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Torres goza de inmunidad debido a que ya está inscrita como candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para las elecciones de junio.
Respecto a por qué el caso se presenta hoy, un día después de que Torres recibió su credencial como candidata presidencial con la que confirma su inmunidad, la cual goza desde el momento que fue inscrita ante el Registro de Ciudadanos, Sandoval dijo en rueda de prensa: “Soy un simple fiscal. Las directrices de persecución penal, artículo 11 de la Ley del MP -funciones del Fiscal General-, como el artículo 251 constitucional -que define las funciones del Ministerio Público-, indica que no corresponde a mi persona, entonces no soy la persona indicada para responder”.
Mientras tanto, agentes del MP cateaban la oficina de Torres, zona 10 capitalina.
También pidió el levantamiento de la inmunidad de los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Jorge Vargas Morales y Julio César Ixcamey, y los alcaldes Pedro Rayumundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.
El jefe fiscal informó que la comisión de delito que busca investigar el MP en torno a esas personas están asociación ilícita, perjurio, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no reportado y defraudación tributaria.
El caso
En rueda de prensa, Sandoval habló sobre el caso que acapara la atención pública hoy.
Tuvo origen en otro caso, conocido como Traficantes de Influencias, donde se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas que recibieron crédito fiscal de manera irregular.
Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe canalizaron Q19.5 millones al partido, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, contra la cual hay tres órdenes de captura que no pudieron concretarse la mañana de este miércoles.
Según Sandoval, el partido UNE reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, pero se pudo determinar que de ellos Q19.5 millones no fueron reportados. El techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones.
Extraoficialmente se conoce que la investigación estaría fundamentada en testimonios, información bancaria, reportes de financiamiento del Tribunal Supremo Electoral e información documental recopilada en otros casos.
La jornada
Durante este miércoles 6 de febrero se desarrollaron operativos en el departamento de Guatemala, Cobán, Alta Verapaz y Nebaj, Quiché; relacionados con el caso de financiamiento a la UNE.
Hasta ahora son cuatro las personas detenidas: Gustavo Alejos, exsecretario privado del entonces presidente Álvaro Colom; Víctor de Jesús Duarte Mendoza, exdirector de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (Udevipo), del Ministerio de Comunicaciones; el exdiputado Gustavo Alejandro Sierra y Juan Pablo García Castro.
Están pendientes de captura Luis Fernando Pérez Vargas, Rodrigo Leal, Susana Castellanos González, Mynor Zimeri Coronado; Mario Leal Castillo, Mario Leal Pivaral, ambos vinculados al caso Traficantes de influencias; Julio César López y Carlos López Girón, implicados en el casos Plazas Fantasma en el Congreso.
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