Esto, por medio de planes multimodales de movilidad para el corto, mediano y largo plazo, congruentes con la vulnerabilidad del país ante los efectos del fenómeno del cambio climático, según un boletín emitido.

Agrega que no se debe olvidar que todo proyecto tiene un periodo de diseño que eventualmente alcanza y caduca y para lo cual también manifiestan su disposición de colaborar por medio de las comisiones técnicas especializadas de esta entidad.

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Esta emergencia también requiere soluciones de fondo, pues más que sólo acciones inmediatas, que al final resultan inútiles se requiere de trabajos técnicos científicamente comprobados, pues aunque lleven más tiempo, al final redundan en un mejor costo/beneficio para la sociedad.

Más críticas

Respecto al modelo actual de contratación para construcción de infraestructura el presidente de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala (Asijugua), Julio Galicia, indicó que existe legislación y normativas, pero no se cumplen, y las decisiones que se toman no son técnicas, sino políticas.

“Hay una ley de contrataciones, el problema es que esas reglamentaciones no se cumplen, se hacen las licitaciones a gusto y antojo de quien está contratando y resultan adjudicando obras que no se deben”, agregó.

Considera que para que el modelo actual funciones lo que se debe hacer es alejar a la clase política de las entidades que ven infraestructura porque toman malas decisiones por lo que lo importante es darle prioridad a la parte técnica.

Tanto Galicia como en un boletín emitido por la asociación, refieren que en el personal directivo de alto nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), no se encuentra formación ni experiencia en la planificación, construcción, y mantenimiento de la infraestructura física del país, y eso se refleja en la falta de proyectos técnicamente planificados para afrontar las necesidades del país.

“En el modelo actual para la ejecución de obras, entre los participantes no existen los valores éticos y morales, además del incumplimiento de las normativas técnicas y legales para desarrollar proyectos sanos y transparentes”, agrega la entidad en su comunicado.

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Según Galicia la actual Ley de Contrataciones necesita muchos cambios, pero no como se ha hecho (con “parches”), sino con una nueva ley en cuya discusión se involucre a todos los sectores.  Debe ser una ley integral con los proyectos ingeniería definidos, que se califique calidad de la obra, capacidad financiera y técnica de las empresas a contratar y no solo la relación que se tenga con ellas.

Tampoco están de acuerdo de que se le haya aumentado presupuesto al Ministerio de Comunicaciones, como los Q1 mil millones aprobados para fondos de emergencia con el estado de Calamidad el miércoles 22 de junio, si dicha entidad ya tiene vigentes alrededor de Q8 mil millones.

“El modelo necesario es una limpia de las instituciones que tienen que ver con infraestructura y  colocar técnicos capacitados”.

Propuestas

En tanto, la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) expuso que es lamentable la ausencia de planificación adecuada y que se deba recurrir de nuevo a un estado de Calamidad para atender los daños a la infraestructura y a los damnificados.

También exige que se establezcan los controles necesarios que garanticen la transparencia y calidad en la ejecución del gasto que deberá limitarse estrictamente a la atención de la emergencia, por lo que piden aparte al Congreso avanzar de urgencia nacional con la aprobación de las reformas legislativas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones y el impulso del Plan de Desarrollo Vial 2008-2032, incluyendo la iniciativa de Ley de Infraestructura Vial.

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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que este proyecto de ley plantea establecer un modelo de rehabilitación y mantenimiento por indicadores aspecto que en la actualidad no existe en la ley por lo que no se puede usar.

En la actualidad se hace por el modelo de obra pública tradicional, donde una empresa construye, pero no se compromete al mantenimiento.

El nuevo modelo incluye los contratos de rehabilitación y mantenimiento, es decir una empresa es contratada para construir un tramo también es adjudicada para operarla por un plazo, por ejemplo, de 20 años, lo cual influye en que tenga incentivo para usar materiales de mayor calidad, y el Estado le va pagando una mensualidad por el número de carros que van a pasar.

Esta incluiría carreteras que crucen de dos municipios en adelante, mientras que las calles internas de cada municipio se quedan responsabilidad de la alcaldía.

“Se plantea trabajar en dos horizontes, uno donde entran los proyectos que no necesita ampliación de derecho de vía entonces, como los actuales que ya existen y se han identificado hasta 52 proyectos. El segundo horizonte puede integrar todos los nuevos proyectos para que el país pase de 17 mil kilómetros de red vial a 38 mil”.

Zapata agrega que con la decisión actual que se tomó, no hay capacidad para ejecutar Q1 mil millones en 30 días de estado de Calamidad.

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Un plan nacional

Por aparte, Marvin Flores, analista de la organización Acción Ciudadana explicó que la legislación actual contiene las disposiciones necesarias para ejecutar, pero considera que no es el modelo el que falla, sino las personas que lo ejecutan.

Menciona que los mecanismos deben incluir que la infraestructura del país responda a un plan nacional de desarrollo que sea funcional, que se tenga una planificación que permita programas operativos anuales y multianuales, además de que se debe desarrollar un estudio sobre suelos, ya que cada región tiene diferentes tipos, por lo que varían los parámetros para la construcción.

Flores cuestionó que en varios gobierno han debilitado el servicio civil retirando o desplazando al personal técnico con experiencia en planificación de infraestructura y otros procesos.

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Impulsan modelo

Fundesa detalla datos del modelo que se propone en la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial, pendiente de tercer debate en el Congreso:

• Resuelve la capacidad de planificación y factibilidad técnica para mejorar la infraestructura vial.
• Genera la posibilidad de licitar proyectos viales sin ir al Congreso.
• Se legisla el procedimiento técnico de derecho de vía para permitir mayor agilidad, respetando el debido proceso y la propiedad privada, para acelerar la construcción de carreteras.
• Garantiza el proceso de adjudicación bajo estándares internacionales (generando la posibilidad de pago por indicadores para construcción, operación y mantenimiento) – lo cual mejora la calidad de las carreteras.
• Triplica los fondos para carreteras y la posibilidad de tener un fondo vial (sin aumentar impuestos) y la posibilidad de tener carreteras con peaje (donde exista capacidad de pago y vía alterna).
• Da certeza jurídica al uso del subsuelo (capacidad para hacer túneles).
• Genera certeza al Estado y al inversionista para atraer inversión extranjera directa, (US$3 mil millones en los próximos dos años) .