La decisión del juez Décimo Penal, Jimi Bremer, de apoyar la solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, de investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico y a otros medios de comunicación continúa generando reacciones de repudio a escala nacional e internacional, al considerar que se trata de una especie de censura hacia la prensa independiente.

De esa cuenta, que este lunes 6 de marzo, siete organizaciones de prensa nacional decidieron declararse en asamblea permanente en señal de rechazo a lo que varios sectores han calificado de criminalización a periodistas que publican información relacionada con el proceso que se sigue en contra del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, preso desde julio de 2022.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Circulo Nacional de Prensa, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales, Cronistas Deportivos Guatemaltecos y la Federación de Escuelas Radiofónicas publicaron este lunes un comunicado conjunto, en el que rechazar las acciones judiciales emprendidas contra varios comunicadores.

“Las organizaciones de periodistas y comunicadores aglutinadas en la Instancia de Entidades de Prensa, acordaron este lunes mantener una asamblea permanente con la finalidad de vigilar y defender la libertad de expresión y la vigencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, consignada en el artículo 35 de la Constitución”, señala la primera parte del comunicado.

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Además, “las entidades coincidieron en manifestar su rechazo en cuanto a la pretensión de investigar a periodistas y columnistas al amparo de la Ley de Obstrucción de Justicia, cuando la norma legal dicta que los delitos y faltas en la emisión del pensamiento por los medios de difusión, deben ser juzgados privativamente por un jurado que declare, si el hecho es constitutivo de delito, falta, o no lo es”.

La Instancia de Entidades de Prensa “dispuso establecer una ruta para agotar todos los mecanismos necesarios para hacer valer dicha norma, cuyo contenido y vigencia no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

También recalcan que “esta ley expresa que nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones. Pero advierte también que serán responsables ante la ley quienes falten al respeto, a la vida privada, a la moral o incurran en los delitos y faltas, para lo cual rige en la actualidad un procedimiento”.

Por lo anterior “se acordó hacer de conocimiento sobre este hecho a organizaciones e institutos internacionales en defensa del ejercicio periodístico, así como cursar invitaciones para el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pedro Vaca Villarreal y la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas Irene Khan, a efecto de observar esta situación en nuestro país”.

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“Dicha solicitud adquiere especial relevancia, porque el mandato de ambas relatorías es reunir toda la información sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio de este derecho, en particular, y como cuestión de alta prioridad, contra periodistas u otros profesionales que trabajen en la esfera de la información, dondequiera que estos hechos ocurran”, concluye la misiva.

La semana recién pasada, el juez Bremer abrió un segundo proceso penal contra Zamora por conspiración para obstrucción de la justicia. Según la acusación, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por lavado de dinero en 2021.

En esa audiencia, la fiscal Monterroso solicitó investigar a nueve comunicadores del diario elPeriódico, lo cual provocó una ola de rechaza a nivel local e internacional.

El jueves paspado, el gobierno del presidente Joe Biden expresó su “profunda preocupación” por las investigaciones contra los periodistas y estimó que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”.

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El Ministerio Público (Fiscalía) rechazó el viernes esa apreciación y pidió un acercamiento con las autoridades estadounidenses para aclarar la situación.