“Después de 23 años, nunca había venido a este lugar y menos acompañado de un abogado. No pensé que iba a tener la necesidad de hacerlo; lamentablemente la necesidad y momentos que estamos viviendo me hace necesario ejercer parte de mis derechos de defensa”, indicó el juez Gálvez al presentar papelería en la Alta Corte.
El 15 de junio, la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a un procedimiento de solicitud de inmunidad requerido por la Fundación contra el Terrorismo, interpuesto el 11 de mayo.
La Fundación contra el Terrorismo señala al juez de haber cometido el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal”.
“Como ciudadano, abogado y juez confío en el Derecho y se está interponiendo un procedimiento de amparo, en virtud de que no compartimos el criterio de la Corte al haberle dado trámite a un procedimiento de antejuicio en mi contra”, indicó el juez Gálvez este martes.
“Siempre he pensado que no solo en estas resoluciones sino en todas las solicitudes y memoriales se tienen que revisar requisitos de forma y fondo. Se tiene que exigir, para darle trámite a un procedimiento de amparo unos requisitos mínimos de razonabilidad, que hagan pensar fundadamente en que si el interponente le asiste el Derecho”, indicó Gálvez respecto a los señalamientos.
“En el presente caso, considero que fue muy apresurado el darle trámite a un procedimiento de estos y no se exigió ni se preguntó si yo llevaba los procesos”, añadió.
Gálvez ha indicado en anteriores entrevistas a medios de comunicación que ha sido objeto de amenazas que se han incrementado desde que envió a juicio a nueve exmilitares y expolicías señalados de asesinatos durante el conflicto armado interno.
