rescisión que suspendería los proyectos por el incumplimiento.
  En la nueva propuesta, dijo, son claves los dictámenes que avalen la CGC, la PGN y el Ministerio Público.

La CA 2 Occidente es la carretera que conecta desde Escuintla hasta la frontera con México y la CA 2 Oriente, de Escuintla hacia la frontera con El Salvador.

En el proyecto resalta que no se renunciaría a la persecución penal, o administrativa de las personas responsables que se encuentran en investigación.

“El procedimiento y las responsabilidades establecidas en la presente Ley deben ser cumplidos sin perjuicio de las acciones administrativas y penales ya encaminadas o a interponerse que deriven de la ejecución y negociación previa de los proyectos objeto de la presente Ley”, señala la iniciativa en el artículo cinco.

Ley de liquidaciones

Sobre los inconvenientes en el contrato con Odebrecht, el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, considera que los dos contratos, tanto el original como el que modifica deben quedar vigentes.

“Sí, tendría que trabajarse la posibilidad de una recepción parcial, pero únicamente en los tramos que Odebrecht no trabajó nada, pero tiene que verse la forma de legalizarse este tema”, expone Mencos.

“Tiene que haber  modificación a la Ley de Contrataciones del Estado, lo que estoy evaluando en este momento es el sustento sobre el cual ellos —el CIV— están haciendo un proceso de licitación”, refiere.

El contralor asegura que no debería hacerse una ley solo para liquidar estos contratos, sino que la actual sea más amplia. Es decir,  para hacer liquidaciones parciales cuando se presente una situación de esa naturaleza, y que “ojalá” no se presente de nuevo, pero está pendiente el tema de Sigma —empresa que tenía a su cargo la ampliación de la CA2 Oriente—.
“Creo que no se podría hacer una ley específica para cada tema, sino que sea una general, para cualquier situación a futuro”, señaló Mencos.

Además,  le pidió al ministro de Comunicaciones  que participe en la mesa de alto nivel de transparencia  el 27 de noviembre.

Ley específica

El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que es absurdo hacer una ley para liquidar los contratos con Odebrecht, porque estos proyectos fueron pensados para desfalcar al Estado, pues  si hubieran sido diseñados y ejecutados de manera transparente jamás se hubiera dado la situación en la que cayeron estos proyectos.

“Estamos dejando las puertas abiertas para que siga habiendo proyectos mal diseñados y mal concebidos, para que siga habiendo corrupción. Más bien, tenemos que enfocarnos para que los proyectos se ejecuten como está en el contrato”, indicó Marroquín.

El directivo  refiere que no es necesario modificar una ley, ya que tiene conocimiento de que se está en proceso de liquidación y  que lo que está pendiente son las estimaciones de cuánto la empresa avanzó en la obra.

Corresponsabilidad 

Aunque en el proyecto hubo anticipos y se variaron los contratos del proyecto de Odebrecht, el Ejecutivo  quiere que el Congreso tome una decisión legislativa para finalizar los contratos de manera anticipada, expuso el   diputado Manuel Conde Orellana.

“El tema es que sobre esos proyectos hay medidas cautelares que tienen que ser resueltas y obliga, no solo al Congreso, sino  también de acción legal de los tribunales, investigaciones de los contratos. Lo que se buscaría es que lo que se construyó con un alto costo no se destruya por la falta de mantenimiento”, subrayó.

La otra parte, explicó, es la acción  administrativa para volver a elevar a licitación esos proyectos, por lo que no solamente es una gestión legislativa.

El diputado Carlos Chavarría explicó que si se legaliza la liquidación  debe de conformarse una comisión de notables o miembros de la sociedad civil para transparentar el trabajo de auditoría del CIV, la CGC y la PGN.