Empresarios denunciarán actos de corrupción en obra pública

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC)  se comprometió a crear una unidad anticorrupción, para  denunciar cualquier exigencia de  sobornos por contratos con el sector público, después de  la sentencia emitida contra  nueve empresarios por haber entregado comisiones a funcionarios a cambio del  pago de  deuda de arrastre.

El sector de la construcción creará una unidad para denunciar los actos de sobornos en proyectos de contratación pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El sector de la construcción creará una unidad para denunciar los actos de sobornos en proyectos de contratación pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Vemos de forma positiva que las personas involucradas en este caso hayan reconocido su responsabilidad ante la justicia y que el fallo judicial sea  a favor del Estado de Guatemala”, fue la posición que reflejó ayer la CGG por medio de un comunicado a Prensa Libre.


Señalaron que “trabajan en una línea de denuncia antisobornos y en un  Código de Ética, como instrumentos que fomenten el comportamiento ético de nuestros asociados”.

Los constructores también exigieron cambios a la forma  como se contrata en el Estado   la obra pública.

“Trabajamos en propuestas y en  herramientas, como una nueva ley de contrataciones que elimine la discrecionalidad de los funcionarios públicos”, comunicaron.

A la vez, el proyecto pretende fomentar la transparencia en la contratación y ejecución en la obra pública y otorgar certeza jurídica en el sistema de pagos de los contratos con el Estado. Las iniciativas serán presentadas en los próximos días.

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Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, coincidió con la propuesta del sector construcción y recomendó hacer una serie de cambios institucionales, normativos y de controles  para que este tipo de prácticas no se repitan.

“Es importante que el Estado “Ctenga una serie de controles en las licitaciones, cotizaciones y que el Tribunal Supremo Electoral trabaje el tema del financiamiento ilícito de una manera integral”, afirmó el  consultor.

Mala práctica

Por aparte, los abogados defensores de los constructores condenados aseguraron que  la sentencia reveló una cultura de sobornos  en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), todo en la gestión de Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo de la justicia.  
 
“Los mecanismos  están diseñados para obligar a los proveedores a pagar comisiones económicas   a los ministros,  jefes de las unidades de compras y  financieros. Hay toda una estructura burocrática diseñada adrede para que se den los  sobornos, lo cual debe cambiar”, expuso  Rodolfo Pérez Trabanino, abogado defensor del empresario Juan Luis Tejada Argueta, uno de los condenados el pasado miércoles.

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El profesional recordó que todos los constructores que aceptaron haber dado sobornos habían iniciado procesos administrativos y judiciales de cobros en la vía ordinaria. “En la mayoría de casos hay sentencias que obligan al Estado a pagar y no se liquidaron las obras. La Contraloría General de Cuentas  presenta una serie de  recursos frívolos e improcedentes para no  pagar  en los plazos establecidos”, añadió Pérez Trabanino.    

Fernando Gallardo, defensor de los sentenciados Pedro Luis Ramón Rocco y Allen Robert Krebs, dijo: “Es importante que se investigue y se busque una solución ágil de parte del Estado para que paguen lo que se les adeude, de nada servirá que un grupo quiera buscar soluciones, si de parte del Estado la burocracia continúa”.

Gallardo indicó que la sentencia, además, deja una lección para los guatemaltecos, pero en especial para  los operadores de justicia, porque a su criterio deben buscar  soluciones  para no  entrampar los procesos o mantener a las personas privadas de libertad, “sobre todo porque es una sentencia que contiene una reparación integral”.

postura oficial

El ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales, manifestó que incrementaron los mecanismos para  transparentar los procesos de adjudicación de los proyectos carreteros  y aseguró que desconoce  una forma para evitar la entrega de coimas a funcionarios.  
   
Agregó que  una debilidad del CIV para pagar deuda de arrastre es el presupuesto, porque fue asignado el mismo monto del año pasado —Q4 mil 91 millones—, sumado a varias modificaciones.

“Recuérdese que tenemos el mismo presupuesto del año pasado. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos el mismo espacio presupuestario, tenemos compromisos que el Legislativo nos ha trasladado. Por citar uno de ellos, el tema de  la refacción escolar, pero ya se solucionó”, expuso el ministro.

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