Hace un mes el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había dejado de asistir a las diferentes audiencias en la Torre de Tribunales, luego que el gobierno de Jimmy Morales diera por terminado de manera unilateral el convenio.
Los casos se reprogramaron y en uno hasta se decretó el abandono de la Cicig como querellante: el juicio del caso Botín en el Registro de la Propiedad que tiene en el banquillo a Samuel Morales y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales respectivamente-.
La mañana de este lunes 11 de febrero fue distinta. La abogada Astrid Escobedo, de la Cicig compareció a través de una videoconferencia y causo la sorpresa de algunos abogados y acusados en la judicatura.
El caso TCQ, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal, volvió a la sala de Mayor Riesgo B, dirigida por el juez Miguel Ángel Gálvez, luego que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo así lo ordenó.
El juez verificó que todos estuvieran y explicó que la abogada Escobedo había solicitado comparecer por videoconferencia. “Está en ley debido a que cualquier persona que sea parte del proceso puede hacerlo”.
#CasoTCQ | Juez Miguel Gálvez autoriza a Astrid Escobedo, de la @CICIGgt, a comparecer por videoconferencia.
La audiencia de cumplimiento de sala a Gustavo Martínez se suspende por inasistencia de los defensores. pic.twitter.com/mDX6MWXsht— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 11, 2019
Abogado de Martínez ausente
Gustavo Martínez, exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina compareció a la judicatura sin su defensor Jhonatan Villatoro.
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Martínez explicó que el abogado tenía una cita en el Juzgado Décimo Penal desde la semana pasada y además interpuso un amparo a la resolución de la Sala que lo envió a debate por cohecho pasivo.
“En vista de la incomparecencia de sus abogados lo prudente es suspender la audiencia. Se les va a notificar cuándo será reprogramada”, informó el juez Gálvez.
La semana pasada la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le enmendó la plana a Gálvez y también ordenó un debate para Martínez por cohecho pasivo.
Martínez fue enviado a debate por asociación ilícita y fraude el año pasado. El juez Gálvez había decretado la clausura provisional por cohecho pasivo y ante eso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) interpuso una apelación.
El caso
La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ, destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios, y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.
En libertad
El pasado 12 de septiembre el juez Gálvez le otorgó arresto domiciliario sin pago de fianza durante una audiencia de revisión de medidas de coerción a Gustavo Martínez.
Ese día dijo: “Soy entrenador de equitación y lo aviso para que no se interprete mal si me ven montando caballos”.
Martínez goza de una jornada diurna de 7 a 17 horas para trabajar. Además, tiene prohibido salir del país y hablar con otros integrantes que están procesados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
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