Con la apertura democrática, en 1985, a través del comité cívico Plan de Avanzada Nacional , Arzú, quien no ostenta ningún título universitario, se convirtió en alcalde de Guatemala.
períodos lleva Álvaro Arzú al frente de la Municipalidad de Guatemala. Cuatro de ellos de manera consecutiva.
Durante el gobierno de Jorge Serrano Elías se desempeñó como canciller, pero renunció en 1991.
En 1989, junto a un grupo de empresarios y profesionales, Arzú formó el Partido de Avanzada Nacional (PAN), organización que en 1990 lo postuló como candidato presidencial. Quedó en tercer lugar en esos comicios.
El político consiguió la presidencia con el PAN en las elecciones de 1995. En su gobierno se firmó la paz, pero no se logran implementar muchos de los cambios trazados.
Partido Unionista
En 1999 el PAN intenta retener la presidencia y postula a Óscar Berger para presidente, pero por la derrota, el partido se fragmentó y tomó el control de la organización Leonel López Rodas. Arzú y sus aliados formaron el Partido Unionista, en el 2002.
Durante la legislatura 2000-2004, diputados electos por el PAN abandonaron la agrupación y se sumaron al Partido Unionista, mientras que Arzú se mantuvo alejado de la política y la alcaldía la dirigía el empresario Fritz García-Gallont.
Arzú regresó a la comuna en el 2004 y desde entonces ha logrado la reelección. Los fideicomisos han sido el mecanismo más usual para manejar fondos ediles.
La Municipalidad de Guatemala actualmente tiene los fidecomisos Apoyo a la Planificación Urbana, de Transporte de la Ciudad de Guatemala y el Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y de Recreación, Cultura y Deporte.
Poca transparencia
La Contraloría General de Cuentas ha señalado lo difícil de fiscalizar los gastos de la comuna capitalina a través de los fideicomisos, porque la Ley de Contrataciones no se aplicaba a esta figura financiera y fue hasta que se reformó que se abrió la posibilidad de conocer algunos de los gastos.
años tiene Álvaro Arzú, de los cuales ha pasado más de 40 años en la vida política. Inició como director del Inguat y también fue canciller.
Los fideicomisos por ser administrados por entidades bancarias, explica la Contraloría, están sujetos a los controles de la Superintendencia de Bancos y cuando se intenta obtener información no se puede acceder a los registros.
El contralor, Carlos Mencos, envió al Congreso una carta en la cual solicita que en la Ley de Presupuesto no se permita la constitución de fideicomisos, petición que está pendiente de la atención de los diputados.
En el 2016 la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) advirtió que el manejo de los fideicomisos públicos no tiene “un nivel adecuado de transparencia”.
Para este año, la PDH comenzará una evaluación en los fideicomisos para determinar si ha habido avances.
Poca atención
En los informes de auditoría del 2015 y 2016 la Contraloría ha emitido varias sanciones al Concejo capitalino.
Durante el 2015, a través del Fideicomiso Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y de Recreación, Cultural y Deportes, hubo un pago excesivo por parte de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) al fiduciario, que asciende a Q1 millón 420 mil 632.85.
El informe de la auditoría al ejercicio determinó: “Se le pagó al fiduciario en concepto de comisión administrativa el equivalente al 0.35 por ciento sobre los aportes trasladados por Empagua; sin embargo, el fiduciario no administra todos los fondos debido a que devuelve a Empagua el 70 por ciento en calidad de remanente a donde los deposita, uno o dos días después de haber sido trasladados a la cuenta de Fondos del Fideicomiso”.
En el 2016, Arzú reincidió en la misma forma de utilizar el Fideicomiso y también se reportó otro hallazgo por Q4 millones. La Municipalidad incumplió con los plazos establecidos en ley en los eventos de cotizaciones públicas y licitaciones que efectuó. “El Alcalde Municipal aprobó contratos extemporáneamente”, detalla el documento.
Informes al TSE
Cada cierto tiempo las organizaciones políticas deben entregar a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral informes sobre el financiamiento público y privado, documentos que el Partido Unionista entregó incompletos a la autoridad electoral.
Los informes que se encuentran en la página del TSE solo detallan los ingresos dinerarios y no dinerarios de dicha organización política, no así los egresos o gastos durante la campaña electoral del 2015.
La mayoría de quienes entregaron donaciones al Partido Unionista son vendedores de la economía informal y de mercados, a través del Comité de Eventos Especiales.
Durante la auditoría que el TSE hizo al Partido Unionista de enero del 2014 a diciembre del 2015, los auditores evidenciaron los aportes del comité y señalaron que era irregular debido a que no estaba constituido legalmente y que sus aportes serían anónimos, por lo que se corría el riesgo de captar dinero de sectores oscuros.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú para poderlo investigar, ya que se le señala, junto a otras personas, incluida la síndico primero, Luisa María Salas, de alterar facturas para encubrir gastos de campaña política del Partido Unionista y de algunos aliados, los cuales fueron pagados con fondos municipales.
La investigación también documentó la existencia de plazas fantasmas en dicha comuna, tanto para la entonces compañera de Byron Lima, Alejandra Reyes, para su madre y la viuda de Obdulio Villanueva.
Villanueva y Byron Lima fueron cercanos de Arzú por haber sido sus escoltas cuando el fue Presidente. Ambos fueron sentenciados por la muerte del obispo Juan José Gerardi, en 1996.
El testimonio que rindió Reyes a la Fiscalía sostiene que Lima, bajo el seudónimo de Julio envió una carta al alcalde Arzú, a quien identifica como Señor Oro.
En esa misiva, Lima le solicita Q727 mil para cubrir gastos de una operación, pago de un
auditor y honorarios de abogados.
Entre el 2013 y 2015, Byron Lima y personas de su círculo suministraron bienes y servicios al Partido Unionista y a la Alianza Creo, Todos, Victoria y Gana, los cuales habrían sido pagados por la comuna capitalina a través del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.
Zorayda Herincx —trabajadora municipal— era la intermediaria para hacer los pedidos de la comuna a Lima.
