Retraso en fallo sobre minera agudiza tensión en Santa Rosa

Un grupo de personas  retuvo  ayer durante unas tres horas a dos ejecutivos de Tahoe Resources Inc. y de la Minera San Rafael, en el camino vecinal de El Tablón, Casillas, Santa Rosa, acción que ocurre mientras la Corte de Constitucionalidad aún no emite fallo definitivo sobre el funcionamiento de dicho proyecto.

La Minera San Rafael fue suspendida inicialmente en julio del 2017. La empresa busca comenzar operaciones, pero pobladores  se oponen. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Minera San Rafael fue suspendida inicialmente en julio del 2017. La empresa busca comenzar operaciones, pero pobladores  se oponen. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La retención del británico David Howe, gerente de país de Tahoe Resources y vicepresidente de Operaciones, así como de Camilo Medina, gerente de Relacionamiento de la minera, se produjo cuando efectuaban una labor de responsabilidad social. Un grupo de pobladores les bloqueó el paso y le pinchó los neumáticos, informó Andrés Dávila, vocero de la  Minera San Rafael.

Dávila declaró que les indicaron que el grupo estaba armado. Agregó que ambos ejecutivos  viajaron a la aldea  para reunirse con cafetaleros locales para impulsar proyectos comunitarios.

Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.

La Embajada del Reino Unido  dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”,  refiriéndose a Howe,  y además  se puso  en contacto con  autoridades locales, dijo   Eduardo Smith, oficial de prensa.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos mediaron para que fueran liberados los cautivos.

Efectos en la inversión

“La retención de personas solo agudiza  la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo”, expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de  una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región.  

Indicó que  Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo  más  seguridad ciudadana y certeza  jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras  el Estado no cumpla con su deber  se  va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.

En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar  que  casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.

El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.

A la mina Marlin, en San Marcos, que cerró producción el año pasado, se le habían estimado reservas por  2.5 millones de onzas de oro y 300 millones  de plata, agregó Gálvez, quien es gerente de Goldcorp Guatemala,  propietaria de ese proyecto.
“Esperamos que no pase lo que sucedió en la mina Marlin, que decidió no ampliar su inversión y se va del país porque no se da seguridad”, agregó.

Antes de que se produjera esa retención ayer, el presidente Jimmy Morales expuso en una actividad de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham)  que, “a pesar de  decisiones que se han tomado en algunas Cortes”, el producto interno bruto (PIB) creció  2.8%  el año pasado, pero que si “tan solo le sumáramos el 0.6% que representa la mina San Rafael, estaríamos llegando al 3.5%.”.

Por tercera ocasión en la semana, sectores presentaron un memorial pidiendo a la CC que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017. Ayer, los proveedores de la mina San Rafael presentaron un  memorial  que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el  5 de julio del 2017.

Quieren que se retiren

El abogado del Parlamento Xinca, Quelbin Jiménez, también explicó que la población ya les había advertido a los personeros de la mina que no quieren que ingresen en sus comunidades, pero negó que se les haya agredido o que  se usó violencia.

Dijo que el incidente de ayer y la presencia de personal y ejecutivos de esas empresas “es una  clara provocación” de la Minera San Rafael a las comunidades “y que ayer hubo un mal entendido, ya que solo les querían  hacer saber que no quieren que lleguen a sus territorios”.

“Están pidiendo  que todos los vehículos de los personeros de la empresa dejen de circular en esos territorios”, dijo Jiménez. No obstante, evitó referirse al derecho constitucional de locomoción.  Recordó que  hay una resolución  judicial que suspendió las operaciones de la mina.
   
Con la mediación de la PDH se firmó un acta ayer en la cual ambas partes asumieron compromisos, agregó el abogado.