
La Corte de España denegó la solicitud basándose en la ciudadanía española del acusado. No obstante, los magistrados dieron mérito a la imputación realizada por el MP, asegurando que “los hechos aparecen descritos con suficiente detalle y precisión como para analizar si son constitutivos de delito en España”.
En cuanto a los delitos por los que se buscaba la extradición, los cuales eran asociación ilícita y fraude y cohecho activo, solamente sería posible, en cualquier caso, entregar a Pérez-Maura a las autoridades guatemaltecas por el último ilícito. La asociación ilícita y el fraude no aparecen en la lista de 24 delitos por los cuales es posible extraditar a un sospechoso, según el tratado de extradición firmado entre España y Guatemala.
La magistrada Ángela Murillo, presidenta de la Sala, añadió que “sería fácil proceder a su enjuiciamiento en nuestro país (España) por el delito de cohecho a instancias de las autoridades de Guatemala”.
El 15 de abril de 2016, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) revelaron un nuevo caso de corrupción que implicaba al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicegobernante Roxana Baldetti, el Caso TCQ. El exbinomio presidencial habría recibido sobornos por US$4.2 millones cada uno, negociados con directivos de Group Maritim-Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) y su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El grupo habría negociado sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.
Pérez-Maura, quien era vicepresidente de TCB, habría sido el gestor de los sobornos, señala la investigación.
*con información de Europa Press
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