Los pobladores no dejaban pasar a los ejecutivos, con el argumento de que están en desacuerdo con la mina y con la presencia de sus personeros, porque por orden judicial “no debe estar operando”, dijo Quelbin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca.
La Embajada del Reino Unido dijo que dio “asistencia consular a un ciudadano británico en Guatemala”, refiriéndose a Howe, y además se puso en contacto con autoridades locales, dijo Eduardo Smith, oficial de prensa.
La Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría de Derechos Humanos mediaron para que fueran liberados los cautivos.
Efectos en la inversión
“La retención de personas solo agudiza la situación de la empresa y de quienes están generando fuentes de trabajo”, expresó Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, quien resaltó que la falta de una sentencia de la CC agudiza la tensión en la región.
Indicó que Honduras, México y Nicaragua están ofreciendo más seguridad ciudadana y certeza jurídica para ese sector de la economía, por lo que peligra la inversión en el país. Aunque Guatemala tiene potencial, “mientras el Estado no cumpla con su deber se va a seguir siendo un país pobre”, agregó Gálvez.
En el sector minero el efecto es que se está regresando a los niveles del 2004, cuando esa actividad solo aportaba al año unos Q200 millones a la economía, señaló Gálvez, al explicar que casi solo van quedando licencias de materiales de construcción.
El Escobal, donde está instalada la mina San Rafael, representa uno de los depósitos de plata más grandes del mundo, porque tiene reservas calculadas en 367 millones de onzas de ese metal precioso, explicó Gálvez.
- Interactivo: La fiebre del oro
A la mina Marlin, en San Marcos, que cerró producción el año pasado, se le habían estimado reservas por 2.5 millones de onzas de oro y 300 millones de plata, agregó Gálvez, quien es gerente de Goldcorp Guatemala, propietaria de ese proyecto.
“Esperamos que no pase lo que sucedió en la mina Marlin, que decidió no ampliar su inversión y se va del país porque no se da seguridad”, agregó.
Antes de que se produjera esa retención ayer, el presidente Jimmy Morales expuso en una actividad de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) que, “a pesar de decisiones que se han tomado en algunas Cortes”, el producto interno bruto (PIB) creció 2.8% el año pasado, pero que si “tan solo le sumáramos el 0.6% que representa la mina San Rafael, estaríamos llegando al 3.5%.”.
Por tercera ocasión en la semana, sectores presentaron un memorial pidiendo a la CC que resuelva los amparos sobre el caso, cuya vista pública se efectuó en octubre del 2017. Ayer, los proveedores de la mina San Rafael presentaron un memorial que, según el representante Álvaro Zebadúa, es para pedirles una explicación a los magistrados y que emitan un fallo en ese caso. La mina está suspendida desde el 5 de julio del 2017.
Quieren que se retiren
El abogado del Parlamento Xinca, Quelbin Jiménez, también explicó que la población ya les había advertido a los personeros de la mina que no quieren que ingresen en sus comunidades, pero negó que se les haya agredido o que se usó violencia.
Dijo que el incidente de ayer y la presencia de personal y ejecutivos de esas empresas “es una clara provocación” de la Minera San Rafael a las comunidades “y que ayer hubo un mal entendido, ya que solo les querían hacer saber que no quieren que lleguen a sus territorios”.
“Están pidiendo que todos los vehículos de los personeros de la empresa dejen de circular en esos territorios”, dijo Jiménez. No obstante, evitó referirse al derecho constitucional de locomoción. Recordó que hay una resolución judicial que suspendió las operaciones de la mina.
Con la mediación de la PDH se firmó un acta ayer en la cual ambas partes asumieron compromisos, agregó el abogado.
