Pérez Molina dijo que es inocente de los señalamientos que le está haciendo el Ministerio Público y que son ellos los que tienen que demostrar la culpabilidad de lo que le sindican.
El exmandatario dijo a los miembros del Tribunal que quería iniciar con un pequeño recuento de reuniones que tuvo con el entonces jefe de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, en octubre de 2013.
Señaló que cuando Velásquez llegó al país se reunió con diferentes sectores de la sociedad y también con su gobierno y en esas reuniones se acordó apoyo mutuo y también colaboración en el tema de aduanas con el objetivo de elevar los niveles de recaudación y combatir las estructuras de defraudación aduanera.
Agregó que la Cicig ya tenía conocimiento de estos temas y por eso de mutuo acuerdo se decidió combatir este flagelo.
Recordó que a finales de octubre de 2013 el Gobierno inició operativos por una intervención aduanera pues la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) era una dependencia autónoma y no se podía entrar a cambiar sus funciones.
Fue así que se montaron operativos fuera de las aduanas, se asignaron policías y soldados, así como personal del Ministerio Público, para revisar la mercadería, que los marchamos de los contenedores estuvieran bien colocados y todo lo que permitiera no interferir con la SAT.
En la audiencia reprodujo una audio de Velásquez, en donde este reconocía que junto al Gobierno habían decidió investigar a las estructuras de defraudación en aduanas.
Pérez Molina dijo que ese audio era importante, porque aclaraba que desde el Gobierno había esfuerzos para luchar contra esos delitos.
Recuerda que en diciembre del 2014 empieza la acusación contra él y que es ilógico que él mismo hubiera pedido dicha intervención en las aduanas y acordar la colaboración de la Cicicg si él hubiera estado involucrado en algún ilícito.
La acusación es que él y la entonces vicepresidenta Baldetti eran los líderes de una organización dedicada a defraudar al fisco y se que se hablaba de más de 100 mil llamadas que había como medios de prueba.
Pérez Molina afirmó ante el Tribunal, que de esas 100 mil llamadas solo en una se escucha su voz y es una llamada con el superintendente de Administración Tributaria.
El expresidente expresó que de igual manera esa llamada o escucha que presentaron es ilegal, puesto que él gozaba de antejuicio y nadie podía grabar ese tipo de llamadas.
“Yo llamé al señor Carlos Muñoz -jefe de la SAT- y él no contestó en ese momento entonces devolvió la llamada 5 o 10 minutos después; la llamada entró a Casa Presidencial y tal como se oye en la escucha telefónica, le dicen que se espere, que van a transferirla. Quiere decir que los que estaban haciendo la intercepción en ese momento no pueden hablar de algo inevitable, porque es una llamada a la línea y él -Muñoz- había dicho que quería hablar con el presidente de la República y el presidente gozaba de antejuicio… lo que ellos debían haber hecho -quienes grababan- era cortar la llamada, porque era una persona que gozaba de antejuicio y no se podían hacer escuchas telefónicas”, dijo Pérez Molina.
Según el exfuncionario, la acusación contra habla de más de 5 mil correos electrónicos, pero en ninguno aparece su nombre. También mencionó que se incautaron conversaciones e información de medios electrónicos y tampoco aparece su nombre.
Afirma que en las escuchas telefónicas se menciona que las personas hablaban del 1 o del dueño de la finca, pero no se menciona que hablaron con Otto Pérez Molina o con el presidente directamente.
No dio órdenes ilegales
Perez Molina también señaló que los colaboradores eficaces del caso en ningún momento dijeron que recibieron órdenes ilegales directas de su persona y asegura que no lo dijeron, porque no existió nunca una orden directa.
Comentó que en la acusación se le señala a él y a Baldetti de ser los cabecillas de una red de defraudación que era dirigida operativamente por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta y colaborador eficaz del caso.
Los señalaban de ser una estructura que anómalamente hacía el ajuste y cobro de mercancías que se les asignaba selectivo rojo en las aduanas de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y la Aduana Central, justamente en la semana cuando él había hablado con el comisionado Velásquez de lanzar un esfuerzo común de luchar contra el contrabando y la defraudación aduanera.
“No hice nada ilegal”, aseguró Pérez Molina y mencionó que no colaboró con ninguna estructura criminal y que no hay argumentos ni investigaciones sólidas contra él.
No conocía a los jefes de SAT
Según Otto Pérez Molina, no conocía personalmente a Carlos Muñoz ni a Omar Franco y que su relación era por cuestiones laborales, únicamente los entrevistó cuando fueron seleccionados para integrar la terna de aspirantes al cargo.
Afirmó que durante su gobierno, la recaudación fiscal sobrepasó las metas establecidas.
“Yo no pertenecía a ninguna organización como quieren hacer pensar deliberadamente, tampoco conocía ningún procedimiento aduanal, mucho menos la papelería que se utilizaba, yo no conocía de pólizas, no conocía de ninguna papelería o trámites que se dan en la aduana eso lo vine a conocer aquí cuando se empezó el caso”, comentó Pérez.
Habla de Juan Carlos Monzón
Otto Pérez también señaló que la acusación habla de la cola o la colocha, que era supuestamente el dinero que obtenían ilegalmente en las aduanas y que de esta el 50% iba para “los de arriba” y el restante se dividía entre varias personas o grupos”.
Comentó que la distribución de la cola que menciona la declaración Monzón que está en los dispositivos incautados en ningún momento se menciona a Otto Pérez Molina, solo al 1 y a 2, y que hay cosas que no están firmadas, ni pagos, ni fechas ni nada que pueda respaldar más que lo que está diciendo el colaborador eficaz.
Pérez Molina también señaló que el otro colaborador eficaz, Salvador González, jamás dijo que él o Baldetti le hubieran encargado dinero y Monzón en el Tribunal dijo que en una oportunidad sí le había entregado dinero a él, pero no pudo demostrarlo, porque no hay fotos, videos, cheques o una cuenta que lo compruebe.
Dijo que la acusación en su contra es circunstancial y que el Caso La Línea se formó con el fin de asegurar la permanencia de la extinta Cicig en Guatemala.
