Desde la perspectiva de los trabajadores se recopila información de las violaciones de los derechos laborales y se contrastan con las normas del trabajo reconocidas como derechos civiles, y derechos de negociación colectiva, de huelga, de sindicalización y derechos procesales.
José González-Campo, coordinador de comité Laboral del Cacif, dijo que la libertad sindical es un derecho reconocido en la Constitución y tiene que ser respetada de igual forma que la libertad de asociación pero también que las personas tengan la libertad de decidir ser parte o no a un sindicato. Además rechaza cualquier tipo de violencia contra de las personas en general y los sindicalistas.
A su consideración hay aspectos que se deben mejorar, pero opina que en los últimos años ha habido avances en los temas laborales.
Califica como importante dentro de esos avances las reformas al Código de Trabajo con las que se fortaleció la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, para que con reglas claras se cumpla con normativas. El decreto ya se publicó y ahora hay que asegurar que el ministerio tenga la capacidad para ejecutarla.
Ahora la iniciativa 5199 que se encuentra en el Congreso en la cual ya hay consensos en la mayor parte de la propuesta pero aún hay algunas diferencias, agrega el ejecutivo.
La iniciativa busca reformar la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de Trabajadores del Estado (Decreto 4441 del Congreso). En noviembre del 2017 tanto el sector patronal como sindical pidieron que se retirara para efectuar una mayor discusión.
El coordinador de comité Laboral del Cacif, dijo que consideran que la queja para que se instale una comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debería retirarse y que se establezcan mejores canales de comunicación para afrontarlos.
Miguel Ángel Lucas, integrante de la Central de Trabajadores del Campo (CTC) y abogado laboralista, indicó que sigue la violación de los derechos labores.
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Además, considera que aunque se han aprobado algunas reformas a leyes en temas laborales, en la práctica aún hay atrasos para resolver los conflictos laborales ya que se lleva entre 2 a 7 años un proceso.
En los procesos se imponen trabas legales, se vuelven lentos y engorrosos, y se limita que el problema se logre resolver con mayor prontitud, agrega.
Lucas critica que el año pasado y a inicios de este se había agilizado la labor en los juzgados de trabajo pero que en recientes meses volvió a ser lenta, ya que algún caso que llega a los juzgados debe esperar entre 8 a 10 meses para la primera audiencia. Además que los mismos órganos jurisdiccionales no respeta los plazos.
A diferencia de González-Campo, Lucas indica que no ven como un avance la reforma aprobada el año pasado por el Congreso que buscaba fortalecer la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ya que los diputados cometieron el error de derogarla en el mismo decreto.
Lucas comparte que lo mencionado en el estudio respecto a que falta capacidad del Estado incluyendo la fiscalía del Ministerio Público para para investigar los asesinatos o ataques a sindicalistas, que se han dado los últimos años. Además cree que la denuncia para que se instale el comité de encuestas de la OIT debe continuar, ya que la mayoría de casos que recibe la OIT de parte de Guatemala siguen sin resolverse por el Estado.
Frase “En la vía laboral no hay acciones reales para mejorar esa situación, de alguna manera se vio con buenos ojos que se agilizara la labor de los casos, pero de nuevo no se están agilizando los procesos y se están retardando”.
Añade que ha dado prioridad al cumplimiento del Acuerdo Nacional Tripartito, que tiene por objeto propiciar espacios de diálogo que generen propuestas para el pleno goce de los derechos laborales de los trabajadores. Respecto a esa plataforma expone que se da participación a los interlocutores sociales y a otras instituciones del Estado "porque estamos conscientes de que la protección de los derechos laborales debe abordarse de manera sistémica e integral".
En esa labor otras instituciones asumen un rol preponderante, como es el caso del Ministerio Público, que tiene a su cargo el esclarecimiento de las muertes de líderes sindicales y sindicalistas.
"Consideramos que el reconocimiento del Consejo de Administración de la OIT, es ya un resultado palpable. Como acción específica, podemos citar la pronta captura de cuatro personas, ligadas a proceso penal, por la lamentable muerte del sindicalista Tomas Francisco Ochoa Salazar, así como las veintidós sentencias obtenidas en los últimos tres años, sobre otras muertes de dirigentes sindicales" detalla el Mintrab.” transformer=”gsi.gn3quote.SCD_ColumnaRelacionadaNota_2017″ /]
De qué se trata el índice
La evaluación recopila información de diversas temáticas y clasifica a los países en seis categorías, en una escala del 1 al 5 basada en el grado de respeto de los derechos de los trabajadores. La sexta clasificación se denomina 5+ e integra a los países donde los derechos no son garantizados debido a la desintegración del Estado de derecho (ahí se mencionan países en guerra, entre otros).
La categoría 5, en donde se ubica a Guatemala, establece que son las naciones donde los derechos no son garantizados. En esa categoría se evalúa que aunque “la legislación puede enumerar derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos y están por tanto expuestos a unos regímenes autocráticos y a unas prácticas laborales injustas”.