La diligencia estará a cargo del Juzgado Séptimo Pluripersonal Penal, el cual es dirigido por Fredy Raúl Orellana Letona, quien fijó a las 10 horas el desarrollo de la audiencia. Zamora Marroquín es señalado de, supuestamente, incurrir en los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero

Junto a Zamora Marroquín es señalada Samari Carolina Gómez Díaz, agente fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), por su posible participación en el delito de revelación de información confidencial o reservada.

Zamora Marroquín y Gómez Díaz, guardan prisión provisional desde el fin de semana en la cárcel de Mariscal Zavala.

Punto de quiebre

Lo que representa la captura de José Rubén Zamora es “un punto de quiebre para las garantías de libertad de expresión” en Guatemala, y puede ser “el más grave en los últimos años”, dijo Juan Pappier, investigador sénior, División de las Américas, de Human Right Watch.

El profesional resaltó que perseguir a los periodistas representa un atentado contra la democracia y genera temor en el gremio, quienes “deben pensar dos veces antes de publicar una investigación por temor y los riesgos ante una detención”, dijo.

Pappier compartió que la captura de Zamora “tiene patrones similares” a lo que se han realizado en contra de otros periodistas, jueces y fiscales independientes, con el mismo modo de operar, una denuncia que viene de la Fundación Contra el Terrorismo que “funciona en la práctica como entidad paraestatal destinada a intimidar” a quienes investiguen la corrupción en el país.

Criticó que los casos, como el de Zamora, se declaren en reserva, puesto que “impide que la opinión pública sepa qué está pasando” y también impide que la persona implicada conozca sobre las acusaciones en su contra.

Persecución contra voces criticas

Para Éricka Guevara, de Amnistía Internacional, José Rubén Zamora en los últimos años ha destacado por “el papel crítico que tiene frente a los actos de impunidad y corrupción” que provienen de las propias autoridades, y en ese contexto se refleja “una persecución en contra de voces críticas”, así como de defensores de derechos humanos, periodistas y contra los operadores de justicia, una particularidad de Guatemala.

Dicho flagelo, dijo Guevara, se evidencia en la región centroamericana, en donde se ve “una reducción del espacio democrático y cívico”, y ponen al descubierto que esos tintes autoritarios se van “contagiando” con devastadoras consecuencias que se han visto en Nicaragua y El Salvador, y que en Guatemala es parte de “un legado de impunidad y corrupción”.

Guevara expresa su preocupación a que el caso de Zamora se haya hecho “con uso del sistema de justicia de manera indebida”, y deja al descubierto un contexto de persecución y criminalización con el propósito de “silenciar estas voces críticas”.

Despliegue innecesario

Mientras que, para el presidente del Instituto de Derecho Constitucional, Erwin Lobos Ríos, ahora se debe garantizar el debido proceso constitucional, el juez que conoce el caso, por lo que “no puede derivar responsabilidad ni menos culpabilidad”.

Lobos Ríos reprochó el despliegue policial para la captura de Zamora, el cual a su juicio “fue desproporcionado”, porque se le debió citar, puesto que “no son delitos de sangre los supuestos ocurridos”. Subrayó que el juez de garantía “no juzga, no acusa” y debe proceder únicamente cumpliendo con el debido proceso constitucional.

A su criterio, se violentó “el derecho de defensa y del debido proceso”, por lo que lo denunció públicamente y manifestó que el derecho “no puede legalizar actos ilícitos”.

Por su parte, ayer la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, a través de su cuenta de Twitter secundó un pronunciamiento en la misma red social de Brian Nichols, el subsecretario de Estado de EE. UU. para el hemisferio occidental, quien escribió que la libertad “es esencial” para la democracia e instó al respeto del debido proceso bajo la ley de Guatemala y la protección de la seguridad personal de Zamora Marroquín y personal de elPeriódico, así como de la agente fiscal, Samari Gómez.

Genera intranquilidad

Por medio de un comunicado de prensa la Conferencia Episcopal de Guatemala expresó que tras la captura de José Rubén Zamora y el protagonismo de la Fundación Contra el Terrorismo confiere un papel hegemónico en éste como en otros muchos casos en los procesos de administración de justicia y de operativos del MP.

Por lo que consideran que “ese rol hegemónico” deja al MP y al Organismo Judicial en condiciones de precariedad e incluso de sometimiento, en lugar de la independencia e imparcialidad que por ley debieran tener y defender. La Conferencia explica que hechos como los ocurridos en la tarde del viernes siembran dudas sobre hasta dónde se sigue contando con un Estado de derecho efectivo en el país.

Agregaron que la libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen principios básicos de un sistema democrático. “Esperamos se siga en el caso del periodista Zamora los criterios apegados a la ley, de modo tal que la ley empiece a gozar de una credibilidad que lamentablemente ha perdido en no pocas ocasiones”.

Atenta contra la libertad de expresión

Respecto a el argumento por parte del MP sobre que el caso de Zamora no tenia nada que ver con el tema de libertad de prensa, sino un tema vinculado a nivel empresarial, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) considera que “si está vinculado y atenta con la libertad de expresión” derivado a que los allanamientos se extendieron a las instalaciones de el Periódico y retuvieron al personal por varias horas, dijo Mario Recinos, presidente de la APG.

Recinos hizo referencia que las autoridades no aceptan la critica y “muchos menos que se le señale de la manera en que están conduciendo el Gobierno, se ve como que fuera una venganza” y agregó que cuando se trata de algún tipo de aclaración, tergiversaciones u otro tipo, para eso están los tribunales de imprenta.

En el contexto actual “se ve que hay un retorcimiento de los procesos legales” porque no se realiza por vía legal correcta “se utilizan otros medios supuestamente legales para presionar a los medios de comunicación” y recordó que el derecho a a la libertad de expresión “no es un derecho solo periodistas, sino que también de toda la sociedad” dijo Recinos.