El trámite de antejuicio estuvo a cargo del magistrado de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, quien estimó que los hechos denunciados por el MP y la Cicig fueron suficientes para levantarle la inmunidad e investigar al juez Peralta.
Según la denuncia presentada para este antejuicio, la forma de operar del juez Peralta se realizó a través de un mecanismo denominado “lavado de niños”, que tenía por objeto evitar que los menores pudieran ser ubicados o reclamados por sus padres biológicos y con ello ocultar todas las ilegalidades cometidas para así garantizar la impunidad de los miembros de la red.
Como parte del proceso de adopción ilegal de un menor la red falsificaba los documentos, alteraba y ocultaba la identidad de los niños con el objetivo de evidenciar que habían sido vulnerados y luego acudir para que se tramitaran los expedientes sin reunir los requisitos de ley.
Fue así como el juez Peralta declaró en abandono gran cantidad de menores, último requisito para comenzar el proceso de adopción y darle aparente legalidad a todo lo actuado por el resto de personas que participaban en la red, entre ellos la Asociación Primavera, en el trámite irregular de la adopción.
En marzo del año pasado fue suspendido el juicio contra el juez Mario Peralta, por su implicación en adopciones ilegales.
