La audiencia de primera declaración del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, que debía realizarse este miércoles 3 de agosto, fue trasladada para el próximo lunes 8 de agosto.

El cambio es por solicitud del comunicador, fundador y presidente del diario de investigación elPeriódico, después de que el Ministerio Público (MP) informara que contempla acusar a sus dos abogados por varios delitos. Los abogados de Zamora Marroquín son Mario Castañeda y Romeo Montoya, ambos presentes este miércoles en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, específicamente ante el Juzgado Séptimo que lleva el caso, bajo la tutela del juez Freddy Orellana.

Zamora deberá seguir en prisión en la cárcel de Mariscal Zavala, a donde fue enviado el sábado 30 de julio, por un juez de turno.

En primera instancia, la audiencia de primera declaración estaba prevista para el lunes pasado, pero esta fue suspendida y este miércoles el juez Orellana decidió retirar la reserva del caso, a pedido del MP que estuvo representado por la fiscal Cinthia Monterroso. El caso estuvo bajo reserva hasta este día, lo cual fue cuestionado por los abogados de Zamora Marroquín quienes incluso denunciaron que no tuvieron rápido acceso al expediente del mismo.

La cancelación de la primera audiencia fue, según diversas organizaciones sociales y otras fuentes, una estrategia para mantener en la cárcel al periodista, quien fue detenido el pasado viernes 29 de julio en su residencia, después de un allanamiento de casi 8 horas, bajo cargos de lavado de dinero, intención para lavar dinero, chantaje y tráfico de influencias. Junto a él también fue detenida la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Samari Gómez, señalada de haber filtrado información confidencial.

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Desarrollo de la audiencia

A las 14.30 horas, un grupo de personas mostraron pancartas con varios mensajes, previo al comienzo de la audiencia de Jose Rubén Zamora, en Torre de Tribunales, a donde asistió un nutrido grupo de periodistas, de diversos medios de comunicación, para dar cobertura a la audiencia.

A la misma se presentó  Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, quien, con permiso del juez, ingresó a la sala donde se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, así como observadores de la Organización de Naciones Unidas y un delegado de la Comisión Presidencial  de Derechos Humanos (Copredeh).

También se presentaron a la audiencia los abogados Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, representantes de la Fundación contra el Terrorismo, quienes han afirmado que fueron quienes denunciaron algunos procedimientos aparentemente irregulares de Zamora Marroquín y solicitarán ser querellantes del caso. Ambos acompañaban al denunciante Ronald García Navarijo.

El juez le hizo ver a Jose Rubén Zamora el motivo de su detención y la Fiscalía lo señaló de estar implicado un caso de supuesta corrupción llamado Arca.

La Fiscalía señaló que Jose Rubén Zamora estaba implicado en el denominado caso Arca al recibir Q200 mil a cambio de publicidad.

Añadió que, al salir Juan Francisco Sandoval de la Feci, según la denuncia, Zamora buscó armar una coartada y tuvo una reunión en su casa con Ronald García Navarijo, exgerente de Banco de los Trabajadores, y quien según el MP habría presentado la denuncia. 

La fiscal Cinthia Monterroso señaló que el 29 de julio pasado ”durante la diligencia de allanamiento e inspección y registro del inmueble ubicado en la 3ª. avenida 30-93 zona 12, colonia El Carmen, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares (…), asimismo, del allanamiento realizado en el inmueble ubicado en la 1ª. avenida en La Brigada 13-30 parque industrial San Ignacio bodegas 1 118 zona 7 Colonia San Ignacio municipio de Mixco, en las instalaciones de la entidad que ocupa Aldea Global Sociedad Anónima también se secuestró evidencia”.

La Fiscalía puso a la vista del juez una copia de acta del 2 agosto de 2022, en la cual “se hace constar que dentro del marco de la investigación de la denuncia presentada en contra de Jose Rubén Zamora Marroquín y Samari Carolina Gómez Díaz, el señor Ronald García Navarijo aportó cierta evidencia para respaldar lo denunciado, entre esta evidencia se encuentra un audio (…) al ser escuchado por la Fiscalía se advierte de la posible comisión de otros delitos que no están siendo investigados dentro de la presente investigación (…) que decretara generar una denuncia nueva por solicitud de la Feci en virtud que se declaró el 2 de agosto de 2022 que en una reunión que ocurrió el 9 de agosto de 2021 que fue convocada por el señor José Rubén Zamora Marroquín en su residencia”.

Añadió que a la reunión asistieron “el señor Jose Rubén Zamora Marroquín, el señor Ronald García Navarijo, una dama de nombre Flora Silva, que es contadora de la empresa de Zamora, a decir del denunciante, además de los abogados de confianza del señor Zamora Marroquín, los profesionales del derecho, Mario Castañeda y Romeo Montoya. Esta reunión tenía como objeto encontrar la forma de brindar al señor Zamora la investigación del caso Arca, porque en este se encontraba vinculado el señor García Navarijo, pero no se había realizado una investigación profunda”.

La fiscal añadió que “en esta reunión al señor García Navarijo le dijeron los abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya que les proporcionara documentos para fabricar  una coartada, por así decirlo, para apoyar a Jose Rubén Zamora Marroquín, ya que dentro del caso denominado Arca el señor Zamora Marroquín recibió la cantidad de Q200 mil por concepto, en teoría, de publicidad y ahí se contradijeron porque en la declaración testimonial (…) el señor Zamora Marroquín dijo que el concepto de la recepción de los Q200 mil había sido por un préstamos, pero en realidad el dinero que recibió (…) fue por un apoyo que pidió porque no tenía dinero para operar y realmente fue un aporte que se le dio como parte de su mecanismo de chantaje, según lo denunciado, el cual nunca se canceló como préstamo ni se prestaron los servicios de publicidad”.

Posible conflicito de intereses

La representante de la Feci señaló que “los abogados Castañeda y Montoya estaban presentes -en la reunión- y diseñaron la forma de cómo fabricar documentación que pudiera servir para justificar el dinero recibido por el señor Jose Rubén Zamora Marroquín (…) entre las personas denunciadas se encuentra los señor Jose Rubén Zamora Marroquín, Flora Silva Flores, Mario Estuardo Castañeda Castañeda y Romeo Augusto Montoya García”.

Continuó diciendo que “es importante (…) le sea puesta a la vista la copia del informe para que se pedalee la posibilidad de un conflicto de intereses en el presente caso, ya que derivado de esta denuncia también se encuentran en otro proceso dos de los abogado del señor Zamora como denunciados”

A las 15.40 el juez concedió 5 minutos a Zamora para que dialogara con sus abogados, para determinar si continúan con su defensa porque podría haber un conflicto de interés; además ordenó retirar grilletes a sindicados.

En tanto el juez dijo respecto a los señalamientos en contra de dos de los abogados de Zamora que “se tiene a la vista un acta que contiene una declaración, posiblemente testimonial, donde efectivamente figuran los nombres de los abogados acá presentes y de don José Rubén Zamora Marroquín, estos hechos, en abstracto, sin prejuiciar sobre ello, podrían constituir hechos graves, hechos constitutivos posiblemente de delito”.

El juzgador agregó que “aquí tenemos una información, donde, según un denunciante, posiblemente, supuestamente sus abogados defensores pudieran haber incurrido en conductas que la ley señala como delito (…) no sabemos el Ministerio Público cómo va a proceder, entonces pudiera existir un conflicto de intereses, porque según este documento oficial que el Ministerio Público pone a la vista podría ser que sus dos abogados en determinado momento pudieran aparecer como sindicados de la comisión de hechos delictivos”.

“Este es un montaje, montaje diseñado, ejecutado con eficacia desde el presidente y la fiscal general y otras personas”, indicó Zamora al concluir la audiencia.

A las 15.55  intervino la fiscal de la Feci, Samari Gómez, quien también fue detenida en el caso y señalada de haber filtrado información confidencial. Señaló que la sindicación que se le hacer es por un delito distinto al de Zamora y que considera que la audiencia podía continuar, incluso con la presencia del periodista y sus abogados.

Solicitó al juez que se tome en cuenta que la orden de captura en su contra fue ejecutada el viernes y a la fecha no ha tenido contacto con sus hijas, debido a que en la cárcel donde está recluida no hay formas de comunicación.

A las 16.01, el juez suspendió la audiencia de primera declaración de José Rubén Zamora y la reprogramó para lunes 8 de agosto a las 9 horas, debido a que el periodista cambiará de abogados defensores.

Caso Arca

El 30 de octubre de 2019, la Feci capturó a cinco personas vinculadas a un caso de corrupción que supuestamente incluye transacciones con una entidad bancaria.

La Feci informó que al menos Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados a una entidad bancaria y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del Partido Patriota (PP).

En este caso, un colaborador eficaz relató cómo cuatro candidatos a la Presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales.

Denuncias

La detención del periodista tuvo lugar 5 días después de que fueran publicadas fuertes denuncias a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Giammattei por corrupción, en una sección dominical del matutino.

Zamora Marroquín recibió en junio de 2021, de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica, como parte de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

El fiscal a cargo del caso contra Zamora, Rafael Curruchiche, fue sancionado en julio pasado por Estados Unidos con la prohibición de ingreso a su territorio, tras acusarlo de “crear casos aparentemente espurios” contra aquellos que expusieron la corrupción en Guatemala.

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Al menos 24 exfiscales y jueces guatemaltecos se encuentran en el exilio debido a que, según han denunciado, sufren de “persecución judicial” de la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, también sancionada por Estados Unidos desde 2021.

El martes, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo estar “preocupado” por el arresto del periodista, así como por las acciones legales que el Gobierno de ese país ha emprendido contra sus propios funcionarios de Justicia.

Con información de EFE