En noviembre pasado el Tribunal de Mayor Riesgo grupo “B” brindó la medida sustitutiva al político, quien expuso que existe un “abuso” en la prisión preventiva.
Él permanece detenido desde que se entregó a la justicia en septiembre de 2015, señalado por delitos relacionado a defraudación por presuntamente liderar una red criminal que operaba en las aduanas guatemaltecas.
La acusación del ente investigador llevó al colapso de su Gobierno, que llevó a buena parte de su gabinete y personas de confianza a enfrentar procesos por aparente corrupción gubernamental.
La judicatura que brindó la medida está por desarrollar el juicio del Caso La Línea, y consideró prudente otorgar el arresto a cambió del depósito de una caución económica de Q13 millones.
Los agentes fiscales no estaban de acuerdo con la medida, consideraban que el poder político y hasta económico que aún puede tener Pérez Molina podía influir en el desarrollo del juicio, en caso que él saliera de la cárcel.
Buscaba otra medida
Pese a esa resolución favorable el expresidente no podía dejar la prisión ya que aún tenía que conseguir otro beneficio similar dentro del Caso Cooptación del Estado, en donde se encuentra en evento Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Es un segundo expediente por aparente corrupción durante el Gobierno del desaparecido Partido Patriota, donde se presume que Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, utilizaron su puesto para obtener una serie de sobornos.
Los casos contra Pérez Molina desataron indignación ciudadana que se vio reflejada en una serie de manifestaciones pacíficas en diversas partes del país, que tuvo momentos clave en la Plaza de la Constitución.
