Organizaciones que luchan por los derechos de la mujer advierten sobre los riesgos que existen en el uso malintencionado que se le está dando a la norma.
Grupos civiles, personas individuales y periodistas expresaron en un comunicado su preocupación y condena por los ataques y amenazas sistemáticas que han sufrido medios y comunicadores sociales en el país. Además, reiteraron que actores privados y estatales los hostigan, calumnian, amenazan y difaman.
Los casos más recientes de las formas de acoso judicial fueron las denuncias presentadas contra los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid, quienes han publicado investigaciones periodísticas sobre mal uso de recursos públicos.
En una de las cuales se reveló que Joselyn Fernanda Mérida Solano, directora de Comunicación Social del Congreso organizó campañas de desprestigio en contra del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el diputado Samuel Pérez. Debido a la publicación, Mérida Solano denunció a los comunicadores y el pasado 7 de junio, un juez ordenó medidas de alejamiento a su favor.
Luego de la publicación, los congresistas de Semilla denunciaron a Mérida y al subdirector de dicha, José Fernando López, por supuestamente utilizar fondos públicos para atacar a los parlamentarios de oposición y al PDH.
En otra de las publicaciones se documentó la compra de inmuebles en los que residen familiares de Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno. Por lo que María Luisa Morales Gatica de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón, madre y hermana del exfuncionario, denunciaron a los periodistas por coacción y violencia psicológica contra la mujer, por lo que la jueza Michelle Dardón Aguilera les prohibió publicar sobre ellas.
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La constante de utilizar esta normativa por políticos para su propio beneficio no se limita a este gobierno, viene desde el extinto Partido Patriota. En su momento la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, utilizó la Ley para denunciar que el diario elPeriódico publicaba información en la que ejercía violencia psicológica.
El caso llegó a la Corte de Constitucionalidad, que amparó al presidente de dicho diario, Jose Rubén Zamora, y dejó en suspenso las medidas precautorias emitidas por el juez, que prohibían perturbar o intimidar.
También la excandidata presidencial Sandra Torres y la excanciller Sandra Jovel utilizaron la Ley en contra de ese matutino, para impedir que publicara información sobre ellas.
Justicia especializada
La Ley de Femicidio fue aprobada en el 2008 y su espíritu es dar acceso a la justicia especializada a mujeres en casos de violencia en su contra para prevenirla, atenderla y sancionarla, debido a la magnitud de la problemática. Solo en los primeros cinco meses de 2021 han ocurrido 252 muertes violentas de mujeres.
Giovanna Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, explicó que antes de que fuera aprobada la Ley por el Congreso pasaron muchos años promoviendo mecanismos para crear normas que castigaran a agresores y femicidas. “Es una ley que aporta para la vida y seguridad integral de las mujeres, no para utilizarla como arma para alguno”, afirmó.
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Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando al Mundo, reconoce que existe la violencia política e institucional y desde estos puntos se puede ejercer la violencia contra las mujeres. Pero deja claro que cuando las acciones están relacionadas con periodistas, se pueden dilucidar más en los tribunales de imprenta.
“Al tener un puesto público, sus acciones son públicas y, por supuesto, deben ser discutidas a nivel social. La función de los periodistas es informar al respecto”, señaló.
Mario Fuentes Destarac, miembro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, dice que se debe proteger a todos los periodistas y comunicadores, y por eso se ha solicitado el programa de protección a periodistas al Ministerio de Gobernación, pero no se ha implementado durante los últimos tres gobiernos.
“Si no hay un programa destinado para protegerlos y defenderlos, cualquiera los ataca, sobre todo que en nuestros países la situación está bastante grave”, advirtió.
Las denegatorias a acceso de información pública siguen siendo constantes, tanto para periodistas como para organizaciones que defienden los derechos humanos o que publican análisis y estudios que retratan la coyuntura del país.
Abraham Baca Dávila, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), expresa que defienden la libertad de expresión, no solo de los periodista, sino también la de los ciudadanos porque es un derecho humano y universal. “Estamos en contra de que estén penalizando o que quieran manejar situaciones judiciales en contra de periodista por hechos aparentemente negativos para algunos políticos”, reiteró.
MP: Situación de fiscalía especial
Édgar Rodenas, fiscal de Delitos contra Periodistas, dijo que tienen 124 casos en investigación —cien de hace más de 10 años y 24 son recientes—. En 2019 esta unidad fue ascendida a fiscalía y actualmente tiene dos agencias: en Guatemala y Quetzaltenango.
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Amenazas, coacción, lesiones leves, abuso de autoridad, retención de información, difamación, hurto, entre otros delitos son los que más se denuncian, según Rodenas.
Añade que durante las manifestaciones del 2020 iniciaron investigaciones de oficio al ver videos y fotografías que evidenciaban que unos periodistas fueron atacados por la PNC.
Además, indicó que es importante que los comunicadores denuncien los delitos en su contra, para buscar sanciones.
En el 2020 la fiscalía recibió 123 denuncias, recibieron tres sentencias y presentaron 54 solicitudes de medidas de seguridad.
En lo que va del 2021 han recibido 27 denuncias y han solicitado 30 medidas de seguridad.
Periodismo en la región
El medio argentino El Clarín publicó una nota en donde siete periodistas advierten el uso de nuevas formas de acoso judicial, entre las cual está la teoría Lawfare, contra el periodismo en países de Centroamérica y América del Sur.
La teoría de Lawfare fue creada hace dos décadas por el profesor y brigadier retirado Charles J. Dunlap Jr. De la Duke University School of Law, y lo definió como el uso de la Ley como un arma de guerra, señala el medio.
Destacan que el ejemplo más grave fue cuando el régimen de Daniel Ortega cateó la casa del periodista Carlos Chamorro en Managua, Nicaragua, por una investigación inventada de lavado de dinero. El uso de la justicia para armar casos es un nuevo sistema de censura contra la prensa.
Un caso similar también sucede en El Salvador, en septiembre del año pasado, en conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele anunció que el medio digital El Faro había sido sometido a una investigación por lavado de activos. Además, acusó a otros medios digitales como Gato Encerrado, Revista Factum y La Prensa Gráfica de atacar su gobierno.
Los periodistas Ewald Scharfenberg, Ignacio Rodríguez Reyna, Octavio Enríquez, César Ricaurte, Fernando Ruiz, Zulema Alanes, y la abogada Taís Gasparián del diario Fohla de San Pablo explicaron que para este nuevo ataque recurren a falsas denuncias que están relacionadas con espionaje, lavado de dinero o extorsión. Antes de este método, los políticos usaban juicios por calumnias e injurias o civiles para la censura de la prensa.
