Los procesados quedaron sin arresto domiciliario, pero tienen prohibido salir del país, así como acercarse a otros imputados, a la Municipalidad de Guatemala, al Sistema Penitenciario (AP) y al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y tienen obligación de firmar un acta cada mes en el Ministerio Público (MP).
El MP había solicitado una caución económica para cada uno de los sindicados, pero el tribunal no la aprobó, por lo que estos no pagaron ni un centavo. El juicio del caso Caja de Pandora está programado para el 10 de abril de 2023.
Las pesquisas de ese caso empezaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el MP y la Cicig desarticularon una red de corrupción dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva.
En la organización participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.
En el caso también fue implicado el entonces ministro de Gobernación Héctor Mauricio López Bonilla, designado por el expresidente Otto Pérez Molina, quien llegó al poder con el extinto Partido Patriota (PP).
La relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012, según la investigación.
Además, el nombramiento de Héctor Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro de la DGSP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.
