Los investigadores indicaron que la cooperativa Torre Fuerte, propiedad del fallecido capitán Byron Lima, prestó servicios entre 2013 y 2015 para la campaña política del Partido Unionista, por el cual se postuló Arzú y ganó la reelección.
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La investigación detalló que Alejandra Reyes, pareja de Lima, conseguía facturas en blanco que eran entregadas a la comuna, donde luego se llenaban por servicios que no tenían relación con la propaganda del partido.
En ese momento, el MP y la Cicig aclararon que contratar una entidad como esa cooperativa no constituye delito, pero sí la alteración de facturas para encubrir los gastos de la campaña del Partido Unionista y de algunas agrupaciones que, en alianza con este, participaron en los comicios de 2015.
Thelma Aldana, jefa del MP, anunció en conferencia de prensa el antejuicio contra el alcalde capitalino por los delitos de peculado y financiamiento electoral ilícito.
La petición llegó a la Sala Tercera de Apelaciones, la cual nombró como jueza pesquisidora a Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto de Instancia Penal, quien, después de varios meses, recomendó no retirarle la inmunidad a Arzú.
En marzo del 2018, el magistrado de esa sala siguió la misma línea de la recomendación de Secaida, y en febrero último señaló que no era “viable la formación de causa”, por lo que Arzú debía conservar su inmunidad.
Días después la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) accionó contra la decisión de los magistrados.
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Incitación
El primer antejuicio fue promovido por el ciudadano Luis Alberto Luna Véliz, quien argumentaba que el jefe edil promovió la violencia en un discurso durante la celebración del sexto aniversario de la plaza El Amate.
En esa ocasión, ante decenas de comerciantes de esa plaza, Arzú se refirió a los vendedores que no tienen autorización para colocarse entre la 5a. avenida y 18 calle de la zona 1.
El trámite contra el alcalde fue ordenado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
La Sala nombró al Juzgado Noveno Penal para que emprendiera la investigación, y en agosto del 2017 esta resolvió que Arzú no cometió delito por acción u omisión cuando les dijo a los locatarios de El Amate que les daría leños para evitar que vendedores ambulantes ingresen a vender a esa plaza.
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