El Palacio Nacional fue el escenario para la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera que puso fin al conflicto armado de 36 años.
“Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada”, declaró con júbilo el entonces presidente de la República, Álvaro Arzú Irigoyen. Seguidamente se escuchó la ovación de un pueblo que añoraba el cese de las hostilidades.
“Es el principio de una nueva era en Guatemala, una en la que todos tenemos algo que decir y que hacer. Una era que debe encontrarnos con la mente clara, con el corazón limpio y las espaldas anchas para trabajar todos unidos por una patria libre, por una patria que encamine sus pasos al progreso y desarrollo”, dijo el mandatario.
El 29 de diciembre se cumplen 25 años de la suscripción del esperado Acuerdo 12.
En ese contexto es imperativo valorar el cumplimiento de esos compromisos, suscritos entre el 21 de julio de 1995 y el 29 de diciembre de 1996.
Prensa Libre consultó a expertos en el tema, quienes ofrecen una valoración variopinta respecto de los alcances y desafíos de los acuerdos asumidos por el Estado y las fuerzas insurgentes.
Sergio Morales, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos y coordinador de la Comisión de Interculturalidad de la Red Iberoamericana de Universidades comprometidas con la Educación en Derechos Humanos y Ciudadanía Inclusiva, expuso: “Toda comunidad necesita alcanzar acuerdos, especialmente para poder enfrentar en el día a día los retos que deban ser resueltos, y en eso consistió justamente alcanzar los acuerdos de paz. Nuestro país ha estado enfrentado desde siempre. Aquel era un período donde los temas económicos, sociales y culturales eran resueltos mediante lucha armada que solo producía derramamiento, pobreza y tristeza. Los acuerdos buscaban contener esos problemas”.
Agregó: “Cuando uno lo mira sobre la lejanía, tenemos que reconocer que en algunas cosas se logró avanzar. Yo diría que es lo que Curiel denominaba la democracia mínima. Hoy hay una mayor participación política de diferentes corrientes en el país. No resolvemos todo mediante el uso de la fuerza, aunque no podemos negar que hay abusos tolerados por los gobiernos. Mi lectura es que el avance ha sido mínimo. Que los problemas más importantes no han sido abordados, sino que han quedado en una especie de limbo donde solo hay buenas intenciones, sin acciones correctas”.
Morales señaló: “Vamos a tener una sociedad enfrentada mientras no tengamos la decisión política de abordar con seriedad la atención y solución de sus problemas. Hoy la población tiene conciencia mayor de sus problemas. Que esos problemas van a necesitar ser replanteados, que lejos de pensar que los acuerdos de paz ya perdieron vigencia, la mantienen, puesto que los problemas que dieron origen a ellos existen.
Añadió: “Todos los gobiernos, especialmente los últimos, han tenido que enfrentar serias crisis. Una de ellas es que han reconocido de una u otra manera que hay una falta de confianza cada vez mayor en los sectores políticos. Solo las sociedades que alcanzan acuerdos y los respetan logran avanzar. Si bien puede ser que algunas personas o sectores no se han sentido incluidos en la negociación, pues ese es un consenso nuevo y algo que hay que trabajar, pero estoy convencido de que la verdadera posibilidad para que Guatemala mejore en todos los sentidos es que necesita acuerdos. Debemos aprender a buscar acuerdos dentro de la diferencia. Realmente un pensamiento único va a ser muy difícil, y no creo que sea lo mejor para una sociedad. Creo que sí debe haber discusión, sí debe haber planteamientos, pero lo que tenemos que tener presente es que es necesario aprender a respetarnos mutuamente y que el gran tema es pragmático en las soluciones de los problemas nacionales, no pensar que son problemas de fondo ideológico, sino que muchos de esos problemas son solubles, son las dificultades prácticas que la población vive, que realmente es necesario combatir el hambre y la desigualdad”.
Visión de los jóvenes
La politóloga Christa Walters, coordinadora del proyecto institucional del Movimiento Cívico Nacional (MCN), afirmó que en estos 25 años de los acuerdos de paz se han dado lecciones de lo que sucedió en 1996, en el sentido de los avances logrados y de lo que aún hace falta para alcanzar de lo que se estableció en en ellos, particularmente en temas de cohesión social, avance en educación y temas económicos.
“Desde mi perspectiva, los acuerdos de paz fueron un punto importantísimo para que todos los guatemaltecos gocemos de las libertades con las que contamos ahora, que no hay que darlas por sentado, ya que para algunos jóvenes 25 años es mucho tiempo, pero se sentaron las bases para que se puedan gozar esas libertades”, subrayó.
Recordó que a algunos jóvenes se les olvidan los hechos durante el conflicto armado y los ocurridos para llegar a estos 25 años, en los que no ha pasado mucho ni se ha cumplido lo pactado en ese entonces. “Pero no es tan sencillo como eso, se tiene que evaluar que se han cumplido ciertos aspectos, y hay otros que falta por trabajar, pero que no hay que darlo por sentado”, expresó.
Al preguntarle sobre qué hace falta, Walters respondió que falta educación en lo público y privado. “Que se enseñe lo que pasó en el conflicto armado, qué significan los acuerdos de paz; una educación completa sería lo ideal”, indicó.
La coordinadora precisó que con los efectos de la pandemia prácticamente no se avanzó, y que el tema principal es la educación, ya que desde ahí se brindan otras herramientas para vivir en comunidad, que es lo más importante en el tema de la paz.
Walters señaló que la cohesión social es clave. “Ahora se vive en un mundo polarizado, no solo en redes sociales, sino en muchos ámbitos. La educación es un punto principal para encontrar herramientas para vivir pacíficamente en comunidad”, dijo.
A continuación, una revisión de los 12 compromisos suscritos.
1. Acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios Políticos
Este acuerdo enfatiza la importancia del fortalecimiento de la democracia participativa y la eliminación de la represión y el fraude electoral, que fue una constante en la década de 1980.
A juicio de Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo y politólogo, este compromiso fue una declaración para avanzar en la negociación para que las partes aceptaran un marco jurídico para el cese del fuego. El analista considera que sí tuvo cumplimiento.
2. Acuerdo global sobre derechos humanos
Fundamental para el avance de las negociaciones y el cese de las hostilidades, pues acentuaba la protección de los derechos humanos fundamentales, que habían sido vulnerados por más de tres décadas. “Este acuerdo cuenta con un cumplimiento importante, pero no es necesariamente atribuible al Estado guatemalteco”, opina Jorge Santos, coordinador general de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua).
A su criterio, dicho compromiso le dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pues el acuerdo hacía referencia a la desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. “Acá vamos a tener cercanías y alejamientos hacia la Cicig, dependiendo de quién gobierna, hasta alcanzar la expulsión de la Comisión”, dice el analista, quien refiere que la derogatoria de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (Copredeh) y de la Secretaría de la Paz (Sepaz) por el actual gobierno constituye un retroceso en lo referente al cumplimiento de este compromiso.
3. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado
Este compromiso, que abordaba la reintegración de las poblaciones que migraron a causa de la guerra, alcanzó algún nivel de cumplimiento, indica Sánz de Tejada. A su criterio, esto se debió a la organización de los refugiados, quienes alcanzaron una negociación aceptable para propiciar condiciones de retorno para comunidades desarraigadas.
4. Acuerdo para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca
Se cree que este fue uno de los compromisos más difíciles de negociar. En efecto se desplegaron equipos de trabajo para recopilar testimonios de las atrocidades ocurridas en la guerra.
“Muchos sostienen que el texto final fue cambiado y se establecieron muchas limitaciones; por ejemplo, que no podían hacerse menciones individuales de los hechos de violencia. Finalmente se utilizó una terminología muy ambigua, porque se quería evitar que ocurriera una situación similar a la de Argentina, donde hubo juicios por temas de guerra”, expresa Saénz. Considera que si bien hay un cumplimiento, hay recomendaciones que no se han logrado desarrollar.
5. Acuerdo de identidad de los pueblos indígenas
Santos refiere que hay avances, pero estos se revisten de formalismo. Considera que si bien se avanzó en lo referente a la aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales, en la praxis existe una clara apuesta por la homogeneización del castellano, principalmente en materia educativa.
Además se han disminuido los presupuestos para garantizar una educación bilingüe para los niños.
“La Academia de Lenguas Mayas tiene un presupuesto insuficiente para sostener sus esfuerzos”, lamenta.
6. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria
Considerado uno de los compromisos más importantes de la negociación, por su relevancia en la identificación de los grandes problemas estructurales que propiciaron el conflicto. Este acuerdo abordaba política fiscal y procesos de reforma agraria para dotar de tierras a las comunidades indígenas que históricamente no han contado con acceso a ellas.
Santos refiere que este acuerdo dio como resultado la creación del Fondo de Tierras, pero hubo una distorsión en aspectos relacionados con la dotación de las fincas, porque hubo aprovechamiento de parte de propietarios que vendieron tierras de mala calidad, mediante negociaciones opacas, lo que finalmente propició el endeudamiento de campesinos.
En materia fiscal se buscaba una política progresiva y equitativa, y el incremento de la carga tributaria del 50% en relación con el producto interno bruto antes del 2000, lo que no se cumplió.
7. Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática
Elvin Díaz, vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), afirma que en materia de justicia se han presentado algunos avances. Ve positivo el avance en la conciliación de un modelo de justicia más respetuoso en materia de derechos humanos. No obstante, cree que en los últimos años ha habido un retroceso en cuanto a independencia judicial, pues las instituciones garantes están cooptadas.
Dicho compromiso establecía al acceso a la justicia en los idiomas de los pueblos originarios, lo que sigue siendo una materia pendiente.
8. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego
Acuerdo operativo que contemplaba la desmovilización de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) de forma escalonada. Los combatientes cumplieron con la entrega de armas y centros logísticos.
9. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral
A juicio de los consultados, este fundamental convenio fue un fracaso consumado con la victoria del “No” en la consulta popular de 1999. Santos asegura que el Gobierno no hizo los suficientes esfuerzos por socializar las reformas propuestas en el referéndum.
Entre las reformas constitucionales se encontraban el reconocimiento constitucional de la identidad de los pueblos mayas, garífuna y xinca, así como la oficialización de los idiomas y el reconocimiento de la espiritualidad maya, entre otros. También fijaba un número de diputados y la prohibición de que estos fueran reelegidos por más de dos períodos, y otras modificaciones al sector justicia.
10. Acuerdo sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Permitía a la URNG su integración a la vida política, social, cultural, en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de los derechos.
Este acuerdo se cumplió, aunque la antigua insurgencia no supo convertir su participación en un caudal electoral que le permita llegar al poder.
11. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz
Desagregó los compromisos “sin tomar en cuenta su integralidad ni el peso relativo; entonces se fueron recalendarizando a conveniencia”, indica Sáenz de Tejada.
12. Acuerdo de Paz Firme y Duradera
Su significación es indiscutible y es una síntesis simbólica que cerraba el largo y complicado proceso de negociación que puso fin al conflicto armado interno.
Comisión comprometida
La Comisión por la Paz y los Derechos Humanos, que durante este gobierno está a cargo del seguimiento a los acuerdos de paz, señaló que el Gobierno está “consciente de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno en el país, trabaja incansablemente en el combate de la pobreza y pobreza extrema, la discriminación y marginación social, que desde tiempos ancestrales han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad”.
El gobierno de Giammattei, agrega, “reafirma su compromiso con todos aquellos mecanismos encaminados a fortalecer la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos en el país. Por esa razón es que a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), durante el 2021 se han impulsado múltiples acciones encaminadas a una cultura de paz y diálogo, basadas en la promoción y protección de los derechos humanos y la resolución pacífica y efectiva de conflictos”.
Aunque algunos activistas señalan que el cierre de Sepaz, Copredeh y la Secretaría de Asuntos Agrarios es un retroceso, la comisión oficial lo niega: “A través del acuerdo gubernativo 100-2020 crea la Copadeh, con el objeto de responder a la dinámica de la realidad social, después de 25 años de la firma de la paz; es decir, las temáticas antes mencionadas siguen siendo vigentes en el presente gobierno”.
¿Qué sigue?
Ante el cumplimiento parcial del Acuerdo de Paz Firme y duradera vale la pena preguntarse ¿Hacia dónde vamos?
Jorge Santos, coordinador general de Udefegua, considera que es menester de los próximos gobernantes retomar estos compromisos y analizar uno a uno sus avances. A su juicio debe ser un piso mínimo para la construcción de una sociedad con justicia y paz social.
El antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada dice que es necesario poner en valor la importancia del definitivo cese al fuego, lo que es un avance para el país pues la guerra trajo consigo mucho. Asegura que los acuerdos están vigentes y se debe avanzar en los temas pendientes.
Los analistas lamentan el cierre de la Secretaría de la Paz -Sepaz- y de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos -Copredeh-, pues consideran que es un retroceso en la hoja de ruta al cumplimiento de estos acuerdos.
“Este Gobierno es el sepulturero de los Acuerdos de Paz, pues se han visto importantes retrocesos”, lamenta Santos, quien asegura que se deberá esperar a que el próximo Gobierno retome esta hoja de ruta.
*Nota del Editor: En una primera versión se consignó, por error, que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos no había fijado su postura para esta nota, sin embargo, sí respondieron y sí se consigna en este artículo los comentarios oficiales.
con información de Urías Gamarro
