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Semuy 2: La cadena de errores que derivó en el estado de Sitio

El incidente registrado en la comunidad Semuy 2, en El Estor, Izabal, tiene varias versiones según quién lo relate; sin embargo, existe un procedimiento que debió cumplir la patrulla, porque el Ejército cuenta con protocolos que no son opcionales. A partir de ahí se puede hacer una reconstrucción de qué debía suceder y, a la luz de los resultados, no pasó.

Escuela de Semuy 2, la comunidad de El Estor, Izabal, donde tres soldados fueron ejecutados. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

Escuela de Semuy 2, la comunidad de El Estor, Izabal, donde tres soldados fueron ejecutados. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

En búsqueda de la verdad, o al menos la información más cercana de lo ocurrido en Semuy 2, Prensa Libre consultó a varios oficiales del Ejército, algunos en servicio, otros retirados, quienes, según su experiencia, explican qué protocolos se debían cumplir, todos en función de proteger la vida de la tropa y la de los civiles.

Guatemala, como todos los países de la región, tiene satélites que permiten identificar aeronaves que invaden el espacio aéreo. Esta tecnología precisa velocidad, dirección y altura de los vehículos, así se determina si es una avioneta o un jet. Con esta información básica se logra hacer una traza, es decir, una proyección de hacia dónde va y dónde aterrizará.
Si la aeronave ingresa por el Pacífico, el análisis de la información y la inteligencia militar permite identificar que el vehículo podría aterrizar en la Costa Sur o, incluso al Altiplano; si la avioneta o jet llega por el Atlántico y la costa de Honduras, las probabilidades son que busque bajar Izabal o Petén.

“Muchas veces el ejército tiene conocimiento de las pistas, algunas por contacto físico e inteligencia, y otras por radares, estas últimas -la ubicación- no es precisa, porque se desconocen las condiciones -de las pistas- para usarlas y están, muchas veces, en fincas o propiedades con difícil acceso”, explica un oficial, que asegura que luego de identificar la traza se debe establecer comunicación con el Ministerio de Gobernación y la Dirección de Aeronáutica Civil, para descartar que sea una aeronave en medio de una emergencia de vuelo.

Al establecer que es una aeronave ilegal, posiblemente una narcoavioneta, porque no tiene o apagó su Transponder -dispositivo por medio del cual se comunican con las torres de control aéreo civiles- “se apuesta por la pista más probable donde va a aterrizar y se adelanta con una unidad”, dice un oficial del Ejército, que explica que, en el caso de Izabal, la misión queda a cargo de la Brigada de Infantería de Marina, al mando del general Yonivan Menéndez Gasparico, a quien el presidente Jimmy Morales le otorgó ese gradó en junio último.

“Muchas veces no se llega a la pista que finalmente es utilizada, de ahí que de 10 casos solo uno o máximo dos son exitosos”, dice un oficial, agrega: “No siempre hay coordinación con la Policía ni con el Ministerio Público, por cuestión de tiempo. Casi nunca llegan a tiempo o junto al ejército”.

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Hay un centro de mando que establece cuál es la operación para realizar y es quien da la orden a la Unidad o Patrulla para que se adelante al área más probable de aterrizaje. Esta unidad se denomina de reconocimiento y avanzada, que entra en operación cuando se establece una alerta roja de aproximación, es decir, una aeronave en tránsito ilícito en el espacio aéreo nacional.
Con esta alerta roja el Ejército debería tener la capacidad técnica de interceptar a la avioneta o jet y obligarla a salir del espacio nacional, en su defecto, aterrizar en un área controlada por las autoridades; sin embargo, el Ministerio de Defensa actualmente no cuenta con aviones de interceptación y necesita utilizar elementos en tierra para ubicar las pistas.

Sobre la incursión de la Patrulla desde Río Dulce por Pataxte y Semuy 2, un oficial, basándose en los protocolos del Ejército, señala que “tuvo que haber alertas inmediatas hacia Gobernación e indicarle que tenían la nave en aproximación y activar un comando antinarcóticos que fuera a verificar este lugar. Eso nunca pasó, llegó la noche y nunca se destinó un equipo en respuesta y apoyo a esta unidad”.

El vocero del Ejército, Óscar Pérez Figueroa, marca distancia sobre este extremo, ya que sostiene que sí había más patrullas, incluso helicópteros listos para intervenir en la zona de Semuy 2, sin precisar el número ni la ubicación, con el argumento que se trata de “información confidencial”. Pérez Figueroa sostiene que, aunque había más patrullas listas para una incursión, hubo una orden de no activarlas por la resistencia comunitaria y el riesgo de provocar un enfrentamiento más grande.

En el ingreso a Semuy 2, El Estor, Izabal, se observa presencia de vehículos militares. (Foto Prensa Libre: Dony Stewart)

Una patrulla, una orden

El vocero del Ejército confirmó a Prensa Libre que una de las estrategias tácticas de una patrulla militar es redondear los pueblos y conservar así el anonimato de la operación. Lo anterior coincide con las versiones de otros colegas suyos, que identifican como un primer error el que una patrulla que está en una misión de reconocimiento atraviese, armas en mano y con el rostro cubierto, un poblado.

Hasta ahora el Ministerio de Defensa y pobladores coinciden en que la patrulla atravesó el pueblo, supuestamente para seguir la traza, y al regresar eran esperados por los habitantes de Semuy 2.
“En el momento que se establece y manda a la primera unidad, ellos no pueden ir a hacer un engagement, encarar al objetivo, solo pueden estar cerca, observar lo que está sucediendo, pero no pueden encararlo. Eso no sucedió acá, ellos dicen: llegamos, bajamos de la lancha y fuimos a ver qué estaban haciendo y eso no sucede así. Ellos tuvieron que llegar, verificar que la unidad -aeronave- bajó, establecer dónde está, y en ese momento se quedan en apresto, esperan que lleguen los refuerzos y ahí se hace la incautación, en caso de que fuera un ilícito, pero nunca vas directo a intervenir en lo que está sucediendo”, dice un oficial a Prensa Libre, sobre los procedimientos que aprenden desde la Escuela Politécnica y en cada uno de los cursos que son necesarios para ascender en la jerarquía militar.

Otro detalle que en las versiones que se han hecho públicas no coincide con la práctica habitual de misiones militares es que, para hacer la incursión, desde la Brigada de Infantería de Marina, a través del Comando Naval y estos a la patrulla, comparten información de inteligencia que les permite advertir la zona en la que están incursionando. “Se debe hacer el análisis, si hay antecedentes de conflictividad, además, se toma en cuenta que quien entrará en acción -en el caso de Semuy 2- es una patrulla de marina, con limitados conocimientos tácticos en tierra”, dice un oficial del Ejército ya retirado.

“Faltó un estudio del área, no se manda a una unidad a la boca del lobo, lo que se hace es reforzar, en todo caso, la patrulla, y no enviar a 9, sino a 25 o 30, si se quiere cumplir con una misión de incursión e interceptación”, agrega el militar, quien a su juicio y a partir de las versiones públicas, “no hubo análisis y sí hubo omisión del estudio del área, además, el alférez -que era el oficial a cargo de la patrulla- es un oficial muy nuevo, sin el conocimiento a profundidad de tácticas en tierra y el riesgo a enfrentar.

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“No pueden atravesar un pueblo, en cualquier caso, se asume que están espiando y en cuanto miren a la patrulla avisarán al resto de la aproximación y se corre el riesgo de una emboscada”, aporta otro militar, según su experiencia y entrenamiento.

Información omitida

La conflictividad en El Estor no es algo que comenzó este mes con el fatal incidente en Semuy 2, la comunidad ya mostró su fuerza contra la seguridad pública en el 2017, cuando un grupo de vecinos bloqueó la ruta que comunica con Panzós, Alta Verapaz, se enfrentó con la Policía y, finalmente, quemó la casa del alcalde. Protestaban por la contaminación de Río Dulce y pedían la intervención estatal para frenar la contaminación, sobre todo de las industrias alrededor del lago.

En ese incidente los pobladores pedían una mesa de diálogo y al fracasar ese intento, la Policía lanzó gas lacrimógeno para despejar la vía y los vecinos respondieron con disparos.
Inconsistencias:

Qué sucedió durante la retención de los soldados es lo que investiga actualmente el Ministerio Público. El caso está bajo reserva y familias de Semuy 2 han sido protegidas porque sus testimonios pueden acercar a las autoridades a la verdad.

Sin embargo, en la información que se ha hecho pública hasta el momento las inconsistencias son motivo de especulaciones, pero la verdad será la que las autoridades luego de conocer los informes forenses, entrevistas con los soldados involucrados y los integrantes de la comunidad, revelen.

Entre las inconsistencias que más llama la atención es una fotografía de los cadáveres de los soldados. Uno de ellos no porta la camisa del uniforme, sino una playera verde y sobre esta el arnés táctico.

Oficiales militares aseguran que nadie en la institución armada puede decidir quitarse parte del uniforme cuando está en servicio, mucho menos durante una misión. La versión también es confirmada por el vocero del Ejército, Óscar Pérez Figueroa, que también ignora por qué uno de los tres soldados muertos no porta su uniforme completo.

¿puede ser que se lo hayan quitado los pobladores?, sin embargo, al analizar esa posibilidad aún queda la duda de por qué tomarse la molestia de quitarle la camisa y luego volver a ponerle el arnés sobre la playera.

Una versión va dirigida a que los soldados habrían sido torturados antes de ejecutarlos y, para limpiar sospechas, lo habrían vuelto a vestir y ahí olvidaron colocarle la camisa, una versión que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no sostiene, ya que ninguno de los cuerpos, en la información divulgada hasta ahora, tenía signos de tortura.

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ESCRITO POR:

Alex Rojas

Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.