La representación se hizo justo cuando los directivos de esa asociación presentaron señalamientos en contra de dos abogados, Andy Jabalois y Maria Eugenia Cruz Castellanos.
El presidente del Movimiento Cívico Nacional, José Echeverría, indicó que el señalamiento contra Jabalois se debe a que hizo un estudio en el que señala a abogados de ser parte de una red de impunidad.
“Su imparcialidad e independencia estarían en riesgo ya que él hizo un informe en el que se señala a 27 abogados, profesionales inocentes, y los señala de ser parte de una red de impunidad, ellos son abogados litigantes y se pide a la comisión que evalúe si hay un conflicto de interés”, dijo Echeverría.
Cruz Castellanos, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B, ha sido denunciada constantemente con no administrar justicia pronta y cumplida.
“Está relacionado a una serie de denuncias ante la junta disciplinaria y el patrón que se ve es que la administración de justicia se haya retardado, le pedimos a la comisión que solicite a la junta de disciplina judicial informes si la jueza ha sido sancionada por estas denuncias”, concluyó Echeverría.
Vecinos de San Pedro La Laguna, con el acompañamiento del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (Alac) de Acción Ciudadana, presentaron un señalamiento en contra del magistrado Franc Martínez Ruiz, ya que cuando fue juez unipersonal del Tribunal de Sentencia de Sololá ligó a proceso por difamación a los hermanos Óscar Felipe y Juan Manuel Chavajay Cotuc y Juan Marcos Chavajay Rocché.
Las acciones contra estás personas por difamación se deben a una denuncia que hizo el concejo de San Pedro La Laguna debido a que ellos habían denunciado al jefe edil de ese municipio por supuestos actos de corrupción y consideran que eso no constituye delito.
La asociación SomosGT también presentó un señalamiento contra Martínez Ruiz por las medidas dictadas contra los directivos y periodistas de elPeriódico a favor de la excandidata presidencial Sandra Torres.
Por aparte, Alianza por las Reformas presentó señalamientos contra 11 abogados entre jueces y magistrados de salas de apelaciones que buscan su reelección.
El primero de ellos es Henry Alejandro Elías Wilson, quien tiene una denuncia por ilegalidades cometidas en la sala de Femicidio, por una supuesta alteración de documentos relacionados a la notificación de una resolución en un caso de una empresa comercializadora de pollo. Pero no se le retiró la inmunidad ya que la entonces fiscal Heidi Tamara de León -su expareja- consideró que la denuncia no era contra los magistrados, sino contra el personal que trabaja en la sala.
El veto contra Romeo Monterrosa Orellana se debe a que ha ejercido la defensa sistemática de personas involucradas en narcotráfico y crimen organizado. En el 2018 fue denunciado por haber protegido al alcalde de Jalapa, Mario Estrada, al no declarar la formación de causa en su contra.
Además, ejerció la defensa de Carlos Amílcar Orellana Donis y Linda Castillo Orellana, involucrados en Caso Parlacen; de Manolo Lisandro Díaz González y Luz Karina Lara Martínez, detenidas al intentar salir del aeropuerto con US$1 millón; Édgar Leonel Estrada Morales (alias Viejo) y Víctor Emilio Estrada Paredes, solicitados en extradición por Estados Unidos, señalados de fabricar y distribuir pseudoefedrina, entre otros casos. Según la queja, Monterrosa Orellana habría intentado frenar la extradición por una inconstitucionalidad.
El señalamiento contra Héctor Hugo Pérez Aguilera es por no respetar el debido proceso en el caso de genocidio cuando fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad.
El veto contra Dora Lizett Nájera Flores es por violación a la Ley de Garantías de Comisiones de Postulación ya que en el 2014 fue comisionada y después fue contratada como directora de la Escuela de Estudios Judiciales y luego como secretaria de la CSJ.
La Alianza por las Reformas también vetó a Julia Mariné Maldonado Echeverría, a pesar de haber sido absuelta por malversación de fondos cuando dirigió el Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve). También contra el juez Mynor Mauricio Moto Morataya, por resoluciones que son cuestionables en casos como el de Arnoldo Medrano.
Contra el juez Víctor Manuel Cruz Rivera se presentó un veto debido a que fue señalado de recibir sobornos luego de emitir una orden de captura en contra Thelma Aldana, pues su independencia judicial se ve dañada al recibir un auto por parte de la SAAS después de haber emitido esa acción.
También otorgó medida sustitutiva a Blanca Stalling, a pesar de que fue capturada cuando intentaba huir, armada y disfrazada. Ese proceso lo atrasó por cinco meses aduciendo carga laboral y vacaciones, señalaron. También dio arresto domiciliario a la exjunta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes enfrentan proceso por el caso denominado IGSS-Pisa, indicaron.
Presentaron un señalamiento contra Édgar José López Espaillat por el audio en el que se escucha que habla con Gustavo Alejos, mientras le ofrece un favor y pregunta por su reelección. Alejos está involucrado en múltiples casos y es uno de los operadores de comisiones de postulación más fuertes, de acuerdo a las pesquisas.
Mientras que la Fundación Myrna Mack presentó vetos contra Manuel Duarte, Jaime Amílcar Gonzalez Dávila, Nery Medina, Vitalina Orellana y Orellana, Gustavo Dubón Gálvez y Benicia Contreras.
El síndico primero de la Municipalidad de Villa Nueva, Ricardo Ramazzini, presentó un veto contra la jueza de se municipio Lorena Cortez, debido a que ella le dio trámite a una denuncia que, según él es espuria y política y que se le ha negado el debido proceso.
La Fundación Sobrevivientes presentó vetos contra tres profesionales Mario Isidro Sarceño Jiménez, Jairo Boris Calderón de León y Dasma Janina Guillen Flores quienes han ejercido la judicatura en diferentes lugares.
Sarceño Jiménez quien integró Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacapa constituida en Tribunal de Exhibición Personal dictó la libertad de Juan Carlos Salguero Estrada quien había sido condenado a 28 años de prisión por la muerte de una menor de edad, por considerar que la sentencia contra Salguero Estrada no estaba en firme.
Contra Calderón quien integró el Tribunal Segundo Pluripersonal de Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer, Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas B,junto a otros dos jueces, dejaron en libertad a una mujer de 59 años que por muchos años explotó a una menor de edad. A pesar de las pruebas presentadas y que quedó demostrada la explotación inhumana, dijeron que no hubo delito ya que argumentaron que el lenguaje coloquial no aplicaba que “no se cumplían con los verbos rectores del delito de
trata de personas”.
En contra de Guillen Flores debido a que cuando fue presidenta presidenta de la Sala Quinta de Apelaciones de Ramo Penal de Quetzaltenango no argumentó bien la sentencia contra cuatro personas por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y asesinato por la muerte violenta de Kely Margoth Díaz Reyes.
La sentencia genero apelación especial que Sala jurisdiccional confirmó, en recurso de casación Cámara Penal ordena el reenvió con el único fin de que fundamentara su sentencia, y ella como presidenta de la Sala lejos de fundamentar su resolución, ordena el reenvío del debate oral y público, por lo que se plantearon diligencias de antejuicio la cual en su momento fue declarada con lugar por parte de Corte Suprema de justicia por el delito de abuso de autoridad.
Ante esos señalamientos la Fundación Sobrevivientes espera que la comisión no los tome en cuenta al momento de integrar la lista de candidatos para magistrados de CSJ y Apelaciones segun sea el caso.
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