El MP pidió este miércoles 6 de febrero el retiro de la inmunidad de Sandra Torres y de otras seis personas, entre diputados y alcaldes, por un caso de financiamiento por Q19.5 millones no reportados al TSE en la campaña de 2015.

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El MP también pidió el levantamiento de la inmunidad de los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Vargas Morales y Julio César Ixcamey, y los alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché. La solicitud fue planteada por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), quien informó que los presuntos delitos que busca investigar el MP en torno a estas personas son: asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no reportado y defraudación tributaria.

Casos previos de corrupción, como La Línea, Traficantes de Influencias y Negociantes de la Salud dieron indicios que condujeron a la investigación presentada hoy por el MP y la Cicig, que para continuar necesitan del retiro de inmunidad de la presidenciable, los cuatro diputados y los dos alcaldes citados.

Los nexos y las claves

• El primero de ellos es el caso Traficantes de Influencias, por el cual Mario Leal Castillo se encuentra prófugo.
• La investigación apunta a que supuestas comisiones recibidas por Leal Castillo, fruto de su vinculación con Geovanni Marroquin Navas, y resultado de la agilización de la devolución de crédito fiscal, habrían sido utilizados por Leal Castillo como aporte a la campaña de la UNE.
• Geovanni Marroquin Navas es un nexo que relaciona a este nuevo caso con el de La Línea, pues Marroquín Navas fue uno de los presupuestos operadores de esta estructura criminal en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
• La investigación apunta que, al menos, una empresa de un hijo de Marroquín Navas habría sido también utilizada para triangular fondos destinados a la campaña de la UNE. Esta empresa sería Ingeniería Integral, manejada por Marlon Estuardo Marroquín Silva. Desde esta empresa se detectaron movimientos financieros hacia la entidad Maariv S.A. El MP afirma que al
  rastrear los movimientos de la entidad Maariv S.A., se detectó que las cuentas eran utilizadas por Mario Leal Castillo (hijo de Leal Pivaral y vicepresidenciable en 2015) para el financiamiento ilícito del partido UNE, por lo que se abrió una nueva línea de investigación, la que desencadenó el caso que se presenta.
• Estos aportes encuadran en la nueva definición de financiamiento electoral ilícito, (reformado por el Congreso en octubre de 2018) que detalla que este delito se produce cuando los aportes a las campañas proceden de ilícitos.
• Las empresas bajo investigación ya presentaban registros de financiamiento al partido UNE en el TSE, pero con montos menores a los ahora investigados. Estas son las compañías: Prohabsa, Maariv S.A. (ligadas a Mario Leal Castillo) y Grupo Empresarial San Felipe.
• El MP afirma que dichas empresas fueron usadas como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido UNE por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña, de esta forma el partido logró eludir el control sobre los fondos que le aportaron.
• El Grupo Empresarial San Felipe se encuentra ligada al diputado por Sacatepéquez, Julio César Ixcamey, cuya inmunidad pidió hoy el MP que le sea retirada.
• En la investigación se indaga el uso de Proabsa, Maariv y Grupo Empresarial San Felipe para ocultar origen real de los aportes a la campaña de la UNE en 2015. El MP estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña.
• El caso de la UNE también se relaciona con el denominado Negociantes de la Salud. De manera extraoficial se conoce de intervenciones telefónicas que involucran a Sandra Torres, Mario Leal Castillo y Gustavo Alejos. Este último detenido nuevamente este miércoles 6 de febrero.
• Los elementos de prueba para este caso incluirían alrededor de 60 declaraciones testimoniales, análisis financieros bancarios y reportes de financiamiento remetidos por la agrupación política al TSE.
• Entre los citados a declarar se encuentran empleados de empresas de la familia Leal Pivaral que habrían sido utilizados para cobrar cheques de donantes del partido. Este dinero en efectivo fue utilizado en la campaña 2015. También se ha citado a primera declaración a
• Dos de las acusados hoy por el MP y la Cicig también ocuparon funciones en el gobierno del Partido Patriota. Mario Leal Castillo fue secretario de asuntos específicos de la presidencia durante el gobierno de Otto Pérez Molina, mientras que su asistente, en algunas de sus empresas, Karina Paz, fue directora de la Multisectorial del PP. El MP también solicitó hoy que se le retire el derecho de antejuicio a Paz, quien ocupó una curul por el partido Une luego de que el diputado César Fajardo, dejara el cargo por la investigación en su contra por el caso Plazas Fantasma en el Congreso.
• En el caso del diputado Julio César Ixcamey se investiga si algunos de los aportes registrados fueron utilizados para su campaña en Suchitepéquez, triangulando fondos a través de familiares. Fuentes internas del partido señalan que Ixcamey habría obtenido una gran autonomía de acción en el partido, para la nominación de los candidatos a las alcaldías de su departamento en 2019, derivado de sus apoyo previos a la campaña del partido.

El MP y la CICIG emitieron una presentación donde dan otros detalles del caso:

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