El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, participó este lunes 5 de septiembre en una reunión virtual del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, donde se abordó la situación de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos en Guatemala.

La exposición de Gálvez se centró sobre el riesgo que corre el estado de Derecho y la independencia judicial, así como el hostigamiento a jueces de tribunales de mayor riesgo, especialmente por procesos relacionados con conflicto armado y crimen organizado.

El 6 de mayo de 2022, el juez Gálvez dictó un fallo judicial que ordenaba enviar a juicio a nueve sindicados en el caso Diario Militar, por su presunta participación y responsabilidad de cometer delitos de lesa humanidad entre los años 1983 y 1985, hechos que afectaron a 183 personas.

Luego de la resolución Gálvez Aguilar denunció ser víctima de constante hostigamiento y acusaciones.

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“Estamos siendo perseguidos por grupos que buscan ganar impunidad en el país”, dijo Gálvez ante el Parlamento Europeo, a quien le expuso que el sistema de justicia de Guatemala actúa de forma concertada con esos grupos y que “los jueces independientes estamos desprotegidos”.

También expuso que en Guatemala se perdió la separación de poderes y “prácticamente todas las instituciones están al servicio del poder político”.

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Respecto al retraso en el cambio de cortes en Guatemala, señaló que eso ha provocado un desgaste en la administración de justicia porque no hay garantías para que jueces ejerzan justicia independiente.

“El poder político de turno llegó a tomar todas las instituciones, especialmente el Organismo Judicial (OJ), que va para 4 años sin plazo constitucional, porque los diputados no han podido elegir magistrados”, dijo Gálvez.

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Gálvez concluyó su participación con tres solicitudes al Parlamento Europeo: que se conceda audiencia a operadores de justicia en Guatemala para “escuchar de primera mano la grave crisis de la administración de justicia”, que una delegación del Parlamento visite Guatemala para que “vean los riesgos que enfrentan los operadores de justicia” y que “se exhorte al Estado a que cumpla con obligaciones internacionales en materia de independencia judicial”.

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