Guatemala cumple este 16 de abril cinco años del inicio de la lucha contra la corrupción que derribó al gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) y que imputó a más de 600 personas, pero que en los últimos años decreció.

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Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), aseguró que el 16 de abril es una fecha “emblemática” porque “significa un impulso a la lucha contra la impunidad en Guatemala”.

De acuerdo con el fiscal, uno de los pocos protagonistas de 2015 que todavía se mantiene vigente, el 16 de abril de ese año fue “el impulso para empezar a desenmarañar la red de corrupción y saber cómo operaba” un Estado que se mantiene “capturado”.

Aquel día, la entonces fiscal general Thelma Aldana e Iván Velásquez, entonces director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaron al presunto cabecilla de una red de fraude y defraudación aduanera a la que bautizaron como “La Línea”: Juan Carlos Monzón, el entonces secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015).

El caso provocó la indignación de miles de guatemaltecos que se volcaron a la calle nueve días más tarde, el 25 de abril, en una de las mayores manifestaciones recordadas en Guatemala.

La población estaba exasperada porque el Gobierno había gestionado una estructura paralela ilegal dentro del ente recaudador de impuestos, con la complicidad de algunos empresarios y criminales reciclados.

Los ciudadanos colmaron la Plaza de la Constitución y el frente del Palacio Nacional de la Cultura cada sábado desde abril hasta inicios de septiembre de ese año, hasta la caída de Pérez Molina, hoy en prisión, pendiente de juicio y con al menos cuatro procesos penales vigentes por corrupción.

Los allanamientos de madrugada a políticos, las conferencias de cada jueves de la Cicig y la Fiscalía y el estrecho vínculo entre indignados e investigadores: todo fue un epicentro de la corrupción que provocaría ramificaciones a casos posteriores más emblemáticos en los que se destapó corrupción por empresarios y se confirmó por parte de las autoridades una auténtica “cooptación del Estado”.

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Sandoval es el único protagonista de la cruzada anticorrupción nacida en 2015 que sigue vigente, pues Thelma Aldana dejó la Fiscalía al terminar su período, no fue inscrita como candidata presidencial en 2019 y recibió asilo político en Estados Unidos. En cuanto al colombiano Iván Velásquez, salió de Guatemala en 2018 por un viaje oficial de la Cicig y el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) le prohibió el retorno.

Los equipos de Aldana, Veláquez y Sandoval desmantelaron más de una docena de casos de corrupción en tres Gobiernos distintos y sus investigaciones llevaron a prisión a más de 200 personas entre presidentes, empresarios, diputados, ministros y políticos.

Sandoval considera que la lucha anticorrupción plantó la semilla en la ciudadanía para tener “una mayor preocupación del manejo de la cosa pública”, que no fue materializada por los políticos.

Provocó que, cinco años después, Guatemala cuente con “una ciudadanía más despierta, que se puede observar en la exigencia de información de gasto y comportamiento del Gobierno en esta crisis sanitaria, por ejemplo”, soslayó el fiscal.

La reacción de varios poderes a las investigaciones, sin embargo, llevó a que el gobierno de Jimmy Morales (20016-2020), decidiera impedir el regreso del comisionado Velásquez y no renovar el mandato de la Cicig.

Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, fueron acusados de fraude en el caso de corrupción Botín en el Registro de la Propiedad, pero fueron absueltos en debate. Por su parte, Jimmy Morales fue señalado de financiamiento electoral ilícito en dos ocasiones, pero el Congreso conservó su inmunidad.

La politóloga Gabriela Carrera, directora de politización y aprendizaje del Instituto 25 A -conformado por organizaciones nacidas de las protestas de 2015-, coincide en que el caso “La Línea” “es el punto de inflexión entre una coyuntura de corrupción completa y la lucha contra esta”.

Carrera le dijo que el 25 de abril “significó la recuperación de un sentido político, una estructura, mayor interés, menos miedo para organizarse” y la generación de “confianza en actores en los que nunca se había confiado, como los estudiantes” o “como Cicig y MP, que destronaron a personajes clave”.

“Ya no somos ingenuos ni creemos que lo podemos todo ni que lo logramos todo. Tenemos ahora una sensación de ‘pies sobre la tierra'”, agregó.

El Índice de Percepción de la Corrupción de enero de la organización Transparencia Internacional ubica a Guatemala en la posición 146 de 180 países analizados, dos peldaños abajo respecto a septiembre, cuando concluyó el mandato de la Cicig.

La calificación, la más baja de la historia para Guatemala lo deja entre los últimos lugares de la región latinoamericana, junto a Venezuela, Honduras, Nicaragua, y Haití.